n Contamos con un amplio Centro Histórico (CH) cuya preservación es una prioridad y así lo han asumido los poderes públicos. Sin embargo, me informan que están sobre el tapete nuevas restricciones al tráfico, y se propone instalar cámaras fotográficas en los accesos para multar a los que, no autorizados, entren en la zona.

Un apetitoso horizonte de recaudación, porque la opinión generalizada entre los vecinos y que comparto, no está por unas cámaras (cerca de 600.000 euros) que llevarán el control a extremos más que dudosos. Y es que el CH es también para vivir y no sólo sobrevivir, condición a la que parecen destinados sus moradores entre el aislamiento, la inseguridad nocturna y, en definitiva, la discriminación respecto al resto de palmesanos. Para peatonalizar, en mayor o menos medida, ya se cuenta con pilones; y hay ORA, ACIRE y una estricta regulación para la carga y descarga, de modo que parece excesivo, e injusto, proseguir en esa persecución al tráfico rodado que podría transformar el CH, a no tardar, en algo parecido a un camposanto de vivos.

Y es que, en el criterio de muchos, un CH puede hacer compatible la preservación de sus edificios emblemáticos, de sus calles, de su atractivo en suma, con un café tras el paseo, y su ambiente y la memoria que guarda, convivir en armonía con la vida y su trasiego, con el comercio y la comodidad -ni más ni menos que esa de la que gozamos quienes residimos en otros lugares- para quienes han optado por vivir ahí o lo hacen desde hace generaciones. Un CH no tendría que recordar a un polígono industrial en domingo. Ni a la vejez y su temida soledad. Pero García Márquez decía en su libro, "Doce cuentos peregrinos", que hay algo peor que viejo: desventurado, y en el infortunio pueden caer los moradores tras unas dificultades que pueden ir a más. Naturalmente que todo sin excepción es susceptible de mejora, pero ésta no debiera decidirse desde la autosuficiencia, frecuente en política. El concepto de sostenibilidad, aplicado al CH, no pasa necesariamente por la prohibición y, cuando las decisiones afectan a terceros, tantos terceros y no únicamente a los que habitan las antiguas calles, sería oportuno tomar en consideración sus reflexiones, máxime si la revitalización y el dinamismo pueden correr parejos con una conservación que nadie discute.

Las cuestiones son, entre otras: ¿cuáles y hasta dónde debieran extenderse las limitaciones? ¿A todas las calles por un igual?, y, ¿por qué el CH se quiere más vacío en un próximo futuro? ¿Se han sopesado las ventajas frente al coste en habitabilidad?, porque, de seguir ese camino, las pocas razones que aún quedan para residir ahí se esfumarán e incluso quienes trabajan en el CH podrían plantearse un cambio si acudir cada día les supone el desembolso diario en tasas de aparcamiento (la alternativa de comprarlo puede ser imposible o fuera de su alcance), sin que quepa apelar a un transporte público a día de hoy precario e insuficiente.

Habrá que argumentar con solvencia por qué los comercios han de tener graves dificultades de venta y abastecimiento, mucho mayores que los de su entorno y sin contrapartida, o por qué los residentes, una vez aceptado que no podrán llegar a su vivienda con iguales facilidades que yo mismo y en cualquier horario (los numerosos eventos pueden impedirlo), tendrán que pechar con una fotografía; una flagrante violación del derecho a hacer cada cual lo que le venga en gana, dentro del marco legal, sin pasar a un archivo por ello.

Habrá que explicar por qué el trabajador ha de salir cada dos horas para renovar el papel de su vehículo, caso de no disponer de aparcamiento, o por qué un eventual comprador de un objeto pesado no podrá transportarlo en su vehículo. Cómo convencerán a quien no tenga acceso por no estar empadronado, aunque sea propietario de un aparcamiento, o qué sucederá si el residente accede con un coche distinto al autorizado. Por qué no podré visitar a mi hija en mi propio coche si ella me cede su plaza de garaje o, si acaso se lo presto por tener el suyo en el taller, con cuánta antelación deberemos planearlo para no vernos en la tesitura de ser considerados infractores y en consecuencia multados. La falta de autorización previa y una vez fotografiado/a el intruso, ¿supondrá la multa en todos los casos? Y de no ser así y atenderse a las oportunas alegaciones, ¿Cómo y quién compensará nuestro tiempo? ¿Quedarán sin visitas o muchas menos los residentes? ¿Podrá evacuarse a un anciano por alguien ajeno al barrio? Por resumir, burocratización y recaudación planean sobre un CH que no las precisa para encarar el futuro. Hay otras cosas que hacer, distintas, existen alternativas vecinales, para evitar que el CH se convierta en una carcasa. Vacío.