23 de junio de 2020
23.06.2020
Diario de Mallorca
Pieza 'Land'

La Fiscalía solicita 38 años y 10 meses de cárcel para Villarejo por un espionaje

La petición se suma a otra de 57 años presentada hace dos semanas por un caso diferente

23.06.2020 | 21:38
José Manuel Villarejo, en una imagen de archivo.

La Fiscalía ha remitido a la Audiencia Nacional la segunda petición de prisión para el excomisario José Manuel Villarejo, que asciende a 38 años y 10 meses por un supuesto encargo de espionaje en el marco de una disputa familiar por la herencia del fallecido promotor de una urbanización de lujo en Madrid.

Esta solicitud se suma a la que los fiscales Anticorrupción presentaron hace dos semanas para Villarejo -en prisión preventiva desde 2017-, con relación a otro supuesto encargo de un bufete de abogados para espiar a un despacho rival y por el que quieren que se le condene a 57 años de cárcel.

En el escrito presentado este martes, la Fiscalía también dirige su acusación contra el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional Enrique García Castaño, para quien pide 30 años y 10 meses; contra Rafael Redondo, socio de Villarejo, para quien solicita en torno a 36 años, los mismos que para la mujer del excomisario, Gemma Alcalá.

A Susana García-Cereceda, una de las hijas del fallecido promotor de la urbanización La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid), pide que se la condene a más de 16 años de cárcel; y a Francisco Peñalver y David Fernández -administrador y asesor, respectivamente, de la empresa que supuestamente hizo el encargo-, a más de 19.

La Fiscalía ha informado de que el escrito inicial contenía "varios errores materiales" con relación a algunas penas y que Anticorrupción remitirá mañana un nuevo escrito rectificándolos.

Anticorrupción acusa en esta pieza de diversos delitos, entre ellos cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil en grado de autores o cooperadores. En el caso de Villarejo, los fiscales creen que concurre la circunstancia agravante de prevalimiento de su carácter público en el delito de cohecho.

Esta pieza, llamada Land, se refiere a la supuesta contratación de Villarejo por Procisa, empresa de Susana García-Cereceda, entre 2012 y 2014 para conseguir "información reservada de terceros, obtenida mediante una multitud de actuaciones ilícitas" sirviéndose de su condición policial, relata el escrito de Fiscalía.

Uno de los encargos, según Anticorrupción, consistía en recabar "información reservada" de Jaime Ostos, marido de Yolanda García Cereceda -y como tal cuñado de Susana- para "poder presionarle para que se apartara de la gestión del elevadísimo patrimonio de Yolanda", que tenía acciones de Procisa junto a su hermana.

El encargo, según la Fiscalía, también buscaba conseguir información de Silvia Gómez Cuétara -viuda de Luis García Cereceda, promotor de la urbanización-, tras su muerte para que Procisa y Susana García Cereceda pudieran tener "una posición dominante sobre las expectativas económicas" que la víctima pudiera tener en relación al patrimonio de su marido.

Los servicios eran prestados a través de Grupo Cenyt, propiedad del comisario a la que los fiscales se refieren como una "organización criminal" en la que supuestamente también intervinieron el comisario García Castaño, la mujer de Villarejo y su socio.

A través de García Castaño, la supuesta organización accedió a los datos de posicionamiento y tráfico de llamadas de Ostos, de Gómez Cuétara y de un arquitecto que tenía un pleito con Procisa "con la consiguiente intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales", y se los facilitaron al resto de acusados, indica la Fiscalía.

Por estos trabajos, negociados según Anticorrupción por Susana García Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández, Procisa pagó 340.252 euros, de cuyo cobro se encargaron presuntamente la mujer de Villarejo y su socio. Estos pagos, apunta Anticorrupción, "se efectuaron de forma opaca".

El grupo de Villarejo hizo también un informe "sobre el perfil personal, familiar y profesional" de una magistrada que llevaba un procedimiento judicial que afectaba a Procisa.

En este caso la Fiscalía también acusa como personas jurídicas a las empresas La Finca Global Assets, la Finca Somosaguas Golf y La Fina Promociones y Conciertos Inmobiliarios.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!