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La judicialización del procés

Los 5 pulsos judiciales que Puigdemont le ha ganado al juez Llarena

La causa del Tribunal Supremo contra el expresident acumula cuatro años de varapalos en Europa

Pablo Llarena y Carles Puigdemont.

Las esperanzas de los abogados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estaban fundadas. Italia se ha convertido en el quinto país que inflige un varapalo al Tribunal Supremo y, más concretamente, al juez Pablo Llarena, instructor de una causa que no deja de chocar con un muro en cada país europeo que atraviesa. A punto de cumplirse cuatro años de su salida de España, el líder de Junts y los exconsellers Toni ComínClara Ponsatí y Lluís Puig ya han ganado cinco batallas a la justicia española, superando incluso dos detenciones.

Estos son los cinco países por los que ya ha pasado la causa contra Puigdemont, mientras se mantiene la gran incógnita de en qué sentido se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Alemania

El 23 de marzo de 2018, tras el procesamiento de los nueve presos del 1-O por rebelión y malversación, Llarena ordenó reactivar las órdenes internacionales y europeas de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos (entonces también estaba en esa condición Meritxell Serret, quien se entregaría al Supremo en marzo de 2021). Dos días después, mientras regresaba en coche a Bélgica (donde reside desde noviembre de 2017) tras dar una conferencia en Finlandia, la policía alemana detuvo a Puigdemont al norte del país, tras cruzar la frontera, y lo trasladó a la cárcel de Neumünster.

La Fiscalía alemana solicitó la extradición a España, pero el Tribunal de Schleswig-Holstein no vio admisible el delito de rebelión y acordó su libertad bajo fianza de 75.000 euros el 5 de abril. El tribunal alemán que descartó el delito de rebelión aceptó entregar a Puigdemont pero solo por malversación. Sin embargo, el juez Llarena lo rechazó porque eso impediría juzgarle por el delito más grave y decidió suspender las órdenes de búsqueda europeas.

Bélgica

Desde la primera vez que Puigdemont se presentó ante la justicia de ese país, la fiscalía y los jueces belgas rechazaron su entrega a España por un defecto de forma. Una vez elegido eurodiputado (en mayo de 2019) y tras la sentencia del procés (en octubre de 2019), el Supremo reactivó las euroórdenes de detención, esta vez por sedición y malversación, y las envió a Bélgica y Escocia, donde se encontraba Ponsatí. Tres días más tarde, Puigdemont se presentó ante la Fiscalía belga y el juez le dejó en libertad sin fianza con la condición de que estuviese siempre localizable.

En enero de 2020, Bélgica dejó en suspenso la orden de detención europea dictada por Llarena contra Puigdemont y Comín. El juez que debía resolver si acordaba su entrega a España consideró que ambos gozaban de la inmunidad que les otorgaba su acta de eurodiputados, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le reconocía esa misma prerrogativa a Oriol Junqueras.

En agosto de 2020, un juez de Bruselas denegó la entrega de Lluís Puig a España al entender que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo, sino un tribunal catalán. La Sala de Apelación de Bruselas ratificó la decisión del juez el 7 de enero de 2021.

Escocia

El Tribunal de Edimburgo mantuvo durante tres años una enconada disputa judicial con la exconsellera Clara Ponsatí. Fue desde marzo de 2018, cuando se instaló en Escocia para dar clases en la Universidad de Saint James, hasta agosto de 2021, cuando la Corte de Justicia dio carpetazo al procedimiento de extradición sin fallar sobre el fondo de la cuestión. Se desentendió del caso porque Ponsatí ya no residía entonces en el país, al haberse trasladado de nuevo a Bélgica tras haber obtenido el acta de eurodiputada.

Cuando se presentó por primera vez ante la justicia escocesa, el tribunal la dejó en libertad pero le retiró el pasaporte para que no pudiera abandonar el país. Sin embargo, en noviembre de 2019 levantó todas las medidas cautelares contra la 'exconsellera'. El magistrado tuvo en cuenta el cambio de residencia al archivar la causa y ordenar la eliminación de Ponsatí de la lista de personas perseguidas en Reino Unido.

