Suscríbete Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Crisis territorial

El Gobierno catalán persiste en su demanda de celebrar la mesa de diálogo pese a la negativa de Pedro Sánchez

La apuesta de ERC por un nuevo referéndum en Cataluña trastocó el plan inicial del Gobierno de convocar una cita antes de acabar el año

El ministro Félix Bolaños y la 'consellera' Laura Vilagrà. JOAN CORTADELLAS

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña querían celebrar una nueva mesa de diálogo antes de que acabara el año. Así lo habían pactado y dejado por escrito en un documento el pasado verano, en el que se comprometían a celebrar dos citas en 2022. La primera tuvo lugar el pasado julio: sirvió para acordar tímidos avances en el frente judicial de la crisis territorial, así como en la defensa del catalán. La segunda debería ser ahora. A comienzos de diciembre, ambas partes desplegaron el calendario para intentar que la reunión tuviera lugar en esta semana que ahora acaba o como mucho la próxima. Pero entonces todo saltó por los aires, según la Moncloa. Llega el día de Navidad y unos, en Madrid, dan por cerrada la opción de una nueva convocatoria pública del foro de diálogo; los otros, en Barcelona, no dan por finiquitado nada, recuerdan el compromiso adquirido y se remiten a que las últimas reuniones se han organizado en apenas "24 horas".

El choque entre el Constitucional y el Parlamento, con el primero impidiendo votar al segundo una ley que contenía las nuevas condiciones para renovar a los magistrados del alto tribunal, y sobre todo la nueva apuesta de ERC por un referéndum sobre la independencia de Cataluña, en el momento menos oportuno, provocaron que Pedro Sánchez mandara parar, explican fuentes del Ejecutivo. 

Los republicanos difundieron su iniciativa justo el mismo día en el que se conoció el pacto con PSOE y Unidas Podemos para rebajar el delito de malversación cuando no haya ánimo de lucro, un cambio legal muy polémico en las filas socialistas y del que se podrían beneficiarán los encausados por el 1-0 que a diferencia de los principales líderes del ‘procés’ aún no han sido juzgados. Aquello sentó mal en la Moncloa.

Agravios mutuos

Fuentes republicanas quitan hierro a la cuestión señalando que "todos tenemos una lista de cosas que el otro hace y dice que no nos gustan. Podemos recuperar lo que dijeron Patxi López, Nadia Calviño y el propio Pedro Sánchez. ¿O se creen que salir diciendo que la reforma servirá para detener a Carles Puigdemont o que el 'procés' está muerto no nos dificulta nuestra acción?", replican.

Luego está la cuestión orgánica. La 'vía Montenegro' forma parte de la ponencia congresual de ERC, cara al cónclave de finales de enero. Por plazos no cabía otra que hacerla pública esa semana porque los plazos se agotaban. "Y nuestro funcionamiento interno no va a depender de las necesidades del PSOE. Eso seguro", sentencia una voz republicana. . 

Ahora la Moncloa da largas a celebrar la mesa de forma inminente. “No hay nada agendado”, insisten los colaboradores de Sánchez. Mientras la Generalitat quiere que la nueva cita sirva para solemnizar los últimos acuerdos penales (rebaja de la malversación, derogación de la sedición), el Gobierno central responde que el foro adecuado para eso es el Parlamento, donde ya han sido aprobados. 

"Hay un compromiso adquirido. Y Sánchez no es el único que va con el extintor tratando de apagar los fuegos que la relación con ERC suscita. Nuestra relación con el PSOE también nos provoca fuegos en aquellos sectores que más se han opuesto a la solución dialogada", matiza una fuente del Govern. "Todos tenemos nuestros problemas", asevera como sentencia.

En la Moncloa, mientras tanto, explican que se podría convocar una nueva reunión, pero de perfil bajo, para abordar asuntos competenciales relacionados con el Estatut que normalmente se estudiaban en la comisión bilateral Estado-Generalitat, “porque en lo que tiene que ver con el conflicto político poco queda por hacer”. Según el Ejecutivo, la reforma penal ha tenido ya, entre otras, dos consecuencias positivas: demostrar que el ‘procés’ ha terminado y la asunción por parte de ERC de que lo que ocurrió en 2017 “fue delictivo”.

La visión en el Palau de la Generalitat es bien otra. "El conflicto político entre el Estado y la Generalitat es una cuestión fundamental que trasciende partidos y coyunturas", apuntan, de ahí que la nueva celebración de la mesa de diálogo tenga una importancia "fundamental" en cuanto al mensaje. Es decir, que la mesa no ha finalizado sus trabajos, sino una fase de ellos (la desjudicialización) y que las reuniones, sobre todo las privadas, las que sirven para avanzar en la negociación, deben seguir adelante.

"Seguro que el Gobierno pretende circular a lo largo del 2023 con el viento en popa que facilita una sólida mayoría parlamentaria. Quedan asuntos que deben pasar por el Congreso que tienen singular importancia, como el de la reforma de las pensiones. Y por supuesto, cuanto mejor sean las relaciones con nosotros al final de la legislatura, más fácil será continuar esta relación en la próxima, tras las elecciones", afirman a modo de aviso serio para navegantes.

Arrastrar los pies

"En el fondo, no hay ninguna novedad. El PSOE, como siempre, arrastra los pies todo lo que puede. Y dependerá de nuestra fuerza democrática que atienda o no a razones", analiza una fuente de ERC, que apunta el origen de que el pacto de julio incluyera ya una aproximación de fecha. "En la primera mitad del año estuvimos siempre a expensas del calendario del PSOE, ya fuera por las elecciones en Castilla y León o por las andaluzas. Lo que tenía que haberse celebrado 'a principios del 2022' no se había cumplido ya en abril", rememora esta voz que añade que ya, después de Semana Santa, las relaciones se tensaron hasta el límite con la eclosión del "Catalangate".

Compartir el artículo

stats