Los abogados de oficio no sólo están de guardia en los juzgados para defender a los detenidos. Hay asuntos civiles que también caen en sus manos. En estos casos, es el propio interesado que pide orientación jurídica gratuita. En sa Gerreria está una de estas oficinas, en la que varios abogados se van turnando para atender a los ciudadanos.
Rafael Serra es su coordinador desde hace unos cinco años. Llega sobre las nueve de la mañana y media hora más tarde empieza a atender a la gente que espera en el pasillo, cada uno con una historia diferente. Ahora casi todos llegan con cita previa, hubo que implantar este sistema hace un año porque el aumento de trabajo hizo imposible atender a todas las personas que esperaban ser escuchados a diario. Desde el inicio de la crisis, los asuntos civiles han aumentado un 141 por ciento, según los datos del propio Colegio de Abogados de Balears. Temas de familia, impago de pensiones y modificación de medidas, ejecuciones hipotecarias, desahucios... son las cuestiones que cada día llegan a esta oficina.
Cuando empieza la jornada, Rafael dispone de una lista de 25 nombres. No sabe qué asunto les lleva a solicitar un abogado de oficio ni si realmente tienen derecho a él. La primera condición es que los ingresos de la unidad familiar no superen los 14.910,55 euros. "Aunque yo me he encontrado con gente que cobra 3.000 y 4.000 euros al mes pidiendo un abogado", comenta con cierta perplejidad este letrado.
Uno a uno, el abogado escucha su caso y les ayuda a tramitar la solicitud y les indica qué documentos deben presentar. Una vez solicitado, el Colegio de Abogados responde en treinta días y, si tiene derecho a un abogado de oficio.
Como sus compañeros que están en los otros turnos, Rafael asegura que este trabajo le apasiona. "Aparte de orientar al ciudadano, hay una función social porque te encuentras a gente que en 15 días la van a desahuciar y no tiene adónde ir... Muchas veces estos es un paño de lágrimas; hay madres que no pueden sufragar sus gastos y se encuentran en situaciones alarmantes", añade Serra. Este letrado, que compagina la coordinación de este servicio de orientación con la abogacía en un despacho, aporta datos muy significativos sobre la justicia gratuita, que maneja entre 20.000 y 25.000 expedientes al año en Balears, incluyendo los casos penales.
Sobre el proyecto de ley para subir las tasas judiciales en procesos civiles y sociales que el Gobierno defiende, entre otros argumentos, como una medida que servirá para poder pagar a los abogados de oficio, Serra opina que "se producirán situaciones en las que aun sabiendo que una persona tiene la razón, no podrá acceder a la justicia porque no podrá abonar los costes".
