El nuevo Gobiernose ha apresurado a impulsar un pacto social con empresarios y trabajadores. Han pasado los tiempos en que el capital y el trabajo pugnaban a cara de perro buscando el relativo arbitraje del Gobierno del turno: hoy el problema ya no consiste en tanto en obtener las mayores ventajas posibles para los factores de producción en pugna sino en conseguir una economía saneada, capaz de crecer a un ritmo suficiente para que se sigan creando puestos de trabajo. Al tiempo que se consiga mantener un Estado de Bienestar que inevitablemente tendrá que ir adelgazándose para mantener la competitividad de nuestro país.

La apuesta común de los firmantes consiste en lograr "un crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la mejora de la competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad". Pero este enunciado tan bien sonante no es obviamente de fácil ejecución. Porque ya no debería ser necesario aclarar que en un escenario en que el Gobierno ya no tiene control sobre la política monetaria, la competitividad y la productividad requieren una lucha denodada contra la inflación mediante el fomento continuo de la competencia y la reducción de las cargas sociales; y que cualquier tendencia intervencionista que vaya más allá de determinados límites razonables tendrá como efecto más directo el incremento del desempleo.

España tiene una excesiva temporalidad en el empleo -del orden del 31%- pero es también de los países de Europa que mantienen servicios estacionales (el turismo) más importantes. Penalizar la temporalidad sin tener en cuenta ese factor y sin abaratar el despido hasta los niveles de nuestros competidores puede ser catastrófico. La norma ha de ser clara: ha de facilitarse el acomodo de la oferta a la demanda, y ha de perseguirse al mismo tiempo el fraude, el recurso de trabajadores eventuales para tareas fijas. En el mismo orden de ideas, ha meditarse muy seriamente la revisión al alza de salario mínimo: tal medida no beneficia a los trabajadores con menor capacitación sino al contrario.

Muy relevante es lo acordado sobre la reforma del INEM y la revisión integral del actual modelo de formación, ambos elementos claves del necesario incremento de productividad, tras la incesante caída de la misma en los últimos años. Y, por supuesto, la actualización realista del Pacto de Toledo es, sobre todo, una obligación de los agentes sociales con las generaciones futuras.

En cualquier caso, la experiencia foránea debe ser de utilidad. Alemania ha anunciado recortes drásticos de su propio Estado de Bienestar porque no encuentra otro modo de salir de la recesión. En un mundo globalizado en el que ya no queda el menor atisbo de autarquía, no se pueden violar impunemente los principios de racionalidad económica. Y si queremos mantener nuestro nivel de vida tendremos que ir sustituyendo los trabajos intensivos en mano de obra por los intensivos en tecnología. La inversión en educación y en I+D, el desarrollo del sector servicios en aquellas áreas privilegiadas en la que la deslocalización no es posible, la plena implementación de la Sociedad de la Información, la incorporación plena de la mujer al mercado laboral para incrementar la tasa de actividad, la eliminación de todas las trabas a la iniciativa empresarial, son, entre otras muchas, iniciativas que requieren grandes consensos sociales y, por supuesto, el impulso del Gobierno, de los agentes sociales y de la 'inteligencia'. Porque vincular la Universidad a la empresa, a la economía, es aún la gran asignatura pendiente de este país.