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Tribunales

Las claves del ultimátum del TSJC sobre la inmersión y el enredo del pacto lingüístico

Junts se descuelga definitivamente del acuerdo mientras la justicia da 15 días para aplicar el 25% de castellano en las aulas

Las claves del ultimátum del TSJC sobre la inmersión y el enredo del pacto lingüístico.

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ordenó el lunes a la Conselleria d'Educació que ejecute en un plazo máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en todos los centros educativos de Catalunya. La decisión obligó a retomar las negociaciones en el Parlament para aprobar algunos retoques en la ley de política lingüística, pero Junts se ha descolgado definitivamente del acuerdo que suscribió junto al PSC, ERC y los 'comuns'. Estos tres partidos tienen mayoría para sacar adelante el retoque, pero están ya en tiempo de descuento. Estas son las claves del periplo por flexibilizar la inmersión y encajar la sentencia judicial:

¿Qué exige el TSJC?

El periplo legal comenzó en 2015, cuando la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Educación que pilotaba José Ignacio Wert, denunció la “inacción” de la Generalitat para cumplir con ‘ley Wert’, que mencionaba el castellano como lengua vehicular. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa propulsó una nueva norma, la ‘ley Celáa’, también referida a la ministra Isabel Celáa, con un texto muy ambiguo sobre el uso de las dos lenguas en la enseñanza y que fue apoyada por Esquerra al entender que blindaba la inmersión lingüística. Sin embargo, el criterio de los jueces sigue siendo el mismo porque interpretan que se tiene que “hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales” y que, por lo tanto, la Generalitat debe aplicar el 25% de castellano en los planes educativos. El tribunal concreta en su última resolución que, además de la asignatura de lengua castellana, los colegios deberán impartir otra asignatura en castellano y esta deberá ser troncal.

¿Cómo reaccionará el Govern?

El Govern lleva meses maniobrando ante la Justicia para ganar tiempo y consolidar en un decreto una respuesta que permita sortear la aplicación de este fallo. Los recursos han sido constantes, pero sin éxito, porque los magistrados se han mantenido en lo dicho hasta llegar a admitir la ejecución forzosa que pedían entidades en favor del bilingüismo. El propósito era reformar la ley de política lingüística con un apoyo amplio en el Parlament (PSC, ERC, Junts y 'comuns') y después perfilar el decreto, pero el descuelgue de la posconvergencia complica esta vía. Ante esto, el Executiu volverá a recurrir, pero las opciones son cada vez más escasas para sortear el acatamiento ya que el órgano judicial que los resuelve es el mismo que dicta la resolución. Después, llegaría al Tribunal Supremo, pero ya consideró firme el fallo. Otra opción es que la Generalitat pida más tiempo reclamando al tribunal que aclare algunas cuestiones sobre su sentencia.

El ‘conseller’ Josep Gonzàlez-Cambray pidió calma a la comunidad educativa y sostuvo que los centros no deberán aplicar ningún cambio, sin detallar cómo actuará si pasados los 15 días no hay encaje legal que blinde el modelo actual. Si finalmente no acata, puede exponerse a querellas por desobediencia que conllevan penas de inhabilitación para cargo público.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que en las escuelas catalanas se impartirá más catalán en los próximos cursos: "En las escuelas catalanas se hará más catalán después de la sentencia que antes de este ataque. Pondremos todos los esfuerzos en incrementar el uso del catalán en todos los ámbitos de la escuela". Sin embargo, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya ha avisado de que la "alta inspección" del Estado actuará para que se cumpla la sentencia de los tribunales.

¿Por qué está en 'stand by' el pacto del Parlament?

Mientras el Govern avanza en su respuesta a la orden, los partidos siguen encallados sobre el retoque de la ley de política lingüística. PSC, ERC, Junts y 'comuns' registraron una proposición de ley el 24 de marzo que mantenía el catalán como "lengua vehicular" y que, a su vez, garantizaba el uso del castellano, dando margen a los centros educativos para definir sus proyectos lingüísticos. La posconvergencia congeló el pacto ocho horas después por la polémica que generó en algunos sectores del independentismo. Desde entonces, Junts ha pedido en hasta tres ocasiones más tiempo para seguir negociando y evitar que el texto fuera al pleno. Pero la enésima resolución del tribunal puso a ERC, PSC y ‘comuns’ en tiempo de descuento, y Junts se ha descolgado definitivamente del acuerdo porque, a su juicio, no reúne el consenso necesario con las entidades. Los morados y el PSC apuestan por debatirlo “ya”, pero Esquerra pide unos días para analizar todos los escenarios a su alcance sin Junts. Fuentes de la negociación afirman que la posconvergencia no ha puesto sobre la mesa en ninguna reunión qué aspectos pretende modificar del texto acordado, por lo que achacan a las discrepancias -y al congreso del partido del próximo 4 de junio- en el partido la falta de pacto.

¿Qué dice el pacto lingüístico?

El texto que fue suscrito inicialmente no fija ningún porcentaje. El documento reza que el catalán es la lengua "normalmente empleada" como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y que "también es empleado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". "Para lograr el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al final de la enseñanza obligatoria, la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales tiene que tener garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro", zanja.

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