Cuando todo indica que los servicios jurídicos del Estado, activados por el Gobierno, están buscando todos los argumentos imaginables para que la fiscalía pueda instar con expectativas de éxito la suspensión preventiva de Acción Nacionalista Vasca -la segunda marca de Batasuna, presente en algunas instituciones- seguida, tras un procedimiento más arduo y dilatado, de su ilegalización por el Supremo en virtud de la ley de Partidos, llega la noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite el recurso de Batasuna contra su ilegalización. Con la particularidad de que en este Tribunal la admisión a trámite sólo se produce después de un profundo análisis de la pertinencia de la reclamación, lo que indica que la demanda tiene serias posibilidades de prosperar. Tiempo habrá de preocuparse por este asunto, en el que a fin de cuentas cabe esperar que se impongan pese a todo los sólidos argumentos vitales y democráticos que el Estado español tiene a su favor. Pero de momento es conveniente tener en cuenta el aviso que llega de Estrasburgo para extremar el celo jurídico de quienes tienen que sopesar, proponer y decidir la proscripción de ANV. Los partidos políticos son, en democracia, instituciones cuasi sagradas que albergan el debate de ideas y constituyen los cauces principales de representación; quien pretenda limitarlos, aunque sea para prevenir crímenes atroces, deberá cargarse intensamente de razón.
