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Gobierno

El Código Penal, abierto en canal: de acotar y castigar la corrupción a más protección de la legislación laboral

PSOE y Unidas Podemos registran varias enmiendas a la norma que prevé derogar la sedición y ERC plantea que la malversación no sea aplicable al 1-O

Pedro Sánchez, en un acto reciente. EP

La derogación de la sedición no vendrá sola. Una vez abierto el Código Penal a través de una proposición de ley orgánica, PSOEUnidas Podemos y ERC quieren aprovechar para realizar más cambios. Mediante una tramitación exprés que podría finalizar antes de que termine el año, los dos partidos del Gobierno pretenden derogar el delito de sedición y añadir uno nuevo de desórdenes públicos agravados, pero también han presentado una batería de iniciativas más aprovechando que se abre el melón. Los partidos de la coalición de Gobierno apuesta por reforzar la defensa de la legislación laboral, perseguir el enriquecimiento ilícito y desbloquear el Tribunal Constitucional. Y, como colofón de la negociación con Moncloa, los republicanos catalanes también quieren retocar la malversación para acotarla con la intención de que no sea aplicable al 1-O. A continuación, las principales claves de la reforma planteada.

La malversación

ERC ha registrado este viernes la enmienda más esperada y que más expectativas ha generado: la reforma de la malversación para que el delito quede acotado a cuando hay lucro personal o a terceros, y a cuando, a pesar de no producirse un enriquecimiento, haya un uso particular y ajeno a la función pública. El objetivo de los republicanos es definir la malversación de tal manera que no sea aplicable a la destinación de recursos públicos para organizar el 1-O. Sostienen, de hecho, que se trata de deshacer la reforma del PP del 2015 y eliminar conceptos como los de "apropiación indebida y administración desleal", que consideran que se introdujeron tras la consulta del 9-N para aplicar el delito de forma "arbitraria" y con el objetivo de "perseguir y reprimir el movimiento independentista".

Eso sí, los republicanos apostillan que este es su propósito de máximos y que habrá que ver ahora hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE con esta reforma. Aunque entienden que con sus propuesta inicial dirigentes como Josep María Jové y Lluís Salvadó no podrían ser condenados por malversación, las conversaciones con el PSOE han pivotado en una rebaja de penas, con lo que habrá que ver cómo queda finalmente el redactado del capítulo de la malversación sin lucro.

Nuevo delito contra la corrupción

PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda para crear un nuevo artículo en el Código Penal, el 438 bis, que persiga a aquellas personas que han ocupado un cargo público y hayan tenido un "enriquecimiento ilícito" superior a los 250.000 euros. En concreto, el texto registrado recoge que las autoridades que durante su función pública y en los cinco siguientes años "hayan obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados" deberá justificar la procedencia de este dinero o se enfrentará a penas de seis a meses a tres años de cárcel, multas económicas e inhabilitación.

Incumplir la legislación laboral

Los dos partidos del Gobierno también quieren endurecer el Código Penal ante los incumplimientos reiterados de la legislación laboral. Así, con una enmienda que amplía el artículo 311, quieren establecer penas de cárcel de entre seis meses y seis años "a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa". Esto serviría para condenar a aquellos empresarios que, de manera reiterada, hacen uso de falsos autónomos.

Los desórdenes públicos

La proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición plantea que, en su lugar, se introduzca un nuevo tipo de desórdenes públicos agravados que conlleve penas máximas de cárcel de 5 años. Esta figura actuará contra aquellos que atenten "contra la paz pública", mientras exista "violencia o intimidación" y sean cometidos por "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". ERC plantea la reducción de la pena mínima del tipo agravado -que va de 3 a 5 años- a un año y que en la definición se incluya que no solo deben cometerse actos violentos sino que estos causen "lesiones a las personas" o "daños a las propiedades".

En su propuesta "ideal" no hacen referencia al concepto de intimidación y suprimen que se castigue la invasión o ocupación sin violencia ni intimidación de un domicilio o edificio. Sin embargo, los republicanos añaden una enmienda subsidiaria que reconocen más "posibilista" y, por lo tanto, con más opciones de ser acordada con el PSOE y con Podemos. Esta mantiene las penas en casos de "actos de violencia o intimidación graves" sobre personas o cosas, cuando se obstaculicen vías públicas o invadan instalaciones o edificios “ocasionando un peligro para la vida o integridad física de las personas”.

Desbloquear el Tribunal Constitucional

Fuera ya del Código Penal, el Ejecutivo de coalición ha registrado otras dos enmiendas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Por un lado, plantean rebajar las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional y evitar así la parálisis impuesta por el bloque conservador. Para quienes quieran bloquear este proceso se recoge que incurrirán en "las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales".

También proponen que no sea necesario que la elección de los miembros propuestos por el Gobierno y por el CGPJ deba ser realizada a la vez, lo que permitiría nombrar ya al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exasesora de Moncloa Laura Díez sin necesidad de esperar a los candidatos del Poder Judicial.

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