07 de enero de 2020
07.01.2020
Investidura

Los 10 retos de Pedro Sánchez para la nueva legislatura

La fragmentación en el Congreso vaticina un futuro incierto y con la crisis catalana como asunto clave

07.01.2020 | 15:06
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Después de dos elecciones generales, el 28 de abril y el 10 de noviembre, y un sinfín de reuniones y negociaciones con los diferentes líderes políticos, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha conseguido al fin los apoyos necesarios para ser investido. Una vez concluida una etapa de ocho meses sin Ejecutivo, Sánchez deberá retomar ante las nuevas Cortes Generales sus principales promesas electorales: solucionar la situación en Cataluña, reformar el mercado laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores y garantizar la suficiencia del sistema de pensiones y su revalorización con el IPC.

Una vez investido, Sánchez tendrá que seguir buscando consensos en un arco parlamentario de muy variado color, en el que destaca el auge de Vox, que logró un increíble ascenso tras las segundas elecciones, pasando de 24 a 52 diputados. Además, Sánchez tendrá que buscar el apoyo de las nuevas voces que entran en el Congreso de los Diputados. Y es que, la Cámara Baja arrancó la nueva legislatura con el mayor número de partidos de la historia de la democracia, con un total de 16 formaciones, lo que hará desaparecer por mucho tiempo del panorama político las mayorías absolutas. Además, fuerzas independentistas como ERC, Junts per Catalunya o EH Bildu tendrán un peso importante.

Un pacto estable de legislatura, acuerdos puntuales, una geometría variable a la hora de votar cada iniciativa... Esas son algunas de las opciones en un amplio abanico de posibilidades. La aritmética resultante de las elecciones puede acotar las alternativas, pero parece ineludible una práctica caída en desuso: el acuerdo. Toca volver a aprender a pactar.

La convivencia en Cataluña


Hoy por hoy la normalización de la situación en Cataluña es el objetivo más ansiado, pero existe el convencimiento de que las posiciones dispares y la actitud de los radicales independentistas enturbian la esperanza de conseguirla a corto plazo.

Se habla mucho de diálogo, hay voces que proponen recurrir de nuevo al artículo 155 de la Constitución, otras que ansían el rescate de competencias y las que, desde el independentismo, reclaman la amnistía de los líderes para encauzar la crisis.

Todo está condicionado por la senda por la que transiten los dirigentes soberanistas y si, como ha avanzado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, vuelven a hacer un referéndum.

El futuro Gobierno tendrá que hacer respetar la ley y, al mismo tiempo, seguir dejando abierta la puerta a la colaboración imprescindible entre las administraciones. El próximo Ejecutivo tendrá que hacer un esfuerzo por "garantizar la convivencia y normalizar la vida política", tal y como recoge uno de los puntos firmados en el acuerdo con Unidas Podemos. Así las cosas, Sánchez se compromete a "fomentar el diálogo y buscar fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución". No cabe duda de que la situación en Cataluña será uno de los retos más complicados a los que tendrá que hacer frente el nuevo Ejecutivo.

La desaceleración económica


El presidente del Gobierno tendrá que trabajar para, tal y como anunciaron en su preacuerdo con Unidas Podemos, "situar a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa". Entre los ejes prioritarios de actuación del pacto firmado por ambas formaciones, destaca el objetivo de "consolidar el crecimiento y la creación de empleo y combatir la precariedad laboral". Y es que, esta nueva legislatura, arranca en el momento en el que se espera que otra recesión económica afecte a todo el planeta.

Los datos ya constatan esa anunciada desaceleración, y el ritmo de crecimiento o el de la creación de puestos de trabajo son ejemplo de que los vaticinios se están cumpliendo. Pese a ello se mantiene la esperanza de que esa desaceleración afecte menos a España que a otros países y no traspase la barrera que conduzca a una crisis que sería demasiado cercana a la que recientemente golpeó con dureza.

Intentar evitarlo debe estar entre las prioridades del Gobierno que surja de las urnas el 10N, y para ello hay pendientes reformas estructurales que alienten la eficiencia económica y la competitividad.

Ante ellas, los partidos intentan exhibir experiencia y eso es lo que provoca en esta campaña anuncios como el de Sánchez de que ya ha elegido a su vicepresidenta económica si repite en el cargo: Nadia Calviño.

