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Diario de Mallorca

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Investigación judicial

La Guardia Civil descubre ingresos sospechosos a un cargo del Govern

Empresas subvencionadas o proveedoras de la Diputación de Barcelona realizaron ingresos en las cuentas de Jordi Castells cuando este era su director de relaciones internacionales

Jordi Castells, al salir en libertad en mayo del 2018.

Saldos en bancos duplicados en solo dos años, pagos de viviendas sin hipoteca e ingresos de dinero de empresas subvencionadas y relacionadas con la Diputación de Barcelona donde ocupó el cargo de director de relaciones internacionales. Todo ello aparece en un informe de la Guardia Civil sobre Jordi Castells Masanes, en la actualidad subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, en el que apunta a un “posible incremento patrimonial ilícito” e ingresos sospechosos, según la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya. Castells fue detenido en mayo del 2018 en una marcooperación policial por presunta corrupción en entidad provincial en la época de CiU.

El atestado ha sido entregado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona en la época de CiU a diversas entidades, entre ellos algunas de la órbita soberanista, como Catmon, y presunta financiación del procés. A raíz de los mandamientos del juez Joaquín Aguirre a 23 bancos y de la información aportada por la Agencia Tributaria, la Guardia Civil ha descubierto que Jordi Castells adquirió en el 2013 un inmueble y una plaza de aparcamiento en la capital catalana por un importe de 295.000 euros sin haber solicitado una hipoteca, más allá de “lo que parece ser” un préstamo de su madre de 100.000 euros ingresado en una cuenta de la que se pagaron 270.000 euros mediante un cheque para la compra de la vivienda. Los agentes precisan que no se han localizado apuntes bancarios que acrediten la devolución del dinero a su madre.

En el 2018, índice el atestado, Castells y su esposa adquirieron otra vivienda por 220.000 euros, sin haberse formalizado tampoco una hipoteca. Los agentes desvelan que el patrimonio de Castell pasó de 216.634 a 502.332 euros desde 2015 a 2017, reduciéndose drásticamente en el 2018, año en que se adquirió ese segundo piso. Entre el 2013 y el 2016, el encausado ingresó en efectivo a través de cajeros automáticos 44.000 euros, sin que los agentes hayan podido determinar el origen concreto de esos fondos.

Los investigadores ha encontrado dos cobros de 1.580 y 2.000 euros procedentes de empresas que han mantenido "relaciones mercantiles", según el informe, con la Diputación de Barcelona, como Planning Strategies for Development. En el campo de observaciones de ese ingreso se expresa “pago erróneo Batchelli Aulas”, que la Guardia Civil identifica como Jordi Batchelli Aulinas, que trabajaba en el Grupo IGFA y fue regidor de ERC en Camprodó (Ripollés). IGFA está relacionada con subvenciones otorgadas por la Diputación. “No parece justificarse que Jordi Castells hubiera percibido esas dos transferencias en una cuenta de su titularidad”, recalcan los agentes.

Pagos y sociedades interpuestas

Los investigadores han hallado también en otra cuenta de Castells ingresos que podrían provenir del administrador de la empresa Planning Strategies (se ha requerido al banco que aclare este extremo), así como pagos de esta misma compañía a la sociedad Pirenalia Local Development, vinculada al mismo excargo de la Diputación, o directamente a él. Los desembolsos hallados oscilan entre los 580 y los 2.601 euros.

También se ha localizado entradas en las cuentas de Castells de fondos procedentes de la entidad Fundación Bellota y Alcitrón, otra entidad que obtuvo una subvención de la Diputación y en cuya solicitud habían “múltiples deficiencias”, entre las que se encontraba que la suma del coste de las actividades era de 41.775 euros, pero la petición ascendía a 84.000 euros. Esa transferencia se realizó tras haberse otorgado esta partida y “sin que parezca estar justificado que una entidad beneficiaria hubiese realizado un pago directo a una de las personas responsables de la adjudicación de la subvención”, incide la Guardia Civil. Hay otros ingresos sospechosos en las cuentas de Pirenalia, vinculada a Castells, como dos de la entidad Cubic Estudi Técnic, que fue proveedora de la Diputación, según el instituto armado. El juez ha requerido a esta institución los contratos sobre la empresa Planning y Cubic Estudi.

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