19 de noviembre de 2019
19.11.2019
Sentencia de los ERE

Griñán y Chaves conocían la "palmaria ilegalidad" de los ERE

Los dos expresidentes de la Junta actuaron a "sabiendas" de la falta de control sobre los fondos

19.11.2019 | 18:10
José Antonio Griñán.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, eran "plenamente conscientes de la patente ilegalidad de los actos" objeto de juicio en el caso ERE. Para Griñán, el tribunal usa el adjetivo "palmaria ilegalidad". El segundo ha sido inhabilitado durante nueve años por prevaricación continuada, mientras que el primero ha sido sentenciado, por prevaricación y malversación continuadas, a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación.

El tribunal destaca que José Antonio Griñán fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta entre 2009 y 2013, de forma que como consejero intervino en los presupuestos de 2005 a 2009, habiéndose incluido en estos el uso de la transferencia de financiación al IFA y que ese dinero iba a usarse para pagar subvenciones a empresas y ayudas sociolaborales, objeto de análisis judicial. "Tuvo conocimiento de los PAIF de IFA, puesto que se remitían a la Consejería de Hacienda anualmente para su aprobación y también recibía las comunicaciones que hubiera que hacer en los mismos, cuando les afectara una modificación presupuestaria, pues incrementaba la transferencia de financiación a IFA-IDEA dentro del programa 31L".

La Sala indica que "tuvo conocimiento de cómo consignaba esta actividad el IFA-IDEA en su presupuesto y aprobó que figuraran como ingresos las cantidades recibidas vía transferencia de financiación del programa 31L" y ello, "a sabiendas, por las razones expuestas, de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos pues únicamente se limitaba a pagar". Por consiguiente, conocía que la inclusión en los anteproyectos de presupuestos del uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L, era con la finalidad de conceder subvenciones por parte de la Consejería de Empleo, siendo el órgano gestor la Dirección de Trabajo". Era materialmente "imposible la fiscalización previa de la concesión de subvenciones", declara la Sala.

Era destinatario, dice el tribunal sevillano, "de los informes de control financiero permanente de las empresas públicas" y en particular del IFA, por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas en los expedientes: imputación presupuestaria inadecuada (no deben transferirse a través del IFA), no consta solicitud presentada por los interesados, no se acredita la personalidad de las entidades solicitantes, no se aporta informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social económico, no se determina el plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad por la que se concede la ayuda, no se aporta resolución o convenio de concesión, se omite la fiscalización previa, el director general de Trabajo y Seguridad Social no tiene delegadas competencias para la concesión de subvenciones excepcionales y, vistas las anteriores deficiencias, se puede concluir que la Dirección General ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". Por ello, Griñán "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó", asumiendo la "eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

Sobre Manuel Chaves, expresidente de la Junta, la Sala asegura que era plenamente consciente de la ilegalidad de los actos en los que participó y, entre otras, destaca que el presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, "que por su cuantía eran competencia" de ese órgano. Y también conocía que, dentro del programa 31L, se consignaban "indebidamente las transferencias de financiación al IFA".

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