Suiza

Antes de que Alemania detuviese a Puigdemont, otros dos países habían evitado arrestar al líder de Junts cuando este pisó su territorio. Primero fue Dinamarca, a cuya capital, Copenhague, se desplazó el 'expresident' en enero de 2018 para dar una conferencia universitaria. La fiscalía había solicitado al Supremo que se cursase una orden de detención, pero el tribunal rehusó hacerlo. Dos meses después, cuando Puigdemont viajó a Suiza, la fiscalía optó por efectuar unas gestiones previas para conocer "la viabilidad de la detención de los fugados y su reclamación a efectos de extradición".

El Gobierno suizo afirmó que no había "ninguna base" para detenerles. El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, recordó que, meses antes, el Tribunal Supremo había "retirado la orden de detención y entrega europea" contra Puigdemont y el resto de huidos. "Y esa decisión sigue vigente", zanjó. Suiza alegó también que en ese país residen, desde febrero de 2018, Marta Rovira y Anna Gabriel, contra las que nunca se ha cursado euroorden. Cabe recordar que Rovira y Gabriel, a diferencia del resto de procesados, nunca han sido acusadas de rebelión ni de sedición.

En paralelo, la oficina Sirene (la red de información y coordinación policial entre los países de la zona Schengen) helvética comunicó a la española que "los hechos descritos no constituyen, a primera vista, un delito extraditable", sino que "parecen ser un delito político o un delito relacionado con un delito político".

Italia

El 23 de septiembre de 2021, Puigdemont fue arrestado en el aeropuerto de L'Alguer, en Cerdeña en virtud de la euroorden de detención del Supremo. Tras pasar la noche en la prisión de Bancali, al día siguiente el Tribunal de Apelación de Sassari le dejó en libertad sin medidas cautelares. La jueza Plinia Azzena confirmó la legitimidad de la detención del líder de Junts, pero ordenó su "inmediata puesta en libertad" por considerar que la orden de arresto estaba suspendida. Otro de los motivos que adujo fue que no dejarle libre dañaría "de forma grave el derecho del detenido a viajar libremente para participar en las reuniones en el Parlamento Europeo", garantizado por "una inmunidad todavía intacta". 10 días después, el Tribunal de Apelación de Sassari ha ratificado esta decisión.

Unión Europea

El 26 de mayo de 2019, Puigdemont, Comín y Junqueras –este último entonces en prisión– fueron elegidos eurodiputados en las elecciones europeas y adquirieron inmunidad parlamentaria. Ponsatí obtuvo el acta meses después, tras la salida de los europarlamentarios británicos a raíz del brexit. En diciembre, el Tribunal de Justicia de la UE enmendó a España al sentenciar que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado y haber gozado de inmunidad. El fallo afecta Puigdemont y Comín, que el 6 de enero de 2020 fueron reconocidos como eurodiputados.

De inmediato, el juez Llarena solicitó al Parlamento Europeo el suplicatorio para que suspendiera la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. En marzo de 2021, la Eurocámara aprobó el suplicatorio y los tres eurodiputados recurrieron la pérdida de la inmunidad al Tribunal General de la UE, que aceptó las medidas cautelares les devolvió la prerrogativa provisionalmente. Pero el 30 de julio pasado, la justicia europea desestimó las medidas cautelares y anuló definitivamente la inmunidad de Puigdemont y los 'exconsellers'. Ahora bien, el auto explicita que las euroórdenes están suspendidas mientras se resuelven las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo.

Y es que, en marzo de 2021, el juez Llarena envió siete cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE para intentar evitar que Bélgica repita con Puigdemont la negativa a extraditar a Lluís Puig. En función de la respuesta de la justicia europea, que todavía no se ha pronunciado, Llarena decidirá si retira, mantiene o emite una nueva petición de extradición.

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