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Claves

El TC da el primer paso para formalizar su cambio de mayorías

Tras el pleno de este jueves, se producirán los ceses y nombramientos de los nuevos magistrados, jura o promesa ante el rey y toma de posesión | Con la entrada de los nombrados por el Gobierno y el CGPJ habrá siete jueces de tendencia progresista y cuatro, conservadores

Fachada del Tribunal Constitucional. EFE/Ballesteros

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, tenía claro que no quería llevar a pleno solo a los dos magistrados del Constitucional que le correspondía designar al Gobierno. Una vez roto el bloqueo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenía sobre los dos suyos, no ha tardado ni 24 horas, desde que recibió la comunicación oficial, en convocar la celebración de la reunión en la que los 11 magistrados que forman actualmente el Constitucional darán su plácet a sus cuatro futuros compañeros.

Será este jueves cuando el tribunal de garantías dé el primer paso para proceder al cambio de sensibilidad mayoritaria que suele vivir cada nueve años, cuando entran los dos elegidos por el Gobierno que esté en ese momento y los dos del CGPJ. En esta ocasión salen tres conservadores y entran otros tantos progresistas. El propio presidente y Antonio Narváez, que en su día fueron elegidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, por el Consejo, serán sustituidos por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la exasesora de la Moncloa Laura Díez y los magistrados del Supremo César Tolosa y María Luisa Segoviano.

El trámite solo pasa por comprobar que los propuestos son españoles y con más de 15 años de carrera profesional, por lo que es difícil que no obtengan el visto bueno del Constitucional. En noviembre de 2021, cuando se produjo la anterior renovación uno de los magistrados votó que no a Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez.

A partir de la celebración del pleno ya solo corresponderá al Gobierno y a Casa Real el tiempo que se tardará en proceder al relevo efectivo en el máximo garante de la Constitución, porque será cuando se puedan publicar los reales decretos de cese de unos y nombramiento de otros en el Boletín Oficial del Estado, de realizar el acto de jura o promesa ante el Rey y sus tomas de posesión.

Toda la legislatura pendiente

Cuando el cambio se produzca se pasará de seis vocales conservadores (el séptimo renunció el verano de 2021 al no haberse podido recuperar de un ictus que sufrió el anterior) y cinco de sensibilidad progresista, a siete de estos frente a cinco. En su primer pleno tendrán que nombrar a su presidente para lo que el que se presenta con más posibilidades es Cándido Conde-Pumpido, aunque también se ha postulado para esa responsabilidad María Luisa Balaguer.

Ambos son progresistas y se encuentran en el último tercio de su mandato, así que ambos podrían serlo, aunque la dispersión del voto del sector podría llevar a un conservador a la presidencia. Es lo que ocurrió con María Emilia Casas, que fue presidenta cuando le tocaba designarlo a los conservadores, pero parte de estos renunció a apoyar a su candidato, Vicente Conde, que acabó siendo el vicepresidente.

Con el nuevo presidente al frente del Constitucional se levantará el freno que el propio González-Trevijano echó sobre los asuntos más conflictivos que tenía el tribunal sobre la mesa hasta que se formalizara la renovación, pese a que habría podido sacarlos adelante con la mayoría conservadora que imperaba hasta ahora.

Así el nuevo Constitucional tendrá que resolver los recursos presentados contra la ley de eutanasia, la del aborto, la reforma educativa, la reforma laboral, la ley rider y prácticamente toda la legislatura de Pedro Sánchez, recurrida por el PP o Vox, envalentonado con el éxito que supuso para él la anulación de los estados de alarma a partir de sus impugnaciones.

Prueba de fuego

Cuando llegue el turno de pronunciarse sobre algunas de estas normas se vivirá la primera prueba de fuego a la que se verán sometidos los magistrados del TC elegidos a propuesta del Gobierno, porque la primera decisión que tendrán que adoptar es si deben apartarse de las deliberaciones por haber formado parte o haber asesorado al Gobierno que las promulgó. Y en caso negativo, resolver las recusaciones que previsiblemente serán interpuestas contra ambos.

Será entonces el momento de comprobar si el alto tribunal sigue siendo tan reacio a aceptar apartar a sus magistrados como demostró con las presentadas contra Arnaldo y Espejel, donde el listón para poder recusar con éxito se puso tan alto que resulta complicado que alguno vuelva a ser apartado.

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