"Una legislatura verde"


La lucha contra el cambio climático es una batalla en la que están inmersos buena parte de los países occidentales. El próximo Ejecutivo deberá asumir medidas para lograr una transición ecológica justa, la protección de la biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

Sobre la crisis climática, que tuvo una trascendencia mayor en el mes de diciembre a consecuencia de la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid, Sánchez aseguró que la próxima legislatura sería la "legislatura verde" y señaló que aprobaría en cuanto hubiera Gobierno una ley de cambio climático.

La revalorización de las pensiones


Otro de los puntos pendientes que tendrá que abordar el presidente del Gobierno será la derogación del índice de revalorización de las pensiones (IRP) que fija la subida en el 0,25% y ligar al IPC real (previsto en el 0,9%) el incremento de estas prestaciones. De hecho, el Plan Presupuestario enviado a Bruselas ya recogía la subida de las pensiones con respecto al IPC real y la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, aseguró en diciembre que éste era un compromiso del Gobierno y recordó que éste fue el único punto de acuerdo cerrado en la mesa del Pacto de Toledo en septiembre de 2018. Pero habrá que ver si la nueva composición parlamentaria sigue manteniendo los acuerdos ultimados sobre las pensiones.

Unos nuevos presupuestos


Los presupuestos generales del Estado para 2018 que llevan la firma del ministro Cristóbal Montoro siguen aún vigentes. El bloqueo político impidió que prosperaran los presentados por Pedro Sánchez, pero los desafíos económicos necesitan unas nuevas cuentas del Estado.

Sería en ellas donde se despejarían dudas y se conocerían detalles de políticas como las de carácter fiscal y social que se quieren aplicar y las intenciones para encarar la revolución tecnológica.

Pero, además, la estabilidad económica y por ende política que supondría una mayoría parlamentaria que avalara un nuevo texto presupuestario debería servir para afrontar con más determinación otro de los retos inmediatos, el menor ritmo de la economía.

La financiación autonómica


La financiación autonómica cuya reforma está pendiente desde 2014 es una prueba más de la trascendencia de los deberes económicos del futuro Gobierno. Ligada a la aprobación de unos nuevos presupuestos, esa nueva financiación es una demanda reiterada de las comunidades.

Con mensajes de asfixia en las cuentas autonómicas por parte de sus máximos responsables, los trabajos deberían desembocar en un nuevo modelo que se antoja difícil que pueda contentar a todos.

Determinar los parámetros a los que se dará más peso a la hora de fijar esa nueva financiación, si al número de habitantes, a la despoblación, al envejecimiento o a la dispersión, entre otros, será una tarea nada fácil pero que no admite más dilación.

El escenario que se abre ante el Brexit


Después de la victoria de Boris Johnson, España deberá abordar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pedro Sánchez recalcó tras las elecciones de Reino Unido que su Ejecutivo apostará por "un Brexit ordenado que garantice los derechos y libertades de la ciudadanía y dé certeza de los sectores económicos" y una "relación futura lo más estrecha posible entre la UE y el Reino Unido". En cuanto a Gibraltar, el Gobierno español no prevé cambios porque subraya hace un año ya se estableció un "triple blindaje" que deja claro que la futura relación pasa por España y Reino Unido.

La situación de los españoles residentes en Reino Unido y de los británicos en España, los flujos comerciales, la especial repercusión en la zona del Campo de Gibraltar y los efectos en servicios financieros o transporte aéreo son algunas de las áreas en las que deberá ponerse un foco especial de atención.

La lacra de la violencia machista


El Ejecutivo de Sánchez tendrá el reto de la violencia machista tras un 2019 en el que las mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales han superado en número a las de 2018. Los socialistas ya hicieron hincapié el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, en su "firme compromiso en la lucha contra la violencia de género como la más brutal muestra de desigualdad entre hombres y mujeres".

En el documento firmado con Unidas Podemos, el Partido Socialista trabajará para "garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral".

Una muerte digna


El pacto entre la formación morada y los socialistas también recoge la aprobación de nuevos derechos que "profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria digna".

La España vaciada


Y, por otra parte, también menciona superficialmente el apoyo decidido a la llamada España vaciada con la intención de "revertir la despoblación".

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