El anuncio, por parte de la propia organización terrorista, de que ETA abandonaría el "alto el fuego permanente" a partir de la pasada medianoche no constituye, por desgracia, una sorpresa. Desde 1988 ETA ha anunciado hasta diez veces otras tantas interrupciones de su actividad terrorista y todas han terminado igual: con el regreso a la extorsión y el crimen. Además, no puede hablarse de 439 días de cese de la violencia desde que fue anunciado por ETA el 22 de marzo de 2006, porque en medio se produjo el brutal atentado de Barajas del 30 de diciembre de 2006, con dos víctimas mortales, y se había reanudado la extorsión a los empresarios vascos. La violencia etarra es, desde todas las perspectivas que se quiera, la mayor anomalía de la España actual, prácticamente la única realmente grave, porque niega de raíz los derechos fundamentales de la persona, comenzando por el más sagrado de todos, que es el de la propia vida. Hasta que no se extirpe ese mal no podrá decirse que en España funciona una democracia plena, aunque lo sea en sus leyes.

La democracia española ha sido inmensamente generosa a la hora de abordar el problema vasco, cuya peculiaridad era, precisamente, la existencia de una organización terrorista sanguinariamente activa. Se tiende a olvidar, por ejemplo, que una de las primeras decisiones de las Cortes surgidas de las elecciones de 1977 fue aprobar una generosísima ley de amnistía, de la que se beneficiaron numerosos etarras encarcelados. Pero ETA, como respuesta, se instaló en el delirio de que todo seguía igual que durante el franquismo y siguió matando y extorsionando. Pese a ello, y acuciados por la enorme trascendencia del problema, todos los gobiernos españoles han intentado, de una forma u otra, buscar, a través de un final negociado, que ETA dejara las armas.

Uno tras otro acabaron fracasando, pero esos fracasos no restaron a sus intentos una legitimidad que asiste también al realizado por el Gobierno actual y en el que se ha implicado de forma personal su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Si en este caso la sensación de fracaso parece mayor, es, seguramente, porque la ruptura llega después de que el propio presidente hubiera despertado unas esperanzas tan excesivas como desproporcionadas. Al final se ha constatado lo que ya se sabía: que es una quimera esperar de ETA un comportamiento leal y que el mundo del radicalismo abertzale carece de autonomía política y no representa otro papel que el de muñecos de guiñol movidos por la misma mano que empuña la metralleta o coloca la bomba. Es esa constatación la que indica el único camino posible por parte de un Estado de derecho como el español: la de la lucha implacable, con todas las armas que permite la ley, para derrotar a quienes, teniendo a su alcance todas las posibilidades y todas las garantías para defender sus ideas, optan por la violencia terrorista.

Esa lucha, por su trascendencia y sus características, reclama una unidad sin fisuras de las fuerzas políticas. No hay ahora en España un asunto de Estado más importante que éste. Los partidos, y de modo especialísimo, los dos mayoritarios. PSOE y PP, deben adoptar una posición común, sin margen para la ambigüedad, que se base en la renuncia inmediata a utilizar la lucha contra el terrorismo, y en particular contra ETA, como elemento de desgaste al adversario político y, mucho menos, como arma electoral. Si ETA, suministrando pretextos, había logrado meter una cuña entre los dos grandes partidos españoles, es preciso extraerla cuando antes y soldar esa rotura con tanta firmeza como notoriedad. Los reproches mutuos deben quedar aparcados ante el objetivo principal de presentar al desafío de ETA la respuesta más fuerte posible. Algunas declaraciones de ayer, con los grandes partidos respirando por las heridas frescas de su susceptibilidad, no resultaron demasiado alentadoras. Habrá que esperar que apliquen los remedios para que cicatricen de inmediato. El principal, el sentido de la responsabilidad. Zapatero y Rajoy han adelantado a la próxima semana la reunión que habían previsto para el 21 de este mes. Tienen que ser muy graves los problemas de agenda para que no se reúnan antes. Del encuentro sólo puede salir un acuerdo tan firme como inequívoco de hacer frente a ETA codo con codo. Cualquier otra salida constituiría una enorme decepción para la sociedad española, que, cuando se dispone de nuevo a hacer frente a la barbarie terrorista -y nadie duda de que, como siempre, lo hará de forma ejemplar- tiene derecho a exigir como mínimo de sus instituciones y sus fuerzas políticas, unidad, firmeza y esperanza.