18 de diciembre de 2018
18.12.2018
Juicio del 'procés'

El fiscal del 'procés' defiende que el TS es competente porque se "atacó" al Estado

Jaime Moreno argumenta que los resultados de los hechos juzgados afectaron a todo el territorio

18.12.2018 | 14:58

La Fiscalía ha defendido que se juzgue a los acusados del procés en el Tribunal Supremo porque sus acciones supusieron un "atentado grave contra el interés general de España", frente a las defensas que han abogado por hacerlo en Cataluña al considerar al TS "sensible a las injerencias del poder político".

Hoy se ha celebrado la vista de los artículos de previo pronunciamiento, equivalente a las cuestiones previas, a la que no han asistido ninguno de los acusados y en la que las partes han analizado la competencia del Supremo para juzgar los hechos ante el tribunal, compuesto por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena.

Y la Fiscalía lo tiene claro. Jaime Moreno, acompañado de Consuelo Madrigal, ha dicho que el procés supuso un "atentado grave al interés general de España" en el que se intentó derogar la Constitución y proclamar la independencia de Cataluña, lo que obligó al Estado a intervenir aplicando el artículo 155 de la Carta Magna.

El 155 es clave para la Fiscalía en tanto requiere para su puesta en marcha como condiciones el "incumplimiento de las obligaciones de Cataluña" y un "atentado contra el orden constitucional". Un panorama, ha añadido, que "rebasa la competencia de la comunidad autónoma" y "proyecta el resultado en todo el territorio nacional".

De la misma forma, ha rebatido la tesis de las defensas de que en el extranjero solo se produjeron "actos aislados" sin relación con los delitos cuando la hoja de ruta del procés decía que "era absolutamente necesario internacionalizar el conflicto".

El uso de un sistema de voto en las delegaciones de Cataluña para un acto declarado inconstitucional; la clausura de determinadas páginas web alojadas en servidores extranjeros; las labores de lobby y la contratación de observadores internacionales forman parte de "una estrategia" y "deben de ser considerados en su conjunto porque todos ellos responden a una misma finalidad", la rebelión.

Una línea compartida por la acusación popular que ejerce Vox y especialmente por la Abogacía del Estado que ha destacado que las propias defensas han reconocido la existencia de actos internacionales para apoyar el proceso independentista y eso es "suficiente para justificar la competencia" del Supremo.

Pero las defensas han denunciado que se ha hecho una interpretación "extremadamente forzada" para arrastrar la competencia cuando solo hubo "hechos de apoyo" al delito, que no han exigido comisión rogatoria alguna lo que evidencia "una ausencia absoluta de investigación internacional".

"No puede ser que un pago en la sucursal del BBVA de Bruselas" o "una conferencia en el extranjero sobre el derecho de autodeterminación" determine la competencia, han dicho los letrados, que no solo comparten bancada sino el eje central de sus estrategia.

Todo ocurrió en Cataluña. Y de darse los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación, éstos se habrían cometido en dicha comunidad autónoma porque toda la planificación, acuerdo y ejecución de los hechos se realizaron en Cataluña, han argumentado.

Pero si en algo han sido especialmente insistentes es en tomar la causa contra el expresidente Artur Mas, juzgado por el TSJC el año pasado por la consulta del 9N, como el principal precedente para celebrar el juicio en Cataluña.

"Con Mas nadie nos planteamos que la competencia era del Tribunal Supremo. Oigan, no han pasado 30 años", ha dicho Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, un argumento que el fiscal ha rechazado por la naturaleza del delito cometido.

Lejos de un tono excesivamente crítico, las escasas alusiones a la política han venido del letrado de Oriol Junqueras, quien ha dicho que nunca ha estado más convencido de una causa que ésta, ni de la competencia del tribunal porque "son políticos haciendo política".

Aunque la más dura ha sido la abogada de Jordi Cuixart: "Se ha puesto de manifiesto que este alto tribunal, la cúspide del Poder Judicial, es sensible a la injerencia del poder político".

La ley fija un día de plazo para resolver las cuestiones previas planteadas, aunque fuentes jurídicas señalan que es posible que haya que esperar unos días más para conocer la decisión del tribunal.

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