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Seísmo en la monarquía

Crece la inquietud en el Gobierno por el rey emérito y el daño a la Corona

El ala socialista del Ejecutivo muestra su inquietud por un "salto cualitativo evidente" en el cerco a Juan Carlos I, que podría erosionar más la institución

El rey Felipe VI recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Marivent, Palma.

"Acabe como acabe, esto va a acabar mal". Dos ministros socialistas emiten el mismo pronóstico. Y resumen el estado de ánimo que cunde en la parte mayoritaria del Gobierno y en el corazón de la Moncloa tras conocerse lo que para algunos dirigentes es un "salto cualitativo" en la investigación que se sigue contra el rey emérito. El contenido de la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, y que fue adelantado el viernes por 'El Mundo'. Un escrito por el que el ministerio público asegura que Juan Carlos I cobraba "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". En el ala socialista del Ejecutivo es perceptible una mayor inquietud por el cerco que se estrecha sobre el padre del actual jefe del Estado y por el daño, quizá "irreversible", que está infligiendo a la institución. Algunos altos cargos apuestan por "acelerar" la adopción de medidas de transparencia de la monarquía, con el fin de levantar un cortafuegos en torno a la figura de Felipe VI, pero desde la Moncloa se precisa que no se irá más rápido. Al menos por ahora, porque queda mucho camino aún, y porque no es ni mucho menos seguro que la Fiscalía vaya a presentar una querella contra el monarca emérito en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante la que está aforado.

El ministerio público, en su escrito, deja constancia por primera vez de sus sospecha sobre el origen ilícito de la fortuna amasada por Juan Carlos I y advierte sobre la comisión de al menos cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias". Con ese argumento, Campos requirió a la Oficina Federal de Justicia de Suiza, el pasado 24 de febrero, que le enviara la información de todas las cuentas en el país helvético de la Fundación Zagatka —entidad propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del emérito— entre 2016 y 2019.

En ese mes, febrero de 2021, Juan Carlos presentó una segunda regularización voluntaria ante la Agencia Tributaria, por valor de 4.395.901,96 euros, por los viajes en vuelos privados que Zagatka le abonó. Antes, en diciembre, el exjefe del Estado pagó al fisco 678.393,72 euros, "incluyendo intereses y recargos". La Fiscalía, en una nota aclaratoria emitida el viernes, precisó que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición".

"Estamos recibiendo noticias preocupantes, pero estamos en un Estado en el que todo tiene que ser conocido e investigado", subraya Marlaska

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"Estamos recibiendo noticias preocupantes que no nos hubiera gustado tener que recibir, pero estamos en un Estado en el que todo tiene que ser conocido y todo debe ser investigado", replicó el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Él era el portador del mensaje oficial de la Moncloa. El que volvía a traer a primer plano un adjetivo, "preocupante", que remitía a las primeras declaraciones de Pedro Sánchez, en julio de 2020, tras las informaciones que redondeaban la magnitud del escándalo que rodeaba a Juan Carlos. El presidente habló entonces de noticias "inquietantes", "perturbadoras". Apenas un mes después, el emérito se expatriaba en Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, el Gobierno se afanó en respaldar a Felipe VI, agradecer sus gestos de separación hacia su padre y deslindar la institución monárquica de la figura del exjefe del Estado.

"Empujar un poco"

El "preocupante" que empleó Marlaska el viernes traducía un mar de fondo revuelto en el seno del Ejecutivo tras la publicación de la noticia de 'El Mundo' y la revelación, por 'El País', de que Hacienda ha requerido a la Zarzuela que le facilite todos los pagos efectuados por la Casa del Rey a Juan Carlos I desde su abdicación, en 2014, hasta 2018. "Es un salto cualitativo evidente —esgrime una fuente en la Moncloa, en conversación con El Periódico de Catalunya—. El fiscal introduce elementos de calificación penal. Veremos el recorrido, pero es inevitable que esto acelere el proceso de adopción de medidas. La Casa Real ha de poner cautelas que tranquilicen a la gente. Se está trabajando con ellos desde el Gobierno. Esto supondrá un impulso, y el Ejecutivo se esforzará en trasladar la conveniencia y necesidad, para dar tranquilidad a la ciudadanía, de dar nuevos pasos con normas y compromisos. Hay que ser cautelosos, pero los hechos son preocupantes y no se puede negar la gravedad".

