El próximo domingo día 27 se cumplen 10 años desde aquel 27 de noviembre de 2006 en el que el juzgado de instrucción 12 de Palma y la fiscalía anticorrupción desataron la bautizada como operación Voramar, contra un entramado de corrupción urbanística y que pronto se llamó caso Andratx. Este sumario, que se dividió en 76 piezas separadas, constituyó un hito en la lucha contra la corrupción de las Administraciones Públicas baleares y marcó un cambio en la Justicia, que hasta entonces había permanecido adormilada ante esta lacra, y el fin de la impunidad.
Una década después, y tras múltiples condenas, Eugenio Hidalgo, el otrora todopoderoso teniente de alcalde y alcalde de Andratx, azote de la oposición y de la prensa independiente; Jaume Massot, el que fuera cerebro del PP balear en materia de urbanismo y exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas; y Jaime Gibert, un avispado celador de obras de Andratx, han cumplido varios años de cárcel y han desaparecido de la escena pública.
Voramar fue el primer campo de batalla de una intensa guerra contra las tramas de corrupción político-empresariales que se ha traducido en una retahíla de causas impulsadas por los fiscales anticorrupción: Maquillaje, Son Oms, Inestur, Ibatur, Can Domenge, Plan Territorial de Mallorca, Palma Arena (con sus 28 piezas separadas), Canteras, Relámpago, Turisme Jove, Metro, Peaje, Ayudas, Bomsai, Fundació Illes Balears, Funeraria de Palma, Picnic, Multimèdia, corrupción en las Policías Locales de Palma y Calvià, Son Espases, Mar Blau o Puertos, Voltor, etc, etc.
Algunas voces próximas a sectores conservadores, en noviembre de 2006, criticaron el despliegue de efectivos de la Guardia Civil, los registros, las detenciones con esposas de Hildago, Massot y Gibert, y otros aspectos de la operación Voramar.
Pero el caso Andratx marcó los protocolos de futuras operaciones: arrestos, registros, interrogatorios hasta la madrugada y autos de ingreso en prisión para los principales implicados. Fue lo nunca visto: un alcalde con grilletes asistiendo al registro de su Ayuntamiento en busca de documentos comprometedores.
Jaime Gibert, el celador de obras de Andratx, también estrenó una nueva figura en la lucha contra la corrupción: la del arrepentido, el imputado que, consciente de la larga condena que se le avecina, admite los hechos, confiesa, incrimina a otros implicados y devuelve, en la medida de lo posible, el dinero público desviado. Todo por minimizar su estancia en prisión.
Dada la complejidad de los hechos investigados, que en el tiempo se cometieron desde finales de los 90 hasta semanas después de la Operación Voramar, jueces y fiscalía decidieron dividir el sumario en piezas separadas. Se abrieron, de esta forma, 76 subcausas, en las cuales declararon como imputadas decenas de personas y como testigos otra cantidad mayor.
Muchas de estas piezas (25 hasta 2010) fueron sobreseídas o archivadas. La causa del sobreseimiento fue fundamentalmente la estimación de que los hechos no eran delictivos, o ya habían prescrito. Este gran número de archivos obedeció en buena medida a que la mayoría de las piezas eran por licencias y expedientes urbanísticos tramitados por varios consistorios de Andratx, una localidad mallorquina con unos parámetros urbanísticos muy complejos, debido a su condición de centro turístico y residencial de lujo y a su situación en las estribaciones de la Serra Tramuntana, lo que conllevó una protección especial de muchas fincas, por su riqueza medioambiental o paisajística.
Más de 20 condenas
Massot, Hidalgo y otros de los que, durante años, cortaron el bacalao en temas urbanísticos de la villa se ocuparon también de crear mucha ambigüedad en materia urbanística, lo que dio lugar a una corriente de interpretación de las normas favorable siempre a la especulación, según demostró la fiscalía anticorrupción.
Los fiscales anticorrupción y los abogados que ejercieron la acusación particular en nombre del Ayuntamiento, Isabel Fluxà y Josep de Luis, consiguieron en estos diez años más de 20 condenas en otras tantas piezas separadas.
Eugenio Hidalgo, ante el aluvión de condenas, optó por pasarse al bando de los colaboradores. El antiguo guardia civil y próspero vendedor de coches, decidió combinar la política con los negocios inmobiliarios, aunque estos rozaran la legalidad y lo pagó caro.
El único que permaneció firme ante la desgracia fue Massot, que consiguió, gracias a su defensor Fernando Mateas, cumplir el triple de la condena mayor y no todas las penas acumuladas.
El último juicio por una pieza de Andratx se hizo el año pasado.
