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Diario de Mallorca

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Gobierno

La nueva Ley de Memoria Democrática estrecha el cerco a la exaltación del franquismo

La nueva legislación contempla multas entre los 200 y 150.000 euros, siendo la mayor sanción para las autoridades que no impidan actos en favor de la dictadura

Escudo franquista en una esquina de la basílica del Valle de los Caídos. Reuters

No podrá pasar más de un año entre la promulgación de la Ley de Memoria Democrática y la realización de un retoque a una de las vigas del Ordenamiento Jurídico. Se trata de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación. Lo prevé el articulado memorialista que el pasado jueves pasó su examen último en el Congreso, y que, tras escala en el Senado, aparecerá en el Boletín Oficial del Estado. Esta es una de las ondas que ya está provocando en el estanque legislativo el articulado memorialista contra el que tan encendida oposición han mostrado PP, Ciudadanos y Vox.

Manda el proyecto de Ley de Memoria Democrática ya votado en la Cámara Baja que en doce meses se estudie cómo incluir en el derecho de asociación "como causa de disolución de las asociaciones, la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes", y esto es, explica la ley, para evitar la humillación de las víctimas de la dictadura, de la Guerra Civil o del golpe de Estado que la encendió.

Pero no solo se prevé con ese fin. Hay, dicen fuentes socialistas próximas a la elaboración de la Ley de Memoria, también una finalidad estratégica: cuando entidades como la Fundación Francisco Franco sean ilegalizadas, "que no reaparezcan por otro lado y con algún tipo de disfraz".

El camuflaje que a partir de ahora pueda adoptar el franquismo residual -o no tanto- en España es una preocupación de la que se habló a menudo en el Grupo Federal de Memoria que se constituyó en el PSOE desde que Pedro Sánchez recuperó las llaves de la secretaría general del partido. Existía esa previsión, y también la que tenían algunos activistas que han aportado ideas para la edificación del nuevo texto legal: el temor a una negativa frontal en instituciones conservadoras a cumplir lo legalmente previsto.

Dura oposición

"Está la derecha insumisa; insumisa y hostil", comentaba el pasado jueves en el Congreso el socialista valenciano Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana. Lo decía tras haber escuchado desde la tribuna de invitados las intervenciones de los portavoces de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular contra la nueva ley, algunos de ellos intentando sostener un puente argumental con el dolor de las víctimas de ETA.

Pese a la indignación que recorría el palco en el que estaba sentado, junto a figuras de la memoria histórica como Nelia, la hija del líder histórico de CCOO Marcelino Camacho, o Fausto Canales, pionero en el intento de recuperación de restos en el Valle de los Caídos, para Alonso no era una sorpresa lo que oía: "He visto durante muchos años a la derecha valenciana con la misma actitud", explicaba en un receso de la jornada parlamentaria.

Relata este veterano de las fosas comunes y las trincheras olvidadas que precisamente esa previsión de insumisión le llevó a proponer en 2020, en el proceso de escuchas para la nueva ley, que el articulado no saliera a la calle sin el abrigo de un cuerpo sancionador. Y su iniciativa tuvo éxito: la Ley de Memoria Democrática que viaja al Senado recoge castigos de entre 200 euros y 150.000 según los incumplimientos de sus mandatos se consideren infracciones leves, graves y muy graves.

Entre las conductas más castigadas, la de aquellas autoridades que no impidan "la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes...".

El principal aludido, sin nombrarlo, en esta advertencia legal es el estamento municipal; y también el autonómico. Son los dos ámbitos donde más se ha refugiado el homenaje a la dictadura y sus dirigentes. "Sabemos que las leyes son buenas o malas aproximadamente al año de entrar en vigor -reflexiona el abogado madrileño Eduardo Ranz, experto en pleitos de memoria histórica-. Las sanciones están previstas y la competencia sancionaria es de la Secretaría de Estado de Memoria. Por tanto, ya no serán los ayuntamientos de un color u otro quienes justifiquen la inacción con un incumplimiento que les salía gratis".

Se refiere también a un área que ha venido dándole quebraderos de cabeza los últimos años: la pervivencia -y persistencia- de símbolos de la dictadura en edificios oficiales, y de placas en las calles, contra la que se ha dirigido administrativamente especializando a su despacho en el derecho de Petición. "La decisión última de cambiar una calle sigue siendo de un ayuntamiento -explica-, pero ahora los consistorios estarán más rodeados por la ley".

El efecto real se podrá comprobar cuando pase, por ejemplo, el verano de 2023. Y aún más adelante, cuando se celebren nuevas elecciones generales.

Proscribir la exaltación

Ni siquiera en la Alemania democrática de hoy está del todo prohibido el enaltecimiento del nazismo; sí está castigada la exaltación o glorificación de su violencia. En España, la nueva ley de Memoria entra en el terreno de la democracia militante que no ha querido hasta el momento pisar el Tribunal Constitucional, cuya doctrina permite la expresión y realización de actos en los que se defiendan valores no albergados en la Constitución, o contra la Constitución misma.

Pero otra cosa es, aquí y en Alemania, el derecho de las víctimas a su dignidad, y a no ser humilladas. Este es el matiz que introduce la ley nueva de memoria. "La derecha -decía el jueves a este diario Matías Alonso- no asume una reconciliación que no sea bajo el silencio de las víctimas y el olvido de los verdugos. Es como si el verdugo exigiera el perdón de la víctima como algo debido. Creo que la derecha en España sigue sin tolerar que las víctimas del franquismo, aún las muertas, amplíen sus derechos".

Y este es, dicen otras fuentes socialistas próximas a la fabricación de esta ley, el espíritu con que ahora se cierra aún más el cerco contra las exaltaciones del franquismo. Las fuentes consultadas en la izquierda no descartan que algún día haya que retocar el artículo 510 del Código Penal para una definición más completa del delito de odio.

Hoy, trascendiendo lo jurídico, Eduardo Ranz piensa que "España se verá dignificada revocando títulos nobiliarios franquistas, retirando cuerpos de propaganda franquista en templos de la Iglesia, retomando la jurisdicción voluntaria de las víctimas. Se reafirma el deber de lo público en recuperar a nuestros olvidados. Nadie gana, porque en una guerra todos perdimos, pero hoy esos sobrevivientes reciben la mirada del gobierno, para no olvidar y no repetir lo que sufrieron esos corazones".

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