Tal como era de prever -así nos lo adelantaban las encuestas- las elecciones del pasado 27 de Mayo han dejado un horizonte político confuso respecto a las principales instituciones: el Parlament, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Es decir, sin mayorías absolutas. Nadie puede proclamarse ganador. Ni el PP, ni la suma de la izquierda -PSOE y Bloc- ni tampoco UM a pesar de tener en su mano la llave de la gobernabilidad. Ante esta situación se plantean dos disyuntivas: que gobiernen las listas más votadas o que se formen gobiernos de coalición. Tanto una como otra alternativa son legítimas y viables, aunque en el primer caso sería difícil garantizar la necesaria estabilidad. Lo más lógico, pues, es decantarse por reeditar el pacto de centroderecha, entre PP y UM o por un nuevo pacto progresista -de centroizquierda- entre PSOE, el Bloc y Unió Mallorquina.

¿Cuál es la mejor solución? Como hemos dicho, todas son legítimas. Los electores no se han inclinado hacia ninguna de ellas sino que, mediante sus votos, han propiciado que sean los pactos quienes decidan. Pactos que, en todo caso, deben garantizar la gobernabilidad de las instituciones sin que pueda repetirse lo ocurrido en esta última legislatura en el Consell de Mallorca. Los pactos de gobernabilidad deben incluir responsabilidades de poder compartidas. No dejar una institución en manos de una minoría para tener su apoyo parlamentario ni repartirse las conselleries como si se tratase de un reino de Taifas. En este sentido, es indudable que quienes deben tener mayor responsabilidad y peso político son aquellos partidos que gozan de mayor respaldo electoral.

Y ello, precisamente, para que la responsabilidad esté compartida en todos sus extremos. Quienes firman un pacto deben comprometerse ante la ciudadanía no sólo a respetarlo sino a poner en común sus respectivos programas y a gobernar codo con codo. El espectáculo protagonizado por PP y UM en la pasada legislatura no debería repetirse ni con la izquierda ni con la derecha por respeto a los ciudadanos y por dignidad de las instituciones. En cualquier caso, eso no significa que un partido minoritario deba limitarse a puestos de segundo orden. No se trata de eso sino de pactar gobiernos, tanto en la comunidad autónoma como en los consells, o los ayuntamientos donde sea necesario, que respeten la representatividad obtenida en las urnas y el equilibrio ideológico que emane de los programas pactados.

A nadie se le escapa que Balears vive un momento de transición, tanto social como económica y que las decisiones que se tomen en la próxima legislatura deberán estar muy centradas y, sobre todo, ser sensatas. Hay que corregir errores del pasado y adelantarse al futuro. Vivimos tiempos de pactos en los que sólo puede haber un ganador: el interés general de todos los ciudadanos. Será inevitable que intervengan los intereses partidistas, incluido -en esta ocasión- los estatales, pero al final lo que hay que conformar son mayorías estables. Tanto el PP como el PSOE, con el apoyo del Bloc, están en condiciones de ejercer el liderazgo y, en este sentido, hay que pedirles que no hagan dejación de su responsabilidad, del mismo modo que es exigible a UM que no utilice su condición de bisagra para pedir imposibles. Hay que apelar a UM para que haga uso del seny mallorquín que tanto pregona y a su mallorquinidad para que pacte, tanto si lo hace mirando a la izquierda como a la derecha, teniendo en cuenta su representatividad social y en base a la necesaria responsabilidad compartida a la que nos referíamos anteriormente.