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Cataluña

El juicio del caso Pujol se retrasa: la familia lleva más de un año expurgando las referencias ajenas al procedimiento

El juzgado todavía no ha elevado a la Sala de lo Penal el procedimiento, lo que complica que el juicio se celebre en 2023

Jordi Pujol, en una imagen de archivo. EFE

El juicio del caso Pujol se está retrasando y no se prevé que se celebre en 2023 ni puede que en 2024, pero no por los problemas organizativos que pueda tener la Audiencia Nacional para señalar vistas, por el que se da preferencia a las causas con preso y que le obliga a usar determinada salas en función del número de acusados y abogados. Fuentes jurídicas señalan a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que el motivo es, en buena medida, el tiempo que está tardando la defensa de la familia Pujol en expurgar la causa para apartar de ella toda referencia personal ajena al procedimiento.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó el auto de apertura de juicio oral en junio del año pasado, una vez que la Fiscalía Anticorrupción formalizó su acusación contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La esposa del expresident, Marta Ferrusola, quedó fuera del procedimiento por demencia sobrevenida a petición de la defensa. Una opción que podría terminar siendo aplicada al propio Jordi Pujol, si la recuperación del ictus que sufrió hace unas semanas no resulta tan buena como se espera o su estado de salud se complica de otra forma dada su avanzada edad.

Anticorrupción presentó su solicitud de penas en mayo del año pasado, después de que la Sala de lo Penal ratificara el auto del anterior instructor del caso, el juez José de la Mata, que en julio de 2020 propuso juzgar a toda la familia por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con actividades corruptas. Parte de ellas, precisaba el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat por Jordi Pujol Soley (1980 y 2003).

El juez concluía que el expresidente de la Generalitat, su mujer y sus siete hijos, con la ayuda de otras 18 personas, como Mercé Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, con el que se inició la investigación de la causa, o los empresarios Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, pudieron cometer delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Un derecho de la defensa

La defensa presentó su escrito para oponerse a las acusaciones hace prácticamente ahora un año. En él aseguraba que "no existe un solo ingreso en el patrimonio" familiar "que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas". Trataba de neutralizar con la herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol, las acusaciones que le dirigen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen Podemos y Grand Tibidabo. Solo la Abogacía del Estado no acusaba al expresident.

Desde meses antes se había dado oportunidad a la defensa de informar al juzgado sobre lo que cree necesario apartar del procedimiento para que se proceda a su expurgo. El actual instructor del caso intentó abreviar el trámite dándole un plazo, pero la Sala de lo Penal le señaló que se trataba de un derecho de la defensa, por lo que no tenía más opción que esperar a que fuera ella la que respondiera al requerimiento. Se la circunstancia de que el abogado encargado de hacerlo está ahora de baja.

Hasta que no se proceda al expurgo del caso Pujol, este no podrá ser elevado a la Sala de lo Penal. Ahí empezará a correr el reloj para proceder a señalar la vista oral. Será entonces cuando se deberá comprobar la disponibilidad de salas con las que cuenta el tribunal, tanto en su sede de la calle Génova como en la de San Fernando de Henares.

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