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Debate parlamentario

Comisiones de investigación en el Congreso: una historia de escaso éxito

Ninguna de las 27 que se han constituido ha logrado la unanimidad en sus conclusiones

Mariano Rajoy, durante la comisión de investigación por la Kitchen. EFE

Hubo un tiempo no muy lejano en que las comisiones de investigación estuvieron de moda. La legislatura que contó con dos presidentes del Gobierno de distinto signo político, la de la moción de censura, sumó el récord de siete comisiones de este tipo aprobadas. Con el adelanto electoral de 2019 solo dos acabaron sus trabajos y se pudieron votar sus conclusiones. Otras dos, pese a estar aprobadas, no llegaron siquiera a constituirse, y las tres restantes decayeron sin que los meses de trabajo arrojaran ningún resultado.

Algunos partidos han visto necesario, después de que estallara el caso Pegasus, crear una comisión de investigación sobre el espionaje a políticos. Sin embargo, PSOE y PP ya se negaron hace un par de semanas a impulsar una iniciativa de ese estilo sobre los pinchazos a dirigentes independentistas.

En el pasado, por la de la presunta financiación ilegal del PP desfilaron más de 50 comparecientes y llenó titulares durante casi dos años, pero entremedias llegó la sentencia judicial de Gürtel, la caída de Mariano Rajoy y los partidos acordaron un cierre en falso sin conclusiones justo antes de los comicios. Ha sido la tónica de las comisiones de investigación en los últimos tiempos: conclusiones descafeinadas, falta de consenso, debates grandilocuentes y comparecientes ilustres… y pocas conclusiones con escasa utilidad.

En democracia se han constituido 27 comisiones de investigación, incluyendo las llamadas comisiones de encuesta de la primera legislatura y la constituyente. Los partidos han propuesto bastantes más, pero las mayorías del Congreso son las que deciden cuáles salen adelante. A veces lo intentan de nuevo cuando cambian las mayorías, o tras el no del Congreso prueban suerte en el Senado. Es lo que ocurrió con la comisión para investigar los GAL, que se constituyó en la Cámara Alta después de ser rechazada en la Baja y bajo acusaciones de ser anticonstitucional. 

La Constitución recoge que pueden versar sobre “cualquier asunto de interés público” y sus conclusiones, que quedan plasmadas en un dictamen que vota el Pleno, no son vinculantes para los tribunales, más allá de que puedan remitirse al Ministerio Fiscal. El objetivo es que la Cámara se pronuncie y determine responsabilidades políticas, dejando las jurídicas al Poder Judicial. Pero ni siquiera esta división ha estado siempre tan clara. En la comisión que investigaba el caso Roldán, la jueza solicitó a través del Supremo los testimonios de los comparecientes por escrito, pero el Congreso los envió a la Fiscalía, aplicando estrictamente lo que señalaba la Constitución, algo que no gustó al presidente del Tribunal Supremo: esos testimonios sólo habían de enviarse cuando la comisión finalizara sus trabajos y si encontraba indicios de delito.

Votos particulares

En las 27 comisiones de investigación, la tónica ha sido la presencia de votos particulares e incluso de votaciones separadas de unas conclusiones que apenas en un par de casos han rozado la unanimidad: la del proceso electoral de 1989 y la que investigaba el patrimonio del ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Los votos particulares se votan en primer lugar en el Pleno, tal y como se decidió en otro debate bronco en la II Legislatura a cuenta de la comisión sobre la financiación de los partidos políticos. Seis de estas comisiones no llegaron ni a emitir un informe de conclusiones. Y en otras, como la de la crisis financiera, solo pudieron aprobarse algunas de las conclusiones, quedando desdibujadas.

En esta legislatura, el Congreso ha dado luz verde a dos dictámenes de sendas comisiones de investigación: la del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que contó con el voto particular del PSOE trece años después del suceso, y la que investigó el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. La primera de ellas se constituyó por primera vez en 2018, pero decayó con la convocatoria electoral. También en 2019, y no llegó ni a constituirse por otra repetición de comicios. A la tercera va la vencida. 

Ahora continúa sus trabajos la de la gestión de las vacunas de la covid, otro ejemplo de comisión a la que no se le auguran grandes resultados. PP, Vox y Ciudadanos decidieron abandonarla tras calificarla de “pantomima” y “tomadura de pelo”: la mayoría de los dos socios de Gobierno impidió que compareciesen el exministro de Sanidad Salvador Illa, su sucesora en el cargo, Carolina Darias, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando SimónTambién las hay frustradas, como las relativas a la Corona: son numerosas las veces en las que los partidos han solicitado la creación de comisiones para investigar al rey emérito, pero todas se han topado con el muro de la inviolabilidad del Monarca, incluso cuando los letrados de la Cámara avalaron por primera vez que sus señorías indagaran.

El 11M o Gescartera

Entre las más destacadas, la que se encargó de investigar los atentados del 11 de marzo. Su protagonista fue Pilar Manjón, madre de una víctima, con un discurso que fue más bien una reprimenda a la labor de los parlamentarios: “Ha sido la comisión de ustedes y para ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa que, se supone, es la de todos”. La comisión, que contó con el rechazo del PP, concluyó que el Gobierno de José María Aznar tergiversó la información sobre la autoría de los atentados para mantener la vinculación con ETA.

Una de las más broncas fue la que investigaba el caso Gescartera. El portavoz del PP, Vicente Martínez-Pujalte, comenzó a enumerar casos de corrupción del PSOE en el pleno en que se votaba el dictamen definitivo, sin que ello tuviera que ver con el objeto de la comisión. El informe eximía de responsabilidad política al Gobierno popular y contó con el apoyo de PP, CiU y Coalición canaria, y la oposición y votos particulares de PSOE, IU o el PNV. 

Pese a que la opción está contemplada, sólo se ha constituido una Comisión conjunta de Congreso y Senado, la que investigaba el consumo de aceite adulterado que aprobó sus conclusiones en 1982. En palabras del senador de Alianza Popular, Félix López Hueso, las comisiones en España han servido para tres cosas: “Quitarse sin piedad el asunto del medio y decir, cada vez que se levanta la opinión publica, que ya hay una comisión actuando; para transferir el problema al poder legislativo sin que se le dote de los medios adecuados; y para hacer en términos taurinos un brindis al tendido de comisiones que se crean a sabiendas de que no van a servir de nada”. Casi 30 años después -y más allá del símil taurino- sus palabras siguen en plena vigencia.

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