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Tajo-Segura

Los reproches del Consejo de Estado al Gobierno por el trasvase refuerzan la posición de la Generalitat Valenciana

El órgano consultivo pide a Transición Ecológica hacer "compatible" los caudales ecológicos con el trasvase y alerta sobre la falta de coordinación entre planes hidrológicos. También reprocha la falta de "claridad" y "transparencia" de Teresa Ribera durante la tramitación del decreto

Puig y la consellera Navarro, reunidos de urgencia este viernes para estudiar el dictamen sobre el trasvase.

El Consejo de Estado ha dado un importante espaldarazo al Consell en el enfrentamiento que mantiene con el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta del trasvase Tajo-Segura. En el dictamen remitido al departamento de Teresa Ribera y al que ha tenido acceso en primicia este diario, el máximo órgano consultivo del Gobierno aprecia deficiencias tanto en la forma como en el fondo del proyecto de real decreto y llama al Ejecutivo central a tomar en consideración sus observaciones antes de seguir adelante con la norma.

Pese al claro tirón de orejas, el dictamen rechaza la nulidad de pleno derecho que pedía la Generalitat en sus alegaciones, por lo que Moncloa, que ya estudia el documento con su equipo jurídico, podría hacer caso omiso a los reproches y elevar el decreto en su versión actual al Consejo de Ministros.

En todo caso, la contundencia del escrito, que aboga por hacer "compatible" el aumento de los caudales ecológicos del Tajo con el trasvase, complica a Ribera mantener su posición inmovilista y refuerza las tesis de la Generalitat, que no tardó en celebrar la posición adoptada por el órgano que preside Magdalena Valerio. La interpretación que hace el Botànic es que el dictamen es un aval a sus reivindicaciones y que les sitúa en una posición de mayor fortaleza para seguir exigiendo al Gobierno sentarse a negociar una modificación del proyecto de decreto.

La publicación del dictamen ya ha provocado los primeros contactos entre administraciones, según pudo saber este diario. Todavía son informales y no al máximo nivel, pero fuentes del Consell aseguran que hay preocupación en el ministerio por el contenido del informe.

El toque de atención más importante que da el Consejo de Estado a Transición Ecológica atañe al fondo del asunto, al alertar de que el texto no resuelve la falta de "coordinación" entre los planes hidrográficos del Tajo y del Segura que ya existía antes de estos nuevos planes de cuenca, lo que en opinión de la institución puede afectar al trasvase.

"En el asunto sometido a consulta se aprecia una falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura que el proyecto de Real Decreto no solventa, y que puede provocar, no solamente una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo –Segura".

En ese sentido, apunta que mientras el Plan del Segura "ha tomado en consideración las transferencias de aguas procedentes del trasvase a los efectos de la evaluación y aplicación de los recursos hídricos de la Demarcación", el del Tajo "no contempla las demandas servidas a través del acueducto Tajo–Segura, que corresponden a otros ámbitos de planificación hidrológica".

Además, en otro punto del dictamen el cuerpo consultivo advierte que esa descoordinación falta de coherencia entre ambos planes de cuenca pueden chocar con el Plan Hidrográfico Nacional, cuando precisamente ese punto es considerado por el Consejo de Estado como "uno de los aspectos más relevantes en la valoración" del decreto.

Es reseñable también que en la conclusión final, en la que el organismo insta al Gobierno a "considerar las observaciones formuladas" antes de legislar, se enfatiza que debe prestar "especial" atención a sus indicaciones sobre esta descoordinación entre planes.

Falta de "claridad y transparencia"

Transición Ecológica se lleva otro revolcón del Consejo de Estado por la modificación de la famosa disposición adicional novena, donde se reflejaba el mecanismo corrector que la Generalitat pactó con el Gobierno antes del Consejo Nacional del Agua de noviembre. En este caso el reproche es doble y llega tanto por la forma en la que se debatió su inclusión en el decreto como por su contenido final, que considera menos "riguroso y preciso" que el planteado por el Consell.

En cuanto a la tramitación, el Consejo de Estado concluye que aquel cónclave se vio afectado por irregularidades procedimentales, reconociendo que "el debate y la votación no se desarrollaron con la claridad y transparencia con las que debieran haber transcurrido", en sintonía con la versión del Consell. A juicio del organismo, "hubiera sido deseable que la votación se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto, preferentemente por escrito".

Unos argumentos que ve reforzados al tratarse de "un aspecto tan relevante como el tratado en la disposición adicional novena, que afecta a varias cuencas hidrográficas y del que se derivan notables efectos socioeconómicos y medioambientales".

El dictamen no aclara si esa cláusula fue eliminada con posterioridad al Consejo del Agua ya que, según señala el organismo consultivo, el ministerio no ha adjuntado las actas del pleno. La Generalitat también espera desde hace dos semanas esos documentos, que Teresa Ribera se resiste a airear.

En todo caso, el Consejo de Estado sí es contundente a la hora de señalar que la disposición adicional defendida por la Generalitat y que es la que fue remitida a las partes participantes en el Consejo del Agua es más completa que la que finalmente ha sido redactada por Transición Ecológica, la cual considera "carente de funcionalidad". Otro respaldo a las tesis valencianas, que denuncian que si se impone un calendario fijo de aumento de los caudales no tiene sentido el programa de seguimiento previsto cuando esos incrementos estaban vinculados a la calidad del agua del Tajo.

"Resulta evidente que en la redacción sometida a dictamen de este Consejo la virtualidad práctica de esta disposición adicional 9ª será limitada, porque opta por postergar tal coordinación a un momento ulterior en el tiempo y porque a diferencia del texto inicialmente presentado al Consejo Nacional del Agua no delimita con rigor y precisión el significado y alcance de los programas de seguimiento".

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