Fuentes gubernamentales subrayan que "lo de ahora es solo una comisión rogatoria, y solo será grave si la respuesta [de Suiza] es grave". "Pero la inquietud por la situación del emérito la percibe todo el mundo"

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Otro alto cargo del Ejecutivo comparte el análisis y también se escucha un diagnóstico semejante en Ferraz: "Evidentemente, esto nos obliga a empujar un poco. De ahí nuestra incomodidad. No podemos pasar por alto esto, porque hace daño a Felipe. Nosotros estamos obligados a defender la institución, frente a nuestra izquierda y frente a la derecha, separarla de la persona, sostener la posición más institucional, pero esto de manera indudable acaba afectando a la Corona".

Fuentes gubernamentales de primer nivel, sin embargo, piden templanza: "No se va a acelerar nada. Es solo una comisión rogatoria. Solo será grave si la respuesta [de Suiza] es grave. Lo de ahora es una mera solicitud. Ahora bien, la inquietud por la situación del emérito la percibe todo el mundo". Dos ministros se alinean, además, con esta posición: recuerdan que la Fiscalía está obligada a investigar por hechos constitutivos de delito, aunque la apariencia sea mínima, y "si es conocedora de las pesquisas que se siguen en Suiza, como es obvio, ha de solicitarlas".

En su última comparecencia de 2020, Sánchez adelantó que se iría "conociendo" la "hoja de ruta" de Felipe VI de "renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad". La Moncloa descartó de inmediato zambullirse en un debate acerca de una ley de la Corona, que considera peligroso porque abriría la discusión sobre la misma forma de Estado en un momento muy delicado para la institución. La alternativa eran medidas hacia una mayor transparencia de la Casa del Rey, posición que ratifica la ponencia marco del PSOE de cara a su 40º Congreso, el mes que viene. Pero ni el Ejecutivo ni la Zarzuela han dado un paso hasta ahora.

Presión de UP y los nacionalistas

"Yo no veo solución. El daño a la institución está hecho, es irreversible. Por tanto, ¿qué medidas puedes acelerar, cuando además se trata de actuaciones personales? ¿Más transparencia? Eso es exigible de todas las instituciones", indica con resignación una ministra que destaca que, con todo, pese a la crisis que sufre la Corona, los ciudadanos "sí valoran y quieren a Felipe VI". Que se reabra el frente político sobre Juan Carlos I, observa otro miembro del Gabinete, "no es positivo para la monarquía, obviamente, aunque en parte es positivo para el país, pues se proyecta la igualdad de todos ante la ley". "Y este tipo de situaciones pueden ayudar a reflexionar, a que haya medidas que se aceleren". Para otro cargo de la Moncloa, el daño a la Corona dependerá de la "respuesta" que dé el Rey. "La prueba de fuego —prosigue— será esa: tomar medidas que, sin ensañamiento, den una réplica clara, porque es evidente que todo esto que afecta al monarca emérito contamina la credibilidad de la institución".

Una duda es si el emérito volverá, decisión que en el Gobierno entienden que ha de tomar su hijo. Un ministro alerta de que no "apaciguaría" los ánimos su retorno

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Una incógnita pendiente de resolución es si Juan Carlos acabará regresando a España, como él desea. En la Moncloa señalan que es una decisión que depende, en primera instancia, de su hijo, igual que entienden que debe ser Felipe VI quien reclame del Gobierno que anule el real decreto de 2014 por el que se permitió a Juan Carlos mantener de manera vitalicia, y con carácter honorífico, el título de Rey. "En una sociedad con crispación permanente y confrontación... que el emérito volviera no sería un hecho que apaciguara los ánimos. Lo de menos sería la búsqueda de un acomodo en España y la preservación de su seguridad. Lo de más es el sentimiento de la sociedad", alerta un ministro.

La tormenta arreció este viernes justo en el día en que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entregaba a Felipe VI y a Sánchez la memoria anual del ministerio público y a las puertas de la apertura, este lunes, y con la presencia del monarca y del presidente, del Año Judicial, marcado de nuevo por el bloqueo institucional. Desde el sector socialista del Gobierno se insiste en que no se teme por la continuidad de la Corona, por mucho que presione Unidas Podemos, que espera que la información de este viernes sea el "paso previo" para ver sentado "en el banquillo" a Juan Carlos I y sirva para que Ferraz rectifique y apoye una comisión parlamentaria de investigación. Por mucho también que presionen nacionalistas e independentistas. "Debemos encajar todas las piezas, preservando la institución, la Jefatura del Estado", resume un miembro del Gabinete.

A la investigación le queda mucho recorrido. La Fiscalía tiene tres diligencias abiertas y puede que al final no se judicialice el caso ante el Supremo. Pero "la Corona ya ha sufrido todo el daño que tiene que sufrir", insisten fuentes del Ejecutivo. Es decir, que "acabe como acabe, esto va a acabar mal".

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