Todos los gobiernos que ha tenido esta autonomía han repetido hasta la saciedad el mismo tópico: Balears es una comunidad rica con un gobierno pobre. El Estado recauda de acuerdo con la actividad económica, por lo que - teóricamente - los más ricos se ven obligados a pagar más. Nada que objetar. La solidaridad es un deber que alcanza a todos los españoles que, de igual forma, tienen el derecho a recibir servicios similares por parte de las administraciones. Y es aquí, precisamente, donde el sistema falla y discrimina a quienes residen en Balears. Pagamos más que el resto de españoles pero recibimos bastante menos. Como botón de muestra ahí está el proyecto de presupuestos generales para 2006. Somos de las pocas comunidades en la que bajan las inversiones del Estado, de hecho la que más, y sin embargo - junto a Madrid - somos la única que aporta dinero al fondo de solidaridad del que se nutren el resto.

No parece lógico. Como tampoco lo parece el espectáculo al que los partidos nos tienen acostumbrados. Quienes gobiernan aquí acusan al gobierno central de discriminar a las islas, mientras que quienes están en la Moncloa argumentan principios de solidaridad o culpan a sus adversarios de no saber o no querer negociar con Madrid. Una vez más, la historia se ha repetido. El Govern y el PP argumentan que los socialistas nos castigan por ser conservadores, mientras que desde las filas del PSOE se toma como ejemplo el convenio de carreteras para concluir que es el Ejecutivo balear quien impide el acuerdo y, por tanto, un suplemento presupuestario de 40 millones de euros.

Da lo mismo. Aún sumando estos millones, Balears seguiría en la cola. A la hora de repartir el presupuesto, esta comunidad juega siempre en desventaja. El sistema de financiación autonómica está desfasado y es manifiestamente injusto para una comunidad en la que se hacen buenos negocios pero mantiene los salarios por debajo de la media estatal. Una comunidad que cuenta con un régimen especial que le reconoce el derecho a recibir compensaciones por la insularidad, pero que apenas se aplica. ¿Por qué? Puede que por las diferencias de color político, pero también porque, sean cuales sean las mayorías que gobiernan, Balears cuenta muy poco para la política estatal.

La situación es insostenible. Balears está acumulando déficit de financiación que redundan en un empeoramiento de los servicios. En este sentido, a la hora de responsabilizar a alguien hay que repartir las culpas a diestro y siniestro. Estas islas - que hasta ahora no han planteado ningún problema de fondo al conjunto del Estado - necesitan ser equiparadas en derechos. Su riqueza, que contribuye más que nadie a la hacienda pública, se basa en un modelo económico que requiere una profunda reforma y para poder llevarla a cabo serán necesarias muchas más inversiones de las programadas tanto por el Gobierno central como por el autonómico. El ministerio de Economía debería ser, pues, el primer interesado en hacer justicia.

Pero no la hace. Eso se desprende, al menos, de la negativa contenida en los Presupuestos Generales a que la playa de Palma acceda a los fondos para la rehabilitación de zonas maduras por el hecho de formar parte de un municipio con más de cien mil habitantes. Se trata de una barrera totalmente ilógica que contrasta con la declaración de la playa de Palma como zona piloto para la reconversión de destinos turísticos de primera generación. Es una frustración más. El Gobierno de España debería ser mucho más sensible a la realidad de las islas y cumplir, al menos, sus compromisos.