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Infraestructuras

El Gobierno paraliza el proyecto del primer tramo de la autovía entre Cáceres y Badajoz por el alza de los costes

El Ministerio de Transportes alude a la "coyuntura económica" para explicar el parón de las obras proyectadas, una distancia de 13,5 kilómetros

Un operario trabaja en las obras que se efectuaron en la rotonda de acceso a la capital cacereña de la N-523. Un operario trabaja en las obras que se efectuaron en la rotonda de acceso a la capital cacereña de la N-523. SILVIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha visto obligado a paralizar el primer tramo de la futura conexión por autovía entre Cáceres y Badajoz debido a "los incrementos de los precios causados por la coyuntura económica". La decisión afecta a las obras de la A-58 entre la A-66 y el río Ayuela, con una distancia de 13,5 kilómetros. El departamento confirmó este martes a El Periódico de Extremadura, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, que una vez concluida la actualización de costes se aprobará de nuevo el proyecto y se procederá a la licitación de estas obras.

Dicho tramo se validó en septiembre de 2019 mediante la resolución del Ministerio de Fomento donde se aprobó el expediente de información pública y definitivo del proyecto de construcción de la autovía A-58, en el tramo A-66- río Ayuela, en la provincia de Cáceres.

El pasado mes de enero, la consejera autonómica de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, situó el comienzo de las obras en 2022. Subrayó entonces que desde noviembre estaban "dispuestas para salir a licitación" y aseguró que la cesión de la titularidad al Estado "permitirá que, teniendo ya una primera reserva presupuestaria, el inicio de ejecución de esta obra se pueda producir con seguridad". 

La actual N-523, que en total tiene una longitud de 90 kilómetros, cuenta con una intensidad media diaria de 4.239 vehículos, de los cuales 596 son pesados, de acuerdo a los últimos datos disponibles, los de 2021, año en el que los confinamientos y las restricciones de movilidad decretadas a causa de la pandemia aún le restaron algo de tráfico a esta vía. En 2019 la intensidad media diaria de esta carretera se situó en 4.853 vehículos (4.235 ligeros y 618 pesados).

Alonso Sánchez, secretario general de la Asociación de Empresarios de Transportes de Extremadura (Asemtraex), recalca que la autovía "permitiría reducir el tiempo del trayecto a tres cuartos de hora". Un cambio que, indica, "mejoraría el flujo y la salida de mercancías". Igualmente, considera que "mejoraría las condiciones laborales de los transportistas", tanto por la reducción que supondría en gastos como el del combustible, como por la mayor seguridad puesto que la actual carretera, aduce, "tiene unas curvas peligrosísimas, con peraltes que están cambiados".

En esta misma línea, Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), califica la reconversión de la vía entre Cáceres y Badajoz como un "impulso vital para la estructura del desarrollo territorial de Extremadura". Argumenta que "dicha autovía generaría más fluidez en el flujo económico tanto comercial como logístico de las dos ciudades más pobladas de la región". Por otra parte, señala "el lastre y coste de oportunidad" que actualmente supone la falta de una autovía a la hora de que las empresas instaladas en las dos capitales de provincia y en sus respectivos entornos puedan ser competitivas, una situación que generara "una desigualdad con otros territorios a la hora de crecer y mejorar".

Cronología

El proyecto de la autovía Cáceres-Badajoz lo presentó en 2006 el por aquel entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Su coste fue presupuestado en 360 millones de euros. El Estado asumió en 2019 la dirección del proyecto tras la cesión del gobierno autonómico de la vía, que pasó a denominarse N-523.

No fue hasta quince años después de su anunció cuando arrancaron las primeras obras, con una ampliación de la rotonda de acceso a la capital cacereña para impedir que la declaración de impacto ambiental, que data de 2009, terminara caducando.

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