Al parecer, el tour de force del Govern ante el gobierno central sobre las carreteras se ha saldado a favor de las embajadoras Rosa Estarás y Mabel Cabrer, que han vuelto de Madrid con la promesa de la ministra de Fomento de que cumplirá del convenio. Existen problemas técnicos que afectan a un cincuenta por ciento, pero a estas alturas -con el otro cincuenta por ciento en ejecución- poco margen queda para la negociación. Magdalena Álvarez, la ministra, pagará las autopistas, es decir cumplirá el convenio aunque quien lo firmó fue su antecesor en el cargo, un ministro del PP. El único sacrificio de Matas será la autopista entre Inca y Manacor, que fue ofrecida como moneda de cambio al secretario general del PSIB-PSOE. Pero este sacrificio es más bien ficticio, porque este proyecto fue derrotado en la calle y en las urnas.

Visto así, puede decirse que el Govern se ha salido con la suya. La mayor parte de las infraestructuras previstas por el PP se realizarán a lo largo de esta legislatura. Las grandes obras ya están en marcha, aunque entre éstas todavía falta el segundo cinturón de Palma que, a tenor de los hechos, va a convertirse en el gran caballo de batalla de la oposición para intentar evitar o por lo menos reducir el impacto. La ministra, seguramente inspirada desde el PSIB, intentó un quiebro al ofrecer inversiones en línea férreas a cambio de asfalto, pero la Vicepresidenta y la consellera de Obras Públicas no transigieron. Quieren -dicen- impulsar el tren, pero con otro presupuesto.

De este modo, los gobiernos central y autonómico parecen haber puesto fin a una disputa que enrareció sus relaciones a lo largo estos primeros meses de cambio en Madrid. Pero no se trata de un punto y final, sino de un punto y seguido, pues en materia de carreteras todavía queda mucho por decir. Al ministerio de Fomento no le quedaba más remedio que cumplir el convenio aunque no le guste su letra. Todo lo contrario que hizo el gobierno de Aznar con el Pacte de Progrés, al que ninguneó sin reparos. Para la historia queda, pues, lo que pudo haber sido y no fue: un plan de carreteras mucho más equilibrado que el actual, del que como muestra sólo quedará, en parte, el desdoblamiento de la carretera de Manacor.

Muy probablemente el gobierno central y a través de él los socialistas de Balears podrían haber boicoteado el convenio. La flamante miembro de la ejecutiva central del PSOE, Francina Armengol y el exconseller de Obras Públicas, Francesc Quetglas, expusieron suficientes argumentos recientemente en el Parlament. Es muy probable que el propio PSIB, y sobre todo, sus antiguos socios del Pacte de Progrés, se sientan muy frustrados ante el paso dado ayer en Madrid por la ministra. Pero, ¿qué otra cosa cabía hacer? Frente a la deslealtad institucional que caracterizó al gobierno del PP ante el Govern del Pacte, el gobierno del PSOE responde con lealtad al Govern popular. Es tiempo de cambio, un nuevo talante que ojalá pudiera tener su réplica en el Consolat de Mar.

El Govern puede olvidar las prisas que llevaron a la firma del convenio a última hora, y hasta justificar la precipitación que le hizo prescindir del ministerio en la adjudicación de las obras. Lo que no puede justificar en modo alguno es un pasado que hace que su modelo de carreteras sea impuesto. Hay fórmulas más sensatas para resolver los problemas sin echar a perder tanto territorio. Fórmulas que facilitarían el tráfico en lugar de fomentarlo y que encajarían mejor en una política de transportes en la que el ferrocarril debe ser una alternativa real a la carretera. En cualquier caso, la oposición todavía tiene mucho que decir. Las carreteras no serán un enfrentamiento entre Madrid y Palma, pero continuará siendo el centro de una disputa entre dos maneras muy diferentes de entender el futuro de las islas.