El impuesto sobre el alquiler de coches para financiar la sanidad -autotasa- anunciado por el Govern de Jaume Matas confirma que la retirada de la ecotasa del Pacte de Progrés no se fundamentaba en la injusticia y los riesgos comerciales del impuesto en sí (que no tasa), sino en los réditos políticos de su instrumentalización.

Para una comunidad pobre en presupuesto público como la de Balears, que incluso se permite tantos despilfarros como las ricas (algo inherente a la Administración), parece que no existen otras opciones de dar la vuelta a la tortilla que las de apretar la tuerca de la presión fiscal. No lo digo yo, lo dice, ahora sí, todo el arco parlamentario de este país en permanente estado de beligerancia fraternal.

La propuesta impositiva del Govern no es nueva. Aunque todavía en pañales, debido a una primera rectificación provocada por las quejas de los empresarios, este tipo de gravámenes culmina una larga trayectoria de desiderata de las administraciones públicas desde al menos los años cincuenta del siglo pasado, cuando la Diputación de entonces barajaba la posibilidad de que el turista cooperara en la mejora de nuestras infraestructuras. Incluso en plena guerra del cuatrienio de izquierdas, había gente de la derecha que la apoyaba, bien fuera en la intimidad, que es como se apoya la discrepancia partidista. En no pocos cenáculos quien más quien menos ponía ejemplos personales de tasas abonadas a la entrada de otros países, normalmente en aeropuertos, y no por eso habían dejado de disfrutar, incluso recomendar, del viaje. Más bien ni se habían enterado.

Si la ecotasa hubiera nacido sin personalidad política, por consenso y en el momento adecuado, hubiera sido un instrumento precioso para reducir las diferencias presupuestarias con otras comunidades y no perder el tren de la modernidad.

El proyecto actual del Govern va en la misma línea, sus similitudes son indiscutibles. La autotasa, igual que su predecesora, tiene como objetivo último, de una u otra manera, los visitantes, que son los consumidores de los coches de alquiler. También lo hacía la ecotasa con los clientes de los hoteles. Y su recaudación recae sobre los empresarios del sector, en una y en otra. Absurdo sería pensar en un movimiento impositivo de cierto calado que no concerniera al turismo. Si el 90% de la productividad de Balears reposara sobre la exportación de ordenadores, sería sin duda este sector, directa o indirectamente, el más afectado por las medidas fiscales.

Sin entrar en la idoneidad o no del impuesto, lo que nos asombra es el momento en que Jaume Matas lo saca a la luz pública. Debería recordar que la guerra de la ecotasa dejó heridas no fáciles de restañar y que por encima de la supuesta bondad de su autotasa todavía quema la hostilidad, social y empresarial, a cualquier encarecimiento del producto turístico balear. Ambiente provocado, no hay que olvidarlo, por quienes en 2003 le ayudaron a ocupar el Consolat de Mar. Tal fue el peso de la batalla de la ecotasa en las últimas elecciones.

Es más, los mismos políticos de la izquierda quedaron tan sonados con el vuelco electoral balear que con solo oír la palabra ´ecotasa´ huían despavoridos. Todavía recuerdo la cara inamistosa, por llamarlo de alguna manera, que me puso la vicepresidenta Fernández de la Vega hace unos meses cuando le pregunté si tenían pensado estudiar alguna medida estatal similar a la ecotasa. La bicha, ni mentarla.

Con el recuerdo de la batalla y sus consecuencias tan fresco, es comprensible que sea la propia izquierda la que haya saltado a la yugular del Govern al conocer el sucedáneo de su medida, aquella izquierda que sufrió el insulto y la descalificación por parte de los neoliberales que ahora, paradójicamente, reclaman gravámenes casi idénticos. Ni que decir tiene que si algún partido puede poner un impuesto será siempre de derechas. Lo contrario sería recordar la bicha del intervencionismo, la economía de Estado, etc. Igual que sólo la izquierda es capaz de plantear un abaratamiento del despido, como anunció recientemente el propio Solbes, sin que los sindicatos le paralicen las ciudades (aunque no sería la primera vez).

Si Matas, habituado a ir por libre en su partido, hubiera consultado con Rajoy o Aznar, le hubieran replicado el recurrente "ahora no toca". Porque en Balears fue el PP quien cerró para mucho tiempo cualquier tipo de medida fiscalizadora de nuevo cuño bajo amenaza de movilización del empresariado con resultado de éxito.

Lo inquietante es que conocedor de tales riesgos, como se ha visto en la primera reacción empresarial, el president lance un dardo al globo de la discordia. Y digo inquietante porque nadie asume desgastes si no es a cambio de mayores beneficios o urgencias extremas. Esto nos lleva a preguntarnos cuán necesitadas estarán las tan activas arcas públicas para que nuestro Govern se haya tenido que meter en camisas de once varas y medidas que en teoría, y sólo en teoría, no le pertenecen. O lo que es lo mismo: en qué grave cota de endeudamiento público nos encontramos debido al galopante gasto no siempre razonado ni razonable.