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Análisis

A la casilla de salida: elegir a los cuatro magistrados del TC

La espantada de Feijóo reabre el camino para que tanto el actual CGPJ como el Gobierno nombren a los sustitutos para sacar del estado de coma al Tribunal Constitucional

Alberto Núñez Feijóo, en una reciente comparecencia pública. EFE

Una persona que conoce desde el terruño a Alberto Nuñez Feijóo le vaticinó el pasado jueves por la noche a una personalidad del mundo judicial: "Alberto no va a firmar el acuerdo el viernes. Está bajando en las encuestas. Y sabes que le conozco lo suficiente".

Bingo: este pasado jueves por la tarde, el presidente del Partido Popular le confirmó por teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita en África, que abandonaba las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si La Moncloa mantenía su compromiso con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de llevar adelante la futura reforma legislativa del delito de sedición del artículo 545 del Código Penal. Sánchez replicó que una cosa era un proyecto legislativo que el Gobierno tenía en cartera y otro el cumplimiento de la obligación constitucional de renovar en plazo -ya vencido hace casi 9 años- el CGPJ.

El acuerdo de renovación ya está documentado. Se iba a anunciar este viernes 28 de octubre. Pero en la última semana, el círculo íntimo de Feijóo observó como el PSOE recuperaba posiciones en los sondeos y una subida en flecha del PP sufría un quiebro. Y esa subida del PSOE se añadía a la presión de la derecha judicial y mediática coordinada en Madrid. Unos y otros seguían machacando a Feijóo por "entregar" el Tribunal Constitucional (TC) y el CGPJ al Gobierno social-comunista, bolivariano y filoetarra.

Delito de sedición

Y del otro, ERC incrementó, al desbrozar el camino a los presupuestos generales del Estado, la presión para que el Gobierno hiciera gestos de apoyo a la reforma del delito de sedición. En unas pocas horas, esa futura reforma se convirtió en el tema estrella de la política española. En otros términos, se le servía en bandeja a Feijóo un argumento para echarse atrás en caso de necesitar uno de los muchos que ya ha utilizado el PP en el curso de los últimos cuatro años, cuando en noviembre de 2018.

Si en aquellos días la negociación saltó por los aires al filtrarse el nombre del futuro presidente pactado para el CGPJ -el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena- antes de la elección de los vocales -quienes formalmente eligen al presidente-, en esta ocasión el delito de sedición ha descerrajado el tiro de gracia del nuevo pacto, ahora abortado.

"La torpeza de hacer ruido con el tema de la sedición parece fuera de discusión", señaló una vocal del CGPJ a El Periódico. “Es evidente que ERC consideraba que era de primera magnitud. Pero para qué centrarse ahora en él cuando es un proyecto legislativo", añadió.

Cambio en la inhabilitación absoluta

Un magistrado consultado señala a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que esa reforma no conduce ningún puerto: “Aunque reduzcas las penas y en lugar de los 13 años de prisión [por sedición, malversación y desobediencia] que pusieron a Oriol Junqueras, la sedición se quede con la reforma digamos en 6 años, ¿qué va a cambiar?”

Al parecer, a Junqueras le interesa modificar la pena de inhabilitación absoluta que le impide volver a ejercer un cargo público. Es decir, que la rebaja de la pena de sedición también venga acompañada del cambio en la inhabilitación absoluta prevista para los sediciosos que ocupan en el momento de los hechos cargos públicos. "Siempre -señala otra fuente judicial- la inhabilitación será una pena accesoria más elevada para aquellos que son funcionarios públicos". La rebaja de la pena tampoco podría impedir que en caso de regresar a España, Marta Rovira, secretaria general del ERC, entre en prisión nada más pisar suelo español. “Porque no estamos hablando de una rebaja a una multa”, apuntó la fuente.

Pero la realidad es la única verdad. La ruptura de Feijóo plantea la posibilidad de volver a la casilla de salida y acelerar la cobertura de las cuatro plazas vencidas en el TC. Y, mira por dónde, las condiciones ahora son más propicias que hace algunas semanas.

Magistrado veterano y exfiscal

Porque el gran pretexto del grupo conservador durante el bloqueo era que no habían conseguido ningún magistrado del Tribunal Supremo interesado en pasar al TC. Y sobre todo que nadie de los miembros de la Sala Segunda como era el caso de Marchena, Antonio del Moral o Pablo Llarena, había manifestado interés. Pues ahora hay uno: Julián Sánchez Melgar.

Magistrado con mayor antigüedad que los mencionados y exfiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy en sustitución del fallecido José Manuel Maza, el magistrado Sánchez Melgar, consultado por miembros del CGPJ, tiene interés. “El sector progresista no pondrá ningún veto y le dará los votos”, manifiesta una vocal de dicho grupo a El Periódico. “Nosotros pediremos la misma conducta a los conservadores para nuestro candidato José Manuel Bandrés, miembro de la Sala Tercera”, añadió. En el nuevo contexto, con Carlos Lesmes dimitido, la mayoría de 3/5 requerida para los nombramientos se consigue con 11 votos.

Una vez elegidos los dos magistrados por parte del CGPJ, el Gobierno procedería inmediatamente a designar a los 2 candidatos que le corresponde y que la propuesta de una negociación conjunta TC-CGPJ por parte del PP había aplazado el 13 de septiembre, fecha en que los cuatro nombramientos debían realizarse conforme a la ley orgánica modificada el pasado 20 de julio.

La decisión de Feijóo de provocar el aborto de la renovación se realiza en mejores condiciones para el sector progresista que en noviembre de 2018. Porque Lesmes ha dimitido, restando un voto importante al sector conservador, y porque en su lugar está un vocal progresista, Rafael Mozo. A su vez, el argumento del sector conservador sobre la inexistencia de un magistrado del Supremo, y especialmente de la Sala de lo Penal, Sala Segunda, ya no se puede sostener.

last but no least porque la posible “alternativa” de la candidata María Luisa Balaguer para ser presidenta de consenso del TC, con el apoyo del sector conservador, se ha ido desinflando.

“Creo que tenemos que ponernos inmediatamente a sacar adelante la votación en el CGPJ. Hemos barajado un Pleno para el 14 de noviembre. Pero los sectores progresista y conservador tienen que tomar contacto y replantear la votación con Sánchez Melgar y Bandrés como candidatos”, señala una vocal progresista a este diario.

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