Este largo fin de semana y puente de Todos los Santos lo están dedicando los dirigentes políticos a preparar sus discursos para el debate sobre la toma en consideración de la Propuesta de Reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Cabe suponer que se van encarrillando las cosas en este asunto que tan elevado nivel de gritos y descalificaciones ha generado en la primera parte de su aparición en escena. Ahora llega la segunda, y algunos ánimos parecen ya un tanto más serenos, tras haberse comprobado que hay coincidencia casi plena, incluso entre quienes participaron en la elaboración del texto original, en que es imprescindible acometer una profunda reforma y reelaboración del texto. Ahora ya es cuestión de buscar fórmulas que permitan consensuar un articulado que se someta y se pliegue a los dictados de la Constitución vigente, ni más ni menos.

Pero llegar a este punto ha significado que el PP renunciara a su exigencia inicial de devolver el texto a sus orígenes y partir de cero, por entender que no la propuesta catalana suponía una reforma de la Constitución que nadie ha reclamado ni tiene atribuciones para plantear el parlamento catalán. Ahora, el PP, como los restantes partidos y grupos parlamentarios del Congreso, presentarán sus textos alternativos y comprobarán el apoyo que merece en los restantes grupos. Y, una vez que concluya esa tarea, de muchos meses y muchas habilidades y cesiones por todas las partes, se podrá llegar a la conclusión de quién ha hecho una mejor tarea y si era razonable tal grado de alboroto y griterío -España se parte, es un golpe de Estado, se ataca el sistema desde sus raíces, se divide el socialismo, queda de manifiesto la incompetencia de Zapatero y de su Gobierno- como el que se ha producido en las últimas semanas.

Después de cada gran huracán, tempestad o aguacero las aguas regresan a sus cauces, en ocasiones llevándose efectos de valor, y otras veces, sencillamente, rellenando los pantanos y los acuíferos. Tras los discursos del miércoles habrá llegado el momento en que los expertos constitucionalistas deliberen acerca de las redacciones posibles y las que encajan en el espíritu de la Constitución vigente. Y cabe esperar que queden atrás nefastos "efectos colaterales", como el boicot a productos catalanes, y actitudes vociferantes sin legitimidad ni valor que las contrarias.