La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este miércoles al PP que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaja este miércoles a Bruselas a defender los intereses de España y ha solicitado a esa formación que deje de "actuar de hooligan con las instituciones".

Así ha respondido a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien se ha quejado de que Sánchez no asista a la sesión de control de la Cámara Baja pese a estar aún en España. De la misma manera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha subrayado que "el Falcon está para llegar a tiempo a la sesión de control y no para ir a conciertos en Benicasim", en alusión al viaje al Festival de Benicasim en 2018 a ver al grupo 'The Killers'.

El PP ya trasladó este martes una queja a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al considerar "intolerable" que el presidente del Gobierno no asista a la sesión de control pese a la cancelación de la cumbre europea que iba a arrancar este jueves.

Sánchez ha mantenido ese viaje a Bruselas y tendrá los contactos bilaterales que tenía previstos con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y posteriormente con el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, entre otros.

Calvo ha respondido a Gamarra que el presidente del Gobierno no está en el Congreso porque "está en Bruselas defendiendo los intereses" de España "frente al intento desleal que hizo el PP para que este país no pudiera alcanzar los fondos" de los que va a poder disponer tras la crisis del coronavirus.

Además, ha señalado que en la última legislatura del PP el entonces presidente Mariano Rajoy "se ausentó seis veces" del Congreso "en más de dos años y medio" mientras que Sánchez, ha dicho, en el mismo periodo solo faltó una vez. "No actúen de hooligan con las instituciones. Tengan memoria y pudor con algunas cosas de las que dicen constantemente", ha aseverado.

La ausencia de Sánchez en la sesión de control provoca acusaciones mutuas entre PP y el Gobierno

Renovación del CGPJ

Por otra parte, el Congreso votará este miércoles una iniciativa del PSOE que urge a renovar los órganos instituciones cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) o el Defensor del Pueblo.

Los socialistas llevan a debate de la Comisión Constitucional una proposición no de ley registrada el pasado mes de mayo, en pleno de estado de alarma por el coronavirus, donde el autor de la iniciativa, el secretario de Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, ya apuntaba la necesidad de impulsar las renovaciones pendientes en las Cortes Generales.

En concreto, pedía "el máximo esfuerzo" para lograr "un amplio consenso de mayorías reforzadas" en torno a personas de "mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea" para renovar los órganos institucionales conforme a los plazos constitucional y legalmente establecidos.

Cuatro meses después, esta propuesta aterriza en el Congreso en un ambiente crispado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, a cuenta de estas renovaciones. En concreto, Sánchez acusa a Casado de haber roto su palabra para renovar el CGPJ y en Génova recalcan que fueron los ataques del vicepresidente Pablo Iglesias a Felipe VI los que frustraron esa renovación.

Pero es que tanto para la renovación del órgano de gobierno de los jueces como para la de otras instituciones es necesario que el PSOE y Unidas Podemos, que sólo suman 155 escaños en el Congreso, cuenten con el concurso del PP, ya que algunos de estos puestos requieren mayorías cualificadas.

El CGPJ, en funciones desde 2018

Entre los órganos pendientes de actualizar se encuentran el CGPJ o el TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar 55 votos a sus 155 para que estas renovaciones salgan adelante.

El CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. De su lado, el mandato del TC caducó el pasado noviembre y al Congreso le corresponde elegir a cuatro de los 12 miembros que lo integran.

En pendientes están también la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso, es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, de 176 votos.

RTVE y el Defensor del Pueblo, también pendientes

El Gobierno también debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto de 2018 y que se 'congeló' en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.

Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado, y entre ellos se elegirá a los 10 miembros del Consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado). Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente del Consejo se elige en la Cámara Baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.

Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

La CNMC, la AIReF, el FROB y la CNMV

En el ámbito económico, tras la renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -presidenta, vicepresidente y tres consejeros- y de la AIReF, los nombramientos pendientes de completar este año pasan por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

En julio concluyó el trabajo de Jaime Ponce al frente del FROB, el fondo que pilotó el rescate en el sector financiero, a través del cual el Estado participa Bankia y, por ende, se pronunciará acerca de su venta a CaixaBank. Sin embargo, en las primeras semanas desde el estallido de la pandemia de Covid-19, el Gobierno aprobó una disposición dentro de uno de esos decretos de urgencia para prorrogar su mandato hasta el nombramiento de un sucesor.

En este caso, el candidato propuesto por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.

Finalmente, en noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato. Eso sí, PSOE y Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.