20 de noviembre de 2019
20.11.2019
Operación Judas

El juez ordena la prisión preventiva para los CDR cuyos autos fueron anulados

Ha reiterado el ingreso tras verse obligado por la Sala de lo Penal a repetir las correspondientes vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

20.11.2019 | 19:14
Uno de los CDR detenidos en la Operación Judas.

El juez ha vuelto a decretar prisión preventiva para los cuatro presuntos miembros de una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República (CDR) después de que la Audiencia Nacional ordenase repetir las vistas porque no se les proporcionó información esencial para su defensa.

"A través de la información obtenida por la investigación, se puede constatar la existencia de una organización delictiva con fines terroristas", dice Manuel García Castellón en uno de los autos en lo que se reafirma en su decisión inicial de dictar prisión para los cuatro investigados por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Lo ha hecho tras celebrar las correspondientes vistillas de prisión para Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina, a quienes investiga junto a otras personas por pertenecer presuntamente a los denominados Equipos de Respuesta Táctica, una facción "radical" y "clandestina" de los CDR, y planear supuestamente actos de sabotaje con explosivos como respuesta a la sentencia del "procés".

El juez reitera que existía "un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña" el día D, "encomendado" por un grupo "secreto" llamado CNI catalán. Según declaró uno de ellos, el president de la Generalitat, Quim Torra, "estaba de acuerdo".

También hace referencia García Castellón a la planificación de uno de los investigados de "una reunión secreta in itiniere" con la hermana del expresident Carles Puigdemont "con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre el líder independentista huido de la Justicia y Torra.

Según el juez, las investigaciones "aportan indicios racionales claros" de que las acciones llevadas a cabo por los investigados pretenden, dentro de "la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo", lograr la "República Catalana", también por vías violentas.

También recuerda la fabricación del compuesto termita y otras "sustancias explosivas e incendiarias" en laboratorios caseros, la inspección de infraestructuras ferroviarias o torres de alta tensión y de sus labores en materia de telecomunicaciones.

El magistrado, que da cuenta en sus autos de los indicios de delito que pesan sobre cada investigado, insiste en que existen los requisitos para decretar la prisión: el riesgo de fuga dadas las penas a las que se podrían enfrentar, la posibilidad de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Precisamente, son las mismas circunstancias que ha apreciado la sección segunda de lo Penal, la misma que ayer anuló los autos, para confirmar la prisión de otros dos investigados, Ferrán Jolis y Jordi Ros, los únicos que accedieron a declarar tras su detención, asistidos por abogados de oficio, que después cambiaron por letrados del colectivo Alerta Solidaria, vinculado al entorno independentista.

La Sala, que tiene pendiente de decidir sobre la prisión de un séptimo investigado, Germinal Tomás, estima que la investigación ha arrojado por el momento indicios suficientes de terrorismo y que no se ha vulnerado su derecho a la defensa.

A la salida de las vistillas, la portavoz de las defensas, Eva Pous, se ha dirigido a los medios en una declaración exclusivamente en catalán en la que ha considerado que esta situación es una "anomalía" y ha reiterado la "vulneración de derechos fundamentales" que a su juicio sufren los investigados.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!