Al margen de cual sea el resultado de las negociaciones con las patronales o de las campañas explicativas dirigidas al sector turístico que ha anunciado, lo cierto es que el Govern se ha metido en un berenjenal de mucho cuidado. Hizo de la contestación a la ecotasa el motivo principal de la propaganda electoral que derrotó al Pacte de Progrés y, sin embargo, acaba de crear un impuesto que se parece mucho al impuesto turístico. Ha imitado a sus antecesores incluso en los argumentos. La defensa que ahora hace de la llamada "autotasa", sobre los coches de alquiler, es prácticamente idéntica a la que hizo el Pacto de su impuesto. No es extraño, por tanto, que la reacción inicial de los empresarios haya sido la misma.

El paralelismo es evidente. Según el Partido Popular el impuesto turístico -que suprimieron enseguida que recuperaron el poder- era discriminatorio porque afectaba sólo a una parte de los visitantes, porque creaba una mala imagen sobre el turismo y, porque al final, quienes lo pagarían serían las empresas hoteleras, dado que eran las recaudadoras y dado que difícilmente -a tenor de la competencia- podrían hacer repercutir su coste en los paquetes vacacionales. Lo mismo que el impuesto sobre los rent-a-car: afecta sólo a una parte de los visitantes, crea una mala imagen (los principales tour operadores ya han dado la voz de alarma) y quienes, finalmente, deberán pagarlo serán las empresas de alquiler, todas, que se verán forzadas a reducir sus beneficios para asumir el impuesto o perderán competitividad.

Las razones con las que el Pacte justificó la ecotasa y las que utiliza el actual Govern también son parecidas. Según el Pacte con la ecotasa se hubiera actuado sobre el entorno turístico, modernizando las zonas, protegiendo el medio ambiente y ampliando la oferta cultural. Las intenciones de los populares son más modestas, pero también hablan de reconversión o de regulación aunque de un sector concreto: el de los vehículos de alquiler, para evitar que los grandes de fuera se coman a los pequeños autóctonos. La diferencia, en los rent-a-car, es que el Govern asegura que no tiene ningún afán recaudatorio, aunque destinará los ingresos a la sanidad, donde no sobra ni un euro.

Pero los paralelismos no acaban aquí. El conseller de Economía, cuando presentó su impuesto, dijo que había sido pactado con el sector, aunque a las pocas horas lo desmentía Feneval, la asociación mayoritaria a nivel estatal, de la que en Balears es afiliada Baleval. Y, sobre todo, lo desmentía la CAEB y la Federación de Transportistas que sólo fueron invitados a "negociar con el Govern" tras hacer público su rechazo a la autotasa. Pues bien, así como el único apoyo empresarial con el que se contó inicialmente fue el de los dirigentes de AEVAB -que sólo es una de las patronales implicadas- también la ecotasa contó con apoyos empresariales en su inicio. La Pequeña y Mediana Empresa la veía con buenos ojos y fue la Asociación Hotelera de Menorca la que sugirió un impuesto turístico aunque no exactamente la ecotasa.

Hay más similitudes. No deja de ser paradójico, por ejemplo, que el único apoyo explícito con que ha contado el Govern sea el del GOB, que si en algún momento fue crítico con la ecotasa fue porque su finalidad no era cien por cien medioambiental. Los ecologistas entienden que la flota de coches de alquiler está sobredimensionada y, en este sentido, prestan su apoyo al ejecutivo, aunque evidentemente no comparten en absoluto su política de carreteras.

En definitiva, es posible que el Govern logre desactivar la bomba de relojería que incomprensiblemente se ha colocado bajo los pies, pero su crédito entre quienes fueron sus aliados en la guerra contra la ecotasa ha quedado seriamente dañado.