El segundo Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado con carácter extraordinario para lograr la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde ha conseguido por fin el consenso necesario para cumplir con esta obligación, y los nuevos miembros del órgano de garantías serán dos juristas que llegaron a presidir una de las cinco Salas del Tribunal Supremo, César Tolosa y María Luisa Segoviano.

La decisión ha sido una sorpresa para el sector mayoritario, que no esperaba que los progresistas renunciaran a su candidato, José Manuel Bandrés. La clave ha estado en el perfil progresista y de solidez técnica de la que hasta el pasado 20 de octubre fuera presidenta de la Sala de lo Social del alto tribunal, la primera mujer en romper ese techo de cristal.

El acuerdo ha sido posible al alcanzarse una unanimidad de votos y optar los ocho vocales progresistas por las candidaturas -una conservadora y otra progresista- propuestas por los vocales mayoritarios. Según fuentes oficiales, en el momento de la votación, los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez han manifestado que renunciaban a Bandrés “por sentido institucional”. 

El Pleno había sido convocado de urgencia el jueves, coincidiendo con la Lotería de Navidad y el inicio, para muchos, del periodo vacacional. Comenzó a las cuatro y media de la tarde, con la asistencia de los 18 vocales que conforman a día de hoy este órgano, y apenas veinte minutos más tarde ya se había llegado a un acuerdo. Ocho de los consejeros asistieron telemáticamente desde sus lugares de origen. Se trata de Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Pilar Sepúlveda, Gerardo Martínez Tristán, Enrique Lucas, Juan Manuel Fernández, Roser Bach y Ángeles Carmona.

Un acuerdo sorpresivo y de última hora

Desde el sector conservador, las fuentes consultadas coinciden en calificar de "sorpresa" lo ocurrido e insisten en que era injusto hablar de seis meses de bloqueo en esta renovación, pues realmente no pudieron ponerse a ello hasta el pasado septiembre. Antes, recuerdan, fue necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial -lo que se hizo a finales del pasado mes de julio- para realizar estos nombramientos. 

No obstante, reconocen la "generosidad" mostrada en último término por los vocales progresistas al renunciar a su candidato, algo que expresó verbalmente durante el pleno el vocal designado a propuesta del PP Juan Martínez Moya, que reconoció que, pese a que el acuerdo es de todos, "unos han cedido más que otros".

Desde el sector progresista se señala a este diario que, pese a que seis de sus miembros confirmaron la candidatura de Bandrés el pasado viernes, y que este era sin duda su candidato preferido, en el último momento decidieron cambiar de opinión por "sentido institucional" y también por cierto hartazgo con la situación que se venía arrastrando desde hace meses. Reconocen que Segoviano era una propuesta muy difícil de rechazar, dado su carácter conciliador, su solvencia como jurista y su perfil feminista, que aportará sin duda ventajas al Tribunal Constitucional que ahora será renovado.

Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas en el CGPJ -con 8 vocales progresistas y 10 conservadores- había hecho imposible el acuerdo. En la votación del 20 de diciembre, los dos nominados entonces por el sector mayoritario, Tolosa y Pablo Lucas, obtuvieron 10 votos, mientras que Bandrés logró solo siete, porque el vocal designado a propuesta del PNV Enrique Lucas, que habitualmente vota con el grupo de progresistas, se apartó para evitar participar en un proceso en el que su hermano estaba directamente involucrado.

Tras sucesivas decisiones que venían bloqueando el acuerdo, el ala conservadora cambió de estrategia nada más conocer los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, dirigidos a lograr un cambio legal que permita rebajar la mayoría actualmente vigente. Los cambios instados por el Ejecutivo se introdujeron mediante enmiendas a la reforma penal que se tramitaba en las Cortes y fueron paralizados por una inédita decisión del propio Tribunal Constitucional el pasado día 19, si bien el Ejecutivo anunció que optaría por otras vías para impulsarla.

En este punto, los conservadores apostaron por incluir un nombre progresista en su tándem (primero Lucas y ahora Segoviano) que es la que finalmente ha obtenido el plácet unánime para que sus homólogos renunciaran a Bandrés, un magistrado sobre el que los conservadores habían impuesto un veto tácito, al considerarle cercano al Gobierno. 

El largo camino hacia el consenso

El Constitucional, que ha anunciado la convocatoria "de forma inmediata" de un pleno para validar a los candidatos, cuando reciba la comunicación oficial del CGPJ, esperaba desde el pasado 12 de junio la renovación del tercio que la Constitución encarga al Gobierno y al CGPJ: Pedro González-Trevijano (presidente del órgano) y Antonio Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces. Por parte del Gobierno ya se designó el pasado 29 de noviembre al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exasesora de Moncloa y catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, quienes aún no habían tomado posesión en espera del órgano de gobierno de los jueces.

De entrada la designación de los nuevos magistrados del CGPJ era imposible tras la reforma legal de marzo de 2021 que impedía al órgano de gobierno de los jueces hacer determinados nombramientos estando en funciones, lo que se solucionó tocando la ley y poniendo un plazo a los vocales del Consejo. Las posturas se enquistaron y, superada con creces la fecha límite dada por la ley -que era el 13 de septiembre-, las excusas que el bloque conservador puso una y otra vez sobre la mesa cada vez que se intentaba la renovación, como la visita del Comisario de Justicia Didier Reynders, la posibilidad de un acuerdo para la renovación tras la salida del presidente Carlos Lesmes o la falta de candidatos, obligaron al Gobierno a mover ficha y nombrar a los suyos.

En este contexto, PSOE y Unidas Podemos diseñaron una nueva reforma, que, además de cambiar el sistema de votación en el CGPJ, buscaba despejar los obstáculos para que los nominados por el Gobierno pudieran tomar posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos del Consejo. Lo hizo en las enmiendas a la reforma penal que el Constitucional paralizó cautelarmente a petición del PP, lo que ha generado una crisis institucional sin precedentes que el acuerdo unánime de este martes entre los vocales contribuirá sin duda a atemperar.