26 de noviembre de 2019
26.11.2019
Cataluña

JxCat, ERC y CUP intentan burlar al Constitucional

El Parlament de Cataluña vota una propuesta de resolución contra el fallo del 'procés'

26.11.2019 | 17:57
Xavier Muro y Roger Torrent.

El Parlament votará este martes una propuesta de resolución que los grupos independentistas revisten de respuesta institucional a la sentencia del 'procés'. Un texto que vuelve a desafiar al Tribunal Constitucional (TC) y que ha hecho aflorar el choque entre JxCat, ERC y la CUP a la hora de perfilar el regate al alto tribunal.

Tras tortuosas negociaciones para perfilar el documento, el 22 de octubre registraron unas líneas de consenso en las que rechazan la sentencia del Tribunal Supremo contra la cúpula del 1-O, exigen la libertad de los condenados en prisión, además del retorno de los dirigentes en el extranjero, y cargan contra la "deriva autoritaria del Estado".

Pero sus pretensiones se encontraron con una suspensión parcial del Tribunal Constitucional que, a instancias del Gobierno, dejó en suspenso parte del punto 11, que expone que la Cámara catalana "reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político". Los servicios jurídicos del Parlament ordenaron paralizar este inciso y dejaron constancia de la suspensión en el Boletín Oficial del Parlament.

La opinión de los letrados


Ante esta maniobra, los independentistas cavilaron, por separado, fórmulas para sortear esta suspensión a través de enmiendas. Unos incisos que presentaron cada grupo por su cuenta, generando malestar en las filas de ERC, y que han sido admitidas este martes a trámites por la Mesa del Parlament, pese al posicionamiento en contra de Cs, PSC y PPC que ya estudian peticiones de reconsideración que urgirían un nuevo encuentro antes del pleno que empieza a las 15 horas.

Los letrados del Parlament han considerado que ese inciso era una "cita" y no "reitera" el punto suspendido, por lo que creen que no genera un incumplimiento de los requerimientos del TC. Cs ha presentado un escrito a la Mesa en el que recuerdan que "todos los poderes públicos y las autoridades públicas que los representan están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva", por lo que los miembros del órgano parlamentario "deben impedir o paralizar cualquier iniciativa que tenga por efecto o intención eludir o ignorar los pronunciamientos del TC".

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha sostenido en rueda de prensa que esta propuesta de resolución "pretende continuar con el golpe que ya vivimos en el 2017", y ha avisado al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, de que "si insiste en esta vía golpista puede acabar como Forcadell o como Puigdemont". "Torrent sabe perfectamente que admitir a trámite estas enmiendas es ir en contra y vulnerar el TC. Esto es constitutivo de un posible delito de desobediencia", ha zanjado.

Los primeros en presentar su pirueta fueron los anticapitalistas, que añadieron como enmienda un nuevo punto que advierte y rechaza la suspensión dictada, recitando la parte impugnada. Ante esta maniobra, JxCat registró sus propias alegaciones, que también reproducen el contenido suspendido, junto a otras tres que desdeñan "las reiteradas injerencias del TC", constatan que el tribunal es "un instrumento para dar apariencia de derecho formal a la voluntad de los gobiernos del Estado de silenciar las demandas democráticas" y condenan "las diligencias ilegales ordenadas por la fiscalía" contra la Mesa, cuyas acciones enmarcan dentro de la "inviolabilidad parlamentaria".

ERC, que la semana pasada ya mostró su malestar por los movimientos "individuales y partidistas" de la CUP y JxCat, presentó este lunes enmiendas propias. La primera, también calca lo suspendido, y las otras dos expresan su "apoyo y solidaridad" a los miembros de la Mesa apercibidos por el TC, unas órdenes que tachan de "persecución judicial". La Mesa ha sido advertida hasta cuatro veces de que cualquier iniciativa tramitada sobre la autodeterminación o contra la monarquía puede acarrear consecuencias penales.

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