El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la personación de la Generalitat como acusación particular en la pieza separada del caso 3% en la que se investiga la presunta financiación ilegal de CDC, a través de la productora audiovisual Triacom, única pieza que sigue aún en instrucción.

El grueso de este procedimiento ya se elevó a la Sala de lo Penal para el enjuiciamiento de los exgerentes de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, al exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera y a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, entre las que figuran Convergència y el PDECat.

En una providencia de apenas un párrafo, el magistrado argumenta, conforme le ha informado la Fiscalía Anticorrupción este mismo lunes, que la Generalitat no ha acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni ha aportado datos en los que se pueda soportar su nueva condición en este momento en un procedimiento que llega tiempo en instrucción. En concreto, la pieza relativa a los pagos a través de Triacom se desligó de la pieza principal en 2018.

El magistrado, además, hace constar que la personación del Govern sería cuando menos cuestionable, ya que ”en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, en referencia a los de Junts, heredera de Convergència. Ello hace incompatible su personación como acusación particular, que es la que corresponde a los perjudicados directos de un delito.

Financiación irregular

En esta pieza se investiga si se canalizaban aportaciones de distintas sociedades hacia CDC, o que servían para pagar servicios al partido, a través de la productora audiovisual Triacom, dirigida por el imputado Oriol Carbó. En el escrito solicitando la personación ya se especificaba que la causa "tiene como objeto la investigación relacionada con la presunta financiación irregular" de Convergència, a través de Triacom.

La petición se acompañaba de un documento firmado por Aragonès y dirigido al director de su gabinete jurídico, Francesc Esteve Balagué, en el que autorizaba la comparecencia de la abogacía de la Generalitat "en representación y defensa" de la institución catalana, tras haber tenido "conocimiento a través de distintos artículos" publicados en los medios de comunicación y que, a su entender, "la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica" de la Administración catalana.