Si Jaume Matas pretendía llamar la atención reclamando una moratoria para los estatutos hasta la aprobación del catalán, seguro que lo ha conseguido. Lo que no está claro es si el resultado figurará en el haber o en el debe de quien aspirar a regresar cuanto antes a la política madrileña. La presentación, ayer, en la capital de España de la hipoteca joven no es ajena a la intención de venderse como buen gestor, pero la coincidencia con la "boutade" del forum de Europa no le ha favorecido en absoluto. No sólo ha cosechado el rechazo unánime de la oposición de Balears, y también de UM -su aliada- sino el de la prensa inspiradora de la ortodoxia popular, como La Razón, y de destacados miembros de su propio partido. Su discurso sobre la España rota fue retrógrado e impropio de quien gobierna una comunidad autónoma -¿a qué viene ahora recordar la guerra civil?- y su apuesta por la paralización de los procesos de reforma estatutaria un auténtico sinsentido.
Matas quiere hacer méritos ante la cúpula del PP. Aspira a barón y quizás a algo más, pero se ha pasado de la raya. El Estatut catalán puede que tenga aspectos difícilmente aceptables desde la óptica del Estado, pero al fin y al cabo es una proyecto que cuenta con la amplísima mayoría del Parlament de Catalunya y, por tanto, se merece un debate serio, y en las Cortes, no ese tumulto callejero que impulsa el PP y Matas más que ningún otro, más que Rajoy, aunque con ello haya dado un golpe inesperado a la reforma de los estatutos. No al estatuto catalán, al que sus palabras no harán mucho daño, sino al de Balears, puesto ahora en entredicho.
Pero lo más sorprendente de este golpe es que llega una semana después de que propusiera en el debate sobre el estado de la autonomía, un gran pacto político sobre el estatut. Ya entonces la oposición tachó su oferta de falta de contenido. Ayer se lo recordaron. Ayer, precisamente, se reunió la ponencia parlamentaria que debate la reforma y, como era de esperar, lo hizo en un clima de absoluto pesimismo. A modo de ejemplo, la portavoz socialista, Francina Armengol, calificó de nulo el margen de confianza que hay entre su partido y el PP. Una situación que no ayuda en absoluto a resolver las diferencias que separan a unos y otros sobre el texto estatutario, y en especial sobre el escollo de un consell para Formentera y la necesidad o no de fijar en 59 el número de diputados.
Para la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, que actuó de intérprete de lo que Matas quiso decir en Madrid, la moratoria sólo debe afectar a la financiación. Así pues, el PP no paralizará los trabajos ni de la comisión parlamentaria ni del comité de expertos pero sí la discusión sobre las cuestiones económicas. Según Estaràs primero hay que saber hasta dónde llega Catalunya, aunque no se esté de acuerdo, para luego apuntarse al carro. Algo sobre lo que discrepan el resto de partidos, para quienes Balears debe defender lo que considere justo con independencia de lo que haga su vecino y, -sobre todo- una Unión Mallorquina, decidida partidaria de un concierto económico con el Estado, a la que el PP se lo está poniendo muy difícil para seguir manteniendo los acuerdos.
Así, en plena campaña de incongruencias, lo más probable es que Balears vuelva a ser el farolillo rojo en la reforma estatutaria. Llegará tarde y mal, como siempre, que es lo que suele pasar cuando se está más pendiente de Madrid que de lo que ocurre en casa.
