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Política

El Congreso tumba los vetos y facilita la derogación acelerada de la sedición

Socialistas, morados y republicanos catalanes evitan mencionar una posible reforma del delito de malversación | Los grupos parlamentarios podrán registrar sus enmiendas parciales hasta el viernes de la próxima semana

Pedro Sánchez. EFE

Velocidad. Esta es la palabra que mejor define la tramitación de la proposición de ley orgánica para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. Una semana después de que el Congreso debatiera la toma en consideración de esta iniciativa, registrada por PSOE y Unidas Podemos hace escasos 20 días, el texto avanza un paso más este jueves sorteando las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Cs, Junts y la CUP. La norma quedará así a expensas de que los grupos parlamentarios negocien cambios concretos, como una posible modificación del delito de malversación.

El debate de este jueves será un mero trámite. PSOE y Unidas Podemos han llegado al Congreso con el respaldo de ERCPNV, EH Bildu y otras formaciones a su propuesta. Unos apoyos más que suficientes para echar abajo las enmiendas a la totalidad de texto alternativo que han presentado las cinco formaciones. Sin embargo, como ocurrió la pasada semana, se espera una discusión bronca en la que los partidos del Ejecutivo recibirán las críticas por derogar la sedición y por esa hipotética negociación con los republicanos catalanes para reformar el delito de malversación, por el que también están condenados algunos de los líderes del procés, que lleva semanas sobrevolando las negociaciones entre el Ejecutivo y los republicanos catalanes.

Sin embargo, ni los portavoz de PSOE y Unidas Podemos ni la de ERC han tocado este asunto. Las conversaciones al respecto, que el ala socialista del Gobierno niega que existan, se estarían llevando bajo una profunda discreción. El diputado socialista Felipe Sicilia se ha centrado en reivindicar que la derogación de la sedición solo busca equiparar el Código Penal al contexto europeo y ha puesto en valor que el Ejecutivo "hace política en Cataluña, que no es otra cosa que buscar el interés general con diálogo y acuerdo". En este sentido, ha reprendido al PP por haber "renunciado a hacer política" en Cataluña.

La diputada de ERC Carolina Telechea, que tampoco ha hecho referencia alguna al delito de malversación, ha defendido la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, aunque no sea la que querría su partido. "O nos quedamos como estamos o intentamos mejorar la realidad", ha dicho antes de señalar que son consciente de que "no es suficiente". "Ninguna propuesta que esté por debajo de la amnistía es suficiente", ha concluido. Además, ha avisado de que en los próximos días registrarán enmiendas para retocar el delito de desórdenes públicos agravados que se quiere introducir en el Código Penal. "Procuraremos que esté muy bien tipificado", ha dicho, compartiendo el miedo expresado por otros partidos y movimientos sociales a que esta nueva figura sea utilizada para criminalizar la protesta ciudadana.

Los reproches

En plena polémica por la ley del 'solo sí es sí', el diputado del PP Carlos Rojas ha aprovechado para recriminar al Gobierno que actúe con "urgencia y nocturnidad" para reformar el Código Penal para "favorecer" a los condenados por el procés, pero no para enmendar la norma impulsada por Igualdad tras la cual se están rebajando condenas a agresores sexuales. "Que triste señorías es ver a un partido perdiendo sus principios y que perjudicial para España es este Gobierno", ha sentenciado. Rojas, además, ha recordado la promesa lanzada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que reintroducirán el delito de sedición en el Código Penal cuando gobiernen.

Elevando el tono, como viene siendo habitual, el diputado de Vox Javier Ortega Smith ha reprochado a Pedro Sánchez que haya "decidido abiertamente entregar España en bandeja" a los independentistas. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha acusado al jefe del Ejecutivo de protagonizar un "arrodillamiento del Gobierno de España" ante el independentismo. "El Gobierno de España hoy se sitúa en el lado equivocado de la historia", ha recriminado.

¿Qué reclamaban?

Sobre la mesa han estado cinco textos alternativos al presentado por socialistas y morados. Los dos partidos del Gobierno registraron una proposición de ley para modificar el Código Penal y suprimir el capítulo 1 título XXII que versa sobre el delito de sedición y crear una nueva tipificación de delito de desórdenes públicos agravados que conlleve penas máximas de cárcel de 5 años. Aunque esta nueva figura ha provocado ciertos recelos en algunos partidos, todo podría ser matizado en el plazo posterior de enmiendas parciales.

Sin embargo, Junts y la CUP han presentado dos enmiendas a la totalidad en la que se deroga la sedición, pero no se incluye este nuevo delito. Los posconvergentes, además, plantean también la modificación del delito de rebelión para que sea necesario "el uso de las armas" y no solo un alzamiento "violento y público", como marca actualmente el Código Penal. Por su parte, la CUP recoge la derogación total de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.

En el sentido contrario están los textos de PP, Vox y Cs. Tanto los populares como los naranjas mantienen el delito de sedición tal y como está actualmente recogido en el Código Penal y, además, plantean la recuperación del delito de referéndum ilegal que eliminó el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en junio de 2005. Los de Inés Arrimadas también suman a su propuesta el endurecimiento de la rebelión. Vox, separándose del resto de partidos, llega a plantear la creación de una nueva categoría de delitos "contra la unidad de España".

Futuras negociaciones

El apoyo de ERCPNVEH Bildu y otros partidos como Más País o Compromís permitirá que socialistas y morados salven este trámite de manera holgada, aunque soportando las críticas en el hemiciclo. Lo más complicado empezará después. Los grupos parlamentarios tienen hasta el 9 de diciembre para presentar enmiendas parciales al texto, en las que podrán retocar el nuevo delito de desórdenes públicos o incluir la reforma de la malversación. Será, por tanto, en los próximos días cuando los partidos tengan que mover ficha y desvelar sus intenciones a este respecto.

Para cumplir con los objetivos del Gobierno de tener la reforma aprobada antes de que termine el año deberán imprimir velocidad -esa palabra que tanto está definiendo a esta tramitación- para que en la semana del 12 al 16 de diciembre la Comisión de Justicia redacte el dictamen y este sea aprobado en el pleno del Congreso. La siguiente semana empezaría un camino exprés por el Senado para, con suerte, recibir el visto bueno final en un pleno extraordinario en la Cámara Alta que se celebre en la última semana del año.

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