Las entrevistas entre el presidente del Gobierno central y el del Govern no han sido habituales. No lo fueron la pasada legislatura, período en el que las puertas de la Moncloa se cerraron a cal y canto, ni tampoco abundaron en la larga etapa anterior, cuando Felipe González y Cañellas. Sólo fueron más frecuentes -en realidad en dos ocasiones- en el corto tiempo en que las presidencias fueron ocupadas simultáneamente por gobernantes del PP. Por eso, la principal novedad del encuentro de ayer es la entrevista en si misma, porque representa el inicio de una relación a alto nivel que debiera ser normal, por encima de discrepancias o de estrategias partidistas. Hay demasiados temas en común, demasiada necesidad de diálogo como para haber renunciado a él durante tanto tiempo.
No lo ha hecho Zapatero, cumpliendo así su palabra de mantener entrevistas frecuentes con todos los presidentes de comunidades autónomas. No han pasado más de tres meses y ya se ha producido el primer encuentro. Una primera toma de contacto que Jaume Matas ha aprovechado para presentar sus reivindicaciones: financiación de la sanidad y de la educación, el desarrollo del régimen especial y la ampliación de los descuentos en el transporte. También, las aspiraciones autonómicas de unas islas que, según su Govern, no quieren quedarse atrás si otras comunidades como Cataluña ensanchan su autonomía o consiguen una mejor financiación.
Fue una entrevista larga, suficiente como para que los presidentes se conocieran y pudieran exponer sus puntos de vista sobre el desarrollo de las autonomías. Matas, como había anunciado, insistió en el tema de la sanidad y la educación con el consabido argumento del abrumador aumento demográfico que se ha producido en Balears. De alguna forma éste es el retrato de unas islas que hoy se enfrentan a un profundo cambio económico y social, pero que no cuentan con suficientes recursos públicos para atender a las nuevas necesidades. De hecho, Jaume Matas representaba en esta entrevista a la Comunidad que menos dinero recibe del Estado y la que más aporta por habitante.
Rodríguez Zapatero dio su palabra de estudiar estas cuestiones, además de comprometerse en el cumplimiento de todos los convenios firmados por Madrid, caso -por ejemplo- del de carreteras. Y también se comprometió a acelerar el desarrollo del REB, el régimen especial, que, al fin y al cabo, es más que un convenio. Es una ley y como tal de obligado cumplimiento, pese a lo cual el anterior gobierno la ignoró por motivos exclusivamente partidistas. Afortunadamente, el tiempo de las vendetas parece haber concluido, al mismo tiempo que se abre un período de lealtad institucional.
Una lealtad institucional que debería presidir la reforma de la Constitución y de los estatutos. Ciertas reformas son imprescindibles para configurar España como la realidad plurinacional que es. Pero no debieran plantearse como una confrontación entre comunidades. Balears necesitará una mejor financiación y más competencias porque así lo requiere su situación, o tal vez sus aspiraciones autonómicas, pero no porque las esté exigiendo su vecino. La formación de frentes partidistas -con la casi única finalidad de enfrentarse al gobierno central- al estilo del "eje de la prosperidad" pueden estorbar más que favorecer el desarrollo autonómico del Estado.
En cualquier caso, en este primer encuentro entre presidentes, destaca el deseo de diálogo y de consenso. La defensa ante Europa de la insularidad requiere el esfuerzo de todos. Y, sobre todo, requiere lealtad. Los convenios están para cumplirse, pero por las dos partes. Eso es lo que vino a decirle Zapatero a Matas al referirse a la sostenibilidad como criterio imprescindible para financiar las nuevas infraestructuras.
