La Fiscalía Superior de Balears investiga posibles delitos cometidos en las residencias de mayores de Balears, que acumulan ya 77 fallecidos con coronavirus. El ministerio público ha abierto diligencias de investigación para detectar posibles responsabilidades penales en la situación de los geriátricos en las islas durante la crisis, según informó ayer la Fiscalía General del Estado, tras recibir una denuncia genérica del partido político Vox. Fuentes del Govern señalaron que en una residencia de Palma se han detectado importantes negligencias. La conselleria de Salut y el Consell de Mallorca intervinieron el pasado día 11 dos centros privados, DomusVi y Oasis, ambas en Palma, ante su incapacidad para controlar la situación. Otros dos geriátricos de la ciudad fueron clausurados por el mismo motivo.
La Fiscalía balear se ha limitado de momento a recabar información para detectar posibles delitos y ha solicitado a las autoridades sanitarias que le remitan a diario la información sobre el estado de todas las residencias afectadas en las islas.
Por el momento, el ministerio público no ha solicitado a la Policía Nacional ninguna gestión ni ha iniciado procedimientos judiciales relacionados con esta investigación. Fuentes de la Policía explicaron que no ha recibido directamente ninguna denuncia de particulares por los contagios y las muertes de ancianos en residencias de las islas. La Fiscalía decidirá, tras analizar la información recabada, si aprecia indicios de delito en alguna residencia y presenta denuncia en los juzgados.
UGT pide una auditoría
El sindicato UGT, por su parte, reclamó ayer una auditoría de las residencias privadas de mayores en Balears para aclarar lo ocurrido y adoptar "medidas eficaces" para "proteger a los más vulnerables". "Es importante saber dónde han ido los recursos y cómo se han gestionado", señaló el sindicato, que incidió en "las condiciones extremas que viven los empleados de las residencias". "La falta de personal y los problemas laborales que sufrían antes de la pandemia se han incrementado", señaló.
UGT sostiene que, a pesar de haberse puesto en marcha tests generalizados en las residencias, es necesario implementar más medidas. "Estos centros no son hospitales, y por tanto estaban escasamente preparados para una pandemia de este tipo", incidió. A su juicio, la crisis sanitaria "ha devuelto el reflejo de un modelo residencial frágil", por lo que considera "imprescindible" la adopción de diversas medidas, entre ellas establecer protocolos para la atención sanitaria de los mayores, aumentar las inspecciones para detectar las posibles irregularidades en la atención a las personas mayores y en materia laboral-; y la limpieza y desinfección de los centros, incluso "si fuera necesario, cerrarlos y trasladar a sus residentes".
109 investigaciones penales
En el conjunto de España, la Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia. Los datos, actualizados a 27 de abril y ofrecidos ayer por la Fiscalía General del Estado, demuestran que Madrid registra, de lejos, el mayor número de caso abiertos, 42, casi el doble que la siguiente comunidad en la lista, Cataluña, con 24.
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