El juez que instruye el caso Andratx, Álvaro Latorre, ha reclamado al Consell todos los expedientes relacionados con cédulas de habitabilidad en suelo rústico tramitados a lo largo de los últimos ocho años. Desde 2000 hasta la fecha se han concedido más de dos mil licencias. Una cifra que da una idea clara de la enorme presión constructora que ha padecido y sigue padeciendo la fora vila mallorquina, pero que sin duda se queda corta ante la obra irregular que no ha sido contabilizada. Desde el Consell, el director del Territorio, Bartomeu Vicens, asegura que no hay irregularidades y que en su departamento se están removiendo todos los archivos para satisfacer la orden del juez. Sin embargo, lo cierto es que este requerimiento ha extendido, judicialmente, las sospechas que pesan ya sobre Andratx al resto de la isla. De hecho, ha sido el abogado defensor de uno de los principales inculpados, el ex celador, quien solicitó al juez la documentación, ya que - en su opinión- el Consell de Mallorca habría exigido al ayuntamiento andritxol lo que no exige al resto de municipios.

En el Consell de Mallorca se muestran extrañados ante este nuevo paso de la Justicia. Según Vicens la solicitud de documentación por parte de los jueces es habitual y no sorprende a nadie, pero en esta ocasión no parece que responda a ninguna línea concreta de investigación sino - se cree - a la estrategia de los defensores destinada a "liar aún más un caso que ya de por sí es complejo". Puede que así sea, y que la "montaña de papel" que el Consell debe trasladar al juzgado complique y retrase el resto de diligencias. Pero, de momento, lo único que se ha conseguido es extender las dudas urbanísticas sobre toda la isla. Una sospecha que, en muchos aspectos, es una evidencia: la inmensa mayoría de ayuntamientos son poco fiables al aplicar la disciplina urbanística. Y de ahí, precisamente, la importancia de confiar o no en el Consell.

Es en este sentido que Vicens se defiende de posibles interpretaciones torticeras. Admite que en Andratx se haya sido más riguroso que en otras partes, pero niega que se deba a rencillas políticas. Las malas relaciones entre el ayuntamiento y el Consell, entre el PP y UM, eran de dominio público, pero, sobre todo, porque el urbanismo de Andratx se regía por una normativa de los años setenta, absolutamente desfasada. En cierto modo, las razones apuntadas por el director del departamento del Territorio del Consell son las mismas que determinaron la eclosión del caso Voramar. El deterioro paisajístico de Andratx es tan visible y la progresión de algunas fortunas tan sospechosa que no cabía ninguna duda sobre las enormes irregularidades e ilegalidades existentes.

En otras partes estas ilegalidades no están menos presentes, pero quizás no tienen, por su volumen y concentración territorial, la misma trascendencia de lo puesto al descubierto en Andratx. La disciplina urbanística nunca ha sido el fuerte de los ayuntamientos, pero de ahí a que esta falta de disciplina esté fomentada desde las instituciones hay un gran trecho. Es probable, también, que el Consell de Mallorca no haya sido lo suficientemente rígido para impedir la proliferación de obras ilegales, como lo prueba que frente a las más de dos mil licencias concedidas desde 2000 sólo se han firmado 96 órdenes de demolición. Lo que está claro es que, más allá de las estrategias de la defensa en el caso Voramar y por encima, incluso, de las razones del Consell de Mallorca para justificar sus prioridades, el control sobre el suelo rústico sigue siendo un problema pendiente en esta isla. Que los hechos de Andratx puedan haberse repetido en otras partes no disminuye en absoluto las culpas de quienes han incurrido en algún delito, pero extiende las sospechas políticas. Una situación a la que forzosamente debe ponerse fin en la próxima legislatura.