España no tiene ningún paraguas legal para confinar a las personas que no se han vacunado, en torno a cuatro millones, como está sucediendo, desde este pasado lunes, en Austria. Así lo explica a El Periódico de España Jorge Rodríguez-Zapata, ex magistrado del Tribunal Supremo, quien recuerda que actualmente el marco legal en España no establece la obligatoriedad de la vacunación e imponer un confinamiento a la austríaca, quedaría descartado en nuestro país. "Violaría los derechos fundamentales", afirma Rodríguez-Zapata.

Europa está en alerta ante el avance de la Covid-19. La amenaza de una sexta ola, en la que diferentes países parecen estar ya inmersos por los bajos índices de vacunación, ha obligado a algunos gobiernos a adoptar medidas drásticas. En Austria, con una tasa de vacunación "extremadamente baja" según las autoridades del país, desde esta misma semana, las personas que no se hayan inmunizado contra el virus -unos dos millones de ciudadanos- deben permanecer confinadas, según una regulación pactada entre el Gobierno federal y las administraciones regionales.

Los afectados por esta medida pionera -hacia la que ya miran otros países que como Alemania, que también estudia un confinamiento parcial de las personas que no se hayan inmunizado- tienen que estar en sus domicilios salvo para actividades esenciales, como ir a trabajar, al médico o a realizar compras de productos básicos. Sólo los menores de doce años, las mujeres embarazadas y quienes puedan demostrar que han pasado el coronavirus en los últimos seis meses, se libran de esta medida. Incumplirla, supone multas de hasta 500 euros, que ascenderían a 3.600 en el caso de las empresas que no cumplan.

El escenario español

En España, algunas comunidades autónomas, inmersas estos días en el debate de si deben o no ampliar la exigencia de un pasaporte covid para acceder a determinados lugares o eventos ante el repunte de casos que también vive nuestro país, también miran hacia Austria con cierta envidia.

Es el caso de Andalucía -con más de medio millón de personas que han rechazado vacunarse- donde el Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, admitía esta misma semana su admiración por las contundentes medidas adoptadas en este país. En un tono mucho más duro, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, también se ha declarado defensor a ultranza de que se obligue a vacunar a todo el mundo "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar".

"Esa imposición sólo se podría establecer mediante una ley orgánica que podría acarrear problemas de constitucionalidad", señala el ex magistrado

Sin embargo, semejante opción queda completamente descartada en España indica a este diario el ex magistrado Rodríguez-Zapata. Actualmente el marco legal en nuestro país no establece la obligatoriedad de la vacunación, recuerda. De hecho, desde el arranque de la campaña, hace ya casi un año, el Gobierno dejó claro que recibir las dosis siempre sería una opción voluntaria y que, por la experiencia en las campañas de inmunización, llegar a este supuesto no sería necesario.

De entrada porque, abunda, esa imposición sólo se podría establecer mediante una ley orgánica que podría acarrear problemas de constitucionalidad. "Prohibir es muy fácil, pero los derechos fundamentales son derechos fundamentales y somos ciudadanos libres", apunta el ex magistrado.

Sanitarios insumisos

El nuestro es un país que lidera el ranking mundial de inmunización, de manera que los sanitarios no vacunados suponen una cifra residual, según los colegios profesionales. También es cierto que, como no hay estadísticas oficiales, no se sabe cuántos son. Algunas comunidades, como Galicia o Andalucía, llevan meses insistiendo en que esa obligatoriedad sea una realidad en determinadas profesiones como ya sucede en países de nuestro entorno, el último el Reino Unido.

La Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual pide una reforma legal para que la vacunación sea obligatoria entre los profesionales sociosanitarios

Es en este último caso, cuando el ex magistrado Jorge Rodríguez-Zapata considera que si el Gobierno español siguiera una medida similar a la adoptada por el austríaco, sería "bienvenida". "No me parece descabellado en este caso; incluso en una empresa; si tienes varios trabajadores y uno no se quiere vacunar, podría tener sentido, pero hoy por hoy no existe una ley orgánica en ese sentido", concluye.

Este mismo martes, la Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual (Dincat) volvía a hacer un llamamiento al Gobierno autonómico para que lleve a cabo una reforma legal que establezca la vacunación obligatoria entre aquellos profesionales que atienden a colectivos en riesgo. La entidad defiende que "es una medida necesaria para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas a las que acompañamos, circunstancia que en tiempos de pandemia como la actual debería prevalecer".

Exigencia de pasaporte Covid

Lo cierto es que la medida, contundente y pionera, aplicada por Austria ha generado un amplio debate en los últimos días. En la misma línea, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, consideraba este mismo lunes que, en la actualidad, sería "difícil" confinar a las personas no vacunadas siguiendo el ejemplo austríaco, por ejemplo, porque no hay "ningún paraguas legal" para poder tomar esa medida.

Una vez que las comunidades descartan restricciones de cara a Navidad, la ampliación del 'pasaporte covid' es la opción con más papeletas para bajar la incidencia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, pedía también una decisión uniforme sobre la posibilidad de establecer la vacuna obligatoria para determinados colectivos profesionales, como se está haciendo en otros lugares de Europa, o sobre la exigencia del 'pasaporte covid'. De hecho, el Gobierno autonómico va a solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para poder utilizar ese certificado.

El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, también ha anunciado que "se acelerará el proceso legal" para implantar ese pasaporte sanitario y otras comunidades -que por el momento no se plantean ampliar las restricciones- ya trabajan en el mismo sentido, como Cataluña. En Navarra, con las tasas de incidencia más altas del país según los datos aportados por Sanidad, estudian aplicar las mismas medidas.