De manera casisimultánea, los gobiernos británico y español han anunciado un cambio en la política de inversiones del dinero público encauzada mediante la ley de los presupuestos generales del Estado. Así, el gabinete presidido por Tony Blair ha decidido dar luz verde a unos incrementos sustanciales en el gasto de esos sectores: el militar y el social. El primero de ellos no supone sino un intento de mejora de la seguridad ciudadana invirtiendo más dinero en la lucha contra el terrorismo; el segundo, por contra, significa un cambio importante en la política que, desde los tiempos de Margaret Thatcher, supuso la desaparición de buena parte de las ayudas del Estado benefactor. Si se lograron equilibrar así las cuentas públicas, la contrapartida apareció de inmediato. La estrategia de Thatcher vació a las universidades públicas del Reino Unido de sus mejores maestros, emigrados de forma masiva al otro lado del Atlántico. Londres es hoy una ciudad sucia y abandonada de la mano de Dios. El metro y los ferrocarriles sufren en el Reino Unido un deterioro quizá irreversible. La pregunta inmediata que cabe hacerse es si este saneamiento de las arcas públicas no supone en realidad una estafa en el contrato social, toda vez que los ciudadanos continúan pagando los impuestos como siempre. ¿A santo de qué cumplir con las obligaciones fiscales si las contrapartidas desaparecen?En un intento tan claro como desesperado de recuperar la perdida fe ciudadana en sus dotes de gobierno, el primer ministro Blair ha anunciado la vuelta a lo que cabría llamar una política social de izquierdas o, al menos, de cierta sensibilidad social, con aumentos notables en educación, sanidad, transportes y viviendas y sin olvidarse del guiño de la ayuda al Tercer Mundo. Siempre que se anuncia un programa semejante salta la duda de cómo habrá de financiarse y la respuesta de Blair consiste en reducir el aparato del funcionariado. Dicho de otro modo, el Estado pretende administrar mejor a un coste más bajo.

El derroche de los dineros públicos es una constante en un mundo como el nuestro, tan sujeto a las transparencias equívocas. Los abusos saltan de manera constante a la luz, con el asunto del club de alterne en Moscú como último episodio, pero cuesta poco entender que más allá de la anécdota particular permanece un desprecio generalizado por las normas de contención del gasto. Tan pronto los dirigentes casan a sus hijos en plan imperial como promueven obras faraónicas que rara vez sirven de algo. Quizá un poco del espíritu calvinista se bastaría por sí solo para sanear cualquier ministerio pero Blair ha optado, en vez, por recortar el número de los empleados con sueldo a cargo del Estado.

El presidente Rodríguez Zapatero ha tirado por el camino opuesto: subir el sueldo a los funcionarios, uno de los colectivos más oprimidos en la época de Aznar. Queda por ver a cargo de qué irá ese capítulo al alza aunque, con la cesión de buena parte de las competencias a las comunidades autónomas, el gesto puede salir mucho más barato que hace una decena de años. En cualquier caso, la indiferencia de Francia y Alemania ante la condena en los tribunales de sus políticas económicas de incremento del gasto y los anuncios sociales del Reino Unido y España dibujan una especie de vuelta al Estado del bienestar. Si es a cambio del final de los derroches fastuosos, habremos cobrado dos piezas de un solo disparo.