Números cantan. Ni la amenaza de la cárcel ni la publicidad del terror funcionan. En otras palabras, la evolución de los accidentes con víctimas no sigue tendencias que permitan establecer relación de causa a efecto entre esta política y los muertos y heridos en las carreteras.
¿Cambiará, a la vista de la experiencia, la política de la Dirección General de Tráfico? Nada de eso. Tenemos en España un Gobierno que se mete en nuestra alimentación, nuestas vacaciones, nuestras sábanas y nuestras conciencias, y está archidemostrado que los Gobiernos de este tipo, actúen en dictaduras o en democracias, tienen el arraigado vicio de sembrar la vida de problemas y desastres, y luego despilfarrar el dinero de las víctimas de estas desgracias en pretendidas soluciones que no sólo las agravan, sino que crean otras nuevas. Eso sí, gastando, además, cantidades ingentes del dinero de las víctimas en una publicidad que, para mayor escarnio, trata de convencer a los que pagan de que están siendo salvados por sus gobernantes.
Hay que esperar, pues, que ahora el director general de Tráfico -ése al que han pillado saltándose los límites de velocidad y sigue atornillado al sillón cobrando del Presupuesto- saldrá a decir que va a intensificar la política de persecución del conductor, con la correspondiente publicidad amenazante y la matraca en los luminosos de las carreteras. La contumacia es característica propia de los intervencionistas que fracasan.
Al Gobierno (en vísperas electorales, "Gobierno de España") no le importa la vida de la gente. Lo que le importa son las estadísticas. Si le importase la vida humana, habría derogado hace tiempo las leyes que consienten la matanza de inocentes que ahora está de actualidad gracias al carnicero señor Morín.
