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Diario de Mallorca

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Gestión del litoral

Canarias asume la gestión de Costas tras más de dos años de espera

La comunidad autónoma y el Estado cierran un acuerdo para la transferencia que se hará efectiva el 1 de enero de 2023

Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado. ANDRÉS GUTIÉRREZ

Canarias asumirá a partir del 1 de enero de 2023 las competencias en materia de Costas tras una ardua negociación con el Estado que se ha alargado más de dos años. El Gobierno regional y el Ejecutivo central sellaron este martes el acuerdo que permitirá a la comunidad autónoma hacerse cargo de la gestión del litoral del Archipiélago, una demanda histórica de las Islas. Así se acordó en el marco de la comisión bilateral y la comisión mixta de transferencias –que se celebraron en Tenerife después de doce y ocho años sin ser convocadas– y a las que acudieron tanto la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como el presidente canario, Ángel Víctor Torres. 

Isabel Rodríguez confía en que el traspaso y la cercanía sirvan para mejorar el servicio

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Ambos mandatarios asumieron que las negociaciones a lo largo de los últimos meses no han sido fáciles y que la firma de ayer supone «el punto final a muchos días y horas de trabajo», tal y como destacó la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Con este traspaso, Rodríguez señaló que no solo se da respuesta al Estatuto de Autonomía del Archipiélago –que prevé el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018– sino que también existen "muchas expectativas" para mejorar el servicio "desde la cercanía" que supondrá la gestión del Gobierno regional. 

El presidente canario subrayó que, a través del texto firmado por ambos gobiernos, Canarias adquiere "exactamente las mismas competencias" que ya han recibido comunidades como Cataluña o Andalucía en materia de Costas "ni más ni menos". Y explicó que a a partir de ahora la comunidad autónoma será la encargada de autorizar, por ejemplo, las actividades de temporada en playas y pantalanes, de efectuar las autorizaciones de dominio público de las desaladoras y emisarios submarinos o de decidir las obras y actuaciones en el litoral canario que sean de interés general.

La negociación para que Canarias pueda hacerse cargo de sus costas se ha extendido durante bastante tiempo. Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, la llegada de la pandemia en 2020 dejó en stand by el proceso. Los contactos se retomaron en febrero de 2021 pero unos meses después la negociación encalla tras la pretensión del Estado de retener competencias clave como las sanciones o el planeamiento de las intervenciones. Pero en diciembre de ese año da marcha atrás y acepta que Canarias iguale en competencias a Cataluña o Andalucía. 

Isabel Rodríguez confía en que el traspaso y la cercanía sirvan para mejorar el servicio

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Una vez salvado este obstáculo, las diferencias entre ambas instituciones se centraron en la insuficiente dotación material y de personal que, a juicio de la comunidad autónoma, impedía desarrollar todas las competencias de manera adecuada. Finalmente, ambos gobiernos cerraron estos flecos pendientes y llegaron a un acuerdo hace apenas dos semanas. 

Tal y como se precisó este martes, el Estado transferirá a Canarias material e infraestructuras en varias islas, además de 20 puestos de trabajo a los que se sumarán en enero de 2023 otras 25 personas, que aportará el Ejecutivo autonómico con recursos propios, para lo que destinar 1,5 millones de euros. Torres resaltó que considera este personal "suficiente" para desarrollar la gestión de este servicio y agilizar los expedientes administrativos.

El Ejecutivo canario se hará cargo de la tutela financiera de cabildos y ayuntamientos

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Canarias también acordó ayer con el Estado asumir la tutela financiera de los cabildos y ayuntamientos, es decir, la vigilancia y autorización de las operaciones de endeudamiento a largo plazo de los cabildos y ayuntamientos con más de 75.000 habitantes que incumplan los objetivos de deuda y/o estabilidad, entre otras responsabilidades. 

Una competencia que, pese a estar incluida en el Estatuto de Autonomía, ha sido ejercida en los últimos años ni por la comunidad autónoma ni tampoco por el Gobierno central, algo que ha provocado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haya dado un tirón de orejas a ambas administraciones. 

Tras el acuerdo de este martes, será Canarias la que comenzará a desarrollar esta función, que Isabel Rodríguez aseguró que agilizará las tareas de endeudamiento y financiación de las entidades locales mejorando así el servicio que prestan a los ciudadanos.  

Más de 14 millones para El Paso y Tazacorte

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, firmó ayer con el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, y el primer teniente alcalde de Tazacorte, David Ruiz dos convenios para habilitar nuevas ayudas para hacer frente a los efectos de la erupción volcánica. En esta ocasión, los acuerdos suman algo más de 14 millones de euros que se destinarán a la rehabilitación de infraestructuras municipales que han sido arrasadas por la lava. Tal y como detalló Rodríguez -que acudió al Archipiélago para participar también en la comisión bilateral Canarias-Estado y en la comisión mixta de transferencias- el ayuntamiento de Tazacorte recibirá 3,5 millones de euros mientras que se transferirán 10,9 millones de euros al consistorio de El Paso. Unas cuantías que se corresponden con el 50% de diferentes proyectos que han presentado ambos municipios, entre los que se encuentran la reparación de vías, de canales de abastecimiento o de instalaciones deportivas. 

Para Isabel Rodríguez estos acuerdos suponen un ejemplo más del compromiso del Estado con Canarias en momentos especialmente duros y con La Palma en particular tras la erupción en Cumbre Vieja. La ministra recordó la celebración de la Conferencia de Presidentes en la isla o la movilización de más de 400 millones de euros en ayudas. Además de las ayudas directas a 16.000 familias o los seis millones adicionales para la reposición de enseres, así como la agilización de muchos trámites. | D. G.


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