Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, quieren castigar con el Código Penal a los juristas y jueces del Consejo General del Poder Judicial que bloqueen la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. El portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha verbalizado la información que ha contado previamente eldiario.es, pero no ha precisado qué delitos se les imputaría. 

“Deberán cumplir responsabilidades incluso de carácter penal”, ha dicho el diputado vasco en una conferencia de prensa celebrada en el Congreso, convocada la noche del jueves.

PSOE y Unidas Podemos registrarán este viernes una batería de enmiendas para modificar el Código Penal. Las propuestas aumentan el radio de actuación sobre la norma. La proposición de ley se ciñó en principio a retocar delitos contra la integridad moral, uso de armas y la sedición. Actualmente, podrían revisarse, además, la malversación, delitos contra la legislación laboral, otros sobre desórdenes públicos e incluso la creación de un tipo como el del enriquecimiento ilícito.

Todo ello se pretende hacer durante la semana que viene, de manera que en una sesión de ponencia, otra de comisión y una más del pleno quede completada la reforma del Código Penal en el Congreso.

López, en la rueda de prensa, ha explicado este empeño por afrontar una reforma amplia del Código Penal con estas palabras: “Abrir el Código Penal no se hace todos los días”.

Entre las iniciativas para retocar la norma, el portavoz socialista ha destacado la que supondrá cambios en la ley del poder judicial y en la ley del Tribunal Constitucional. Se trata de reforzar el carácter imperativo de la propia Constitución, que exige renovar los órganos judiciales pasado cierto tiempo.

La enmienda en cuestión tasa plazos: cinco días después de la entrada en vigor de la ley reformada, el presidente del Consejo General del Poder Judicial iniciará el periodo de presentación de candidatos a cubrir las vacantes; cada vocal (son 20) presentará un candidato; en tres días se celebrará el pleno del órgano de gobierno de los jueces; los dos con más votos serán los propuestos; si hubiera empate, la Presidencia del CGPJ hará valer su voto de calidad. Asimismo, queda suprimido el trámite de verificación de los candidatos que corresponda al Gobierno. Se mantiene la verificación de los criterios objetivos de las candidaturas.

De fondo, la urgencia por que los perfiles del Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, entre ellos, ocupe plaza en el Tribunal Constitucional.