Dos años y medio después de suprimir la conselleria de Bienestar Social, pero sólo un mes después de que Madrid creara la consejería de Inmigración, el president Matas ha firmado un decreto que amplía el Govern con un nuevo departamento. Es la conselleria de Inmigración y Cooperación al frente de la cual estará Encarnación Pastor, una extremeña que vino a Mallorca a finales de los setenta y que, desde entonces, ha vivido muy de cerca el movimiento asociativo de la inmigración peninsular: ha sido presidenta de la Casa de Extremadura y presidenta de la Federación de Casas y Centros Regionales de Balears. Ahora asumirá una enorme responsabilidad: ya en el debate sobre el estado de la autonomía Matas se refirió a la inmigración como un fenómeno social que tiene un gran impacto sobre una sociedad que en sólo cinco años ha visto crecer su población en un veinticinco por ciento.
Es, sin lugar a dudas, el principal problema de las islas. No porque sea especialmente conflictivo, sino por el siempre difícil encaje entre colectivos de origen y cultura diferentes, y porque incide sobre una sociedad balear desestructurada y sin un referente identitario claro. No es fácil acoger de golpe a miles y miles de recién llegados que van a competir por los trabajos menos remunerados con quienes los necesitan para sobrevivir. Ni tampoco será sencillo darles cobijo cuando el precio de las viviendas está por las nubes y obliga a los jóvenes a hipotecarse de por vida. Por no hablar de la sanidad pública o de la educación, que precisan muchos más recursos de los que el Govern dispone.
La sociedad balear vive un profundo cambio. De eso no hay duda. Basta contemplar el paisaje humano de nuestros pueblos y ciudades para comprobarlo. Y ello conlleva nuevas formas de convivencia, costumbres y hábitos sociales que chocan con los preexistentes. No es extraño, pues, que el Govern haya considerado necesaria una conselleria para trabajar en este terreno y hacerlo, como ha dicho el president, de forma transversal, es decir coordinando actuaciones desde muy diferentes frentes y conselleries. De hecho, hace poco más de un mes que la consellera de Presidencia presentó un plan de inmigración en el que se radiografiaba la situación y se avanzaban algunas de las actuaciones que, según Rosa Puig, deben aplicarse para evitar la exclusión social.
Ahora, sin embargo, será otra consellera quien gestione este plan. Los asuntos de la inmigración parecen haberse precipitado en la agenda del Govern. El propio president reconoció que, tal vez, no debiera haberse suprimido la conselleria de bienestar social. Ha cambiado de opinión y el resultado es la creación de una nueva cartera que deberá atender tanto a las necesidades de los recién llegados como a todas aquellas relacionadas con la emigración histórica de Balears hacia el exterior. Y también de las casas regionales que, al parecer, van a tener un peso importante en la nueva conselleria. Hasta ahora Encarnación Pastor presidía la federación que las agrupa. Ese es, precisamente, el gran pero que puede ponerse a su designación.
Las casas regionales -salvo alguna loable excepción- no se han caracterizado por fomentar la integración cultural en la sociedad balear, sino, a veces, por todo lo contrario. Todo ello sin olvidar que son un filón electoral. El president Matas negó esta posibilidad, porque -dijo- los inmigrantes no votan. Una aseveración discutible, porque la mayoría sí vota. Los extranjeros comunitarios lo pueden hacer en las locales y autonómicas. Los asociados a las casas regionales lo hacen, lógicamente, en todas las elecciones y, como se divulgó ampliamente con el caso Mapau, también pueden hacerlo los asociados de las casas Balears en el exterior.
