En el aspecto puramentetécnico, la comisión de investigación sobre el 11-M ha transmitido sensaciones inquietantes a la ciudadanía. La rapidez con que fue resuelto el caso no es capaz de ocultar la flagrante imprevisión del Centro Nacional de Inteligencia, la ligereza con que las fuerzas de seguridad pasaron por algo las vagas insinuaciones de algún confidente sobre tráfico de explosivos, la falta de medios materiales y humanos para investigar los abundantes núcleos islamistas radicados en nuestro país ni, en general, una descoordinación policial con respecto a este riesgo de violencia que -bien es verdad- sólo puede explicarse por la inexistencia de la suficiencia previsión política: como en Estados Unidos antes del 11-S, nadie creía realmente que las hordas de Bin Laden se atreviesen a llevar a cabo una masacre tan audaz.
Esa impresión de inquietud ante el problema debió obtener asimismo a su llegada el nuevo Gobierno, una de cuyas primeras iniciativas fue la creación de un Centro de Coordinación Antiterrorista, que, a decir del titular de Interior, José Antonio Alonso, será una referencia mundial sobre la materia. Puede que, efectivamente, así sea en un futuro más o menos remoto, pero, de momento, la desazón está justificada: no se forman expertos en terrorismo islamista en poco tiempo, ni se aprende árabe en dos tardes, ni se corrigen con rapidez fallos garrafales como el que hizo que no se advirtiese en meses la presencia de un coche robado, utilizado también por los terroristas del 11-M, a treinta metros de la famosa furgoneta de Alcalá de Henares. De todo esto -que es lo esencial- se ha hablado poco en la Comisión de Investigación; resultaría por ello deseable que, al menos, los comisionados lo hicieran constar en las conclusiones que ahora deberán comenzar a redactarse.
Además de la vertiente técnica, esta nueva lucha antiterrorista tiene, como es notorio, importantes elementos políticos. De hecho, bajo el debate producido en la Comisión ha palpitado constantemente el gran interrogante de cómo afectaron los atentados a las elecciones del 14-M. Y, de la misma manera que ha habido que buscar y que encontrar protección contra las alevosas injerencias de ETA, que trataba de inmiscuirse en el proceso político, también será preciso armarse frente a unos criminales fanáticos que no ignoran que sus golpes cruentos alcanzan repercusiones políticas de gran intensidad.El ministro Alonso, que comparecerá hoy en la Comisión de Investigación, declaró hace unos días en un curso universitario que habría que comenzar a pensar a su juicio en la ampliación del actual Acuerdo contra el Terrorismo y por las Libertades -el conocido pacto antiterrorista que fue firmado por el PP y el PSOE contra ETA en el 2000- para aplicarlo también al terrorismo islamista. Poco después, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, aseguraba que su partido está dispuesto a apoyar incondicionalmente al Gobierno en cualquier aspecto de la lucha antiterrorista, aunque se mostraba reacio a modificar la redacción del acuerdo vigente.No tendría sentido desnudar a un santo para vestir otro y nada debería oponerse a que, al menos por ahora, se deje como está el vigente Pacto Antiterrorista y se suscriba otro, extendido a todas las fuerzas políticas, para prevenir la arremetida islamista, corresponsabilizar a todos los grupos de las políticas que se lleven a cabo y hacer imposible cualquier forma de presión o chantaje sobre la soberanía de este país.
