Ángel Acebes, secretario general del PP, exigió el viernes, poco después de que el proyecto de Estatuto fuera aprobado por el ´Parlament´ de Catalunya, que la propuesta sea tramitada como reforma constitucional y no como reforma estatutaria (como se sabe, la admisión a trámite de una reforma constitucional requeriría los dos tercios del Congreso, imposibles de lograr sin el concurso del PP). El número dos popular estropeó dialécticamente poco después aquella exigencia, inviable pero certera, con la advertencia de que si el Gobierno no le hace caso, su partido reclamará que el presidente del Gobierno disuelva las Cortes y convoque elecciones antes de que el Congreso decida la admisión a trámite del texto aprobado por el Parlamento catalán.

En el fondo de esta toma de posición del PP, en que lo razonable queda oculto por la desmesura, reside sin embargo el problema medular que ha planteado el ´Parlament´ a las Cortes españolas y, en general, al régimen político, al presentar un anteproyecto de ley orgánica conscientemente inconstitucional. Y, como es lógico, al examinar dicha actuación y profundizar en las motivaciones de los parlamentarios catalanes caben dos interpretaciones: una primera -perfectamente legítima, y que es la que hace el PP-, la de que el Legislativo catalán pretende impulsar el Estatuto tal como ha sido redactado, lo que requeriría lógicamente la reforma, previa o simultánea, de cuantas normas se le oponen, incluida la propia Constitución. Se trataría, como por otra parte ha insinuado Maragall, de "cambiar España desde Cataluña", es decir, en la práctica, de aprovechar el impulso de la reforma estatutaria catalana para modificar todo el sistema institucional español.

Una segunda interpretación, mucho más realista y mucho menos inquietante, es la de que el Parlamento de Cataluña ha plasmado en el texto de su propuesta una especie de ´programa máximo´ que resume sus aspiraciones, aunque es consciente de que no todas caben en la Ley Fundamental, por lo que ya se resigna de antemano a emprender una negociación en los términos constitucionalmente previstos para rebajar la propuesta hasta donde la Carta Magna permite. "Ahora ya saben lo que queremos", dijo un dolido Pujol tras la aprobación en los pasillos del ´Parlament´.

Obviamente, todo indica que la realidad se asemeja más a este segundo supuesto que al primero. Pero no por ello deja de tener razón el principal partido de la oposición al poner de relieve, con su peculiar manera, que no debe haber confusión alguna en este asunto delicado: no se trata de reformar indirectamente la Constitución para que quepa en ella la singularidad catalana sino de adaptar la proposición acordada por las fuerzas políticas del Principado a los límites -inexorables mientras no se modifiquen mediante la decisión positiva y tasada de la soberanía popular- que establece la Carta Magna. Es más: la necesidad de que quede patente que no se está cometiendo tal confusión obliga a la Comisión Constitucional, en primera instancia, y a toda la Cámara Baja, en último término, a extremar el rigor para que no haya dudas.

La reforma constitucional no es hoy posible. No lo es en esta concreta coyuntura, aunque no cabe descartarla en el futuro. Y, mientras tanto, el ´establishment´ político de Cataluña ha optado por la fórmula ambigua que acabamos de ver: plantear la reforma como si la Constitución fuera flexible, a sabiendas de que a la hora de la verdad será la Carta Magna la que constriña al nuevo Estatuto y no el nuevo Estatuto el que ahorme y flexibilice la vigente Constitución. No habrá, pues, reforma constitucional. Y cuanto antes lo acepten todos los actores de esta historia, antes se lograrán los acuerdos parlamentarios que han de bendecir la poda que requiere indubitablemente el Estatuto catalán.