El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha cursado una nueva comisión rogatoria a Suiza en la que le pide que identifique a la "persona políticamente expuesta" que, según la documentación que consta en la causa, tenía en 2009 seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra, el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.

En un auto dictado este miércoles, el juez pide a las autoridades suizas que requieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, la identidad de la persona que era titular de estas seis cuentas así como la documentación relativa a "apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones".

Además, el juez rechaza imputar al exsenador del PP Luis Fraga, sobrino del fundador de Alianza Popular (AP) Manuel Fraga, como pidió la representación del PSOE, y le cita a declarar como testigo el próximo 28 de mayo para que aclare su relación con las cuentas bancarias investigadas.

Ruz, que también pide información sobre las cuentas de Fraga en varias entidades bancarias, argumenta que no existen indicios de que pudiera haber cometido un delito contra la Hacienda Pública, ya que los fondos que tenía en Suiza no tenían la "entidad suficiente" para que su defraudación alcanzara el importe de 120.000 euros que el Código Penal establece como umbral del delito.

Tampoco hay elementos, según el auto, de que pudiera haber colaborado en el blanqueo de los capitales de Bárcenas, que alcanzaron los 48,1 millones de euros en enero de 2008.

Ruz basa su petición sobre las seis nuevas cuentas investigadas en la existencia de un correo fechado el 29 de julio de 2009 contenido en una documentación remitida por Suiza a comienzos de año en la que la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advertía a la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, de que dos clientes que se encontraban en situación de "riesgo 3", la asignación otorgada a las "personas políticamente expuestas", no habían "documentado cómo habían conseguido sus ingresos".

El juez recalca, tal y como informaron las fiscales Anticorrupción Concha Nicolás y Concha Sabadell, que la "relevancia" de estas seis cuentas en la investigación "resulta de la vinculación" entre ellas y el depósito de Fraga, que aparecían en el mismo correo interno del banco, y el hecho de que los dos titulares, al igual que Bárcenas, compartieran la misma gestora.

A ello se une la condición de político del titular de los depósitos en un procedimiento en el que se investiga "el posible pago de dádivas a numerosos funcionarios y autoridades en contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos".

De igual modo, el auto destaca que Bárcenas podría haberse valido de "otras cuentas de titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su íntima confianza para llevar a cabo sus propósitos criminales". Así habría ocurrido con el trabajador del PP Francisco Yáñez, padre del apoderado de sus cuentas en Suiza, y el extesorero de AP Ángel Sanchís, al que utilizó para sacar tres millones de euros.

El juez también solicita los informes que el Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank y las auditoras PWC e Info4c-Report realizaron sobre estas seis cuentas bancarias y los clientes asociados a las mismas, en los que se concluía que "no está documentado cómo consiguió el propio cliente sus activos".

Ruz preguntó a Bárcenas el pasado 20 de abril si él o Fraga eran los titulares de esos nuevos depósitos. "Desde luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario", contestó. "Y en caso de que se refiriera a otra persona, ¿a quién podría referirse?", preguntó el magistrado instructor, según consta en la transcripción de la última declaración del extesorero. "No tengo ni la menor idea", replicó Bárcenas.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción vuelve a solicitar al Lombard Odier, el segundo banco en el que Bárcenas tenía sus fondos, que le informe sobre varios movimientos bancarios, entre ellos una transferencia de 100.000 euros que la Fundación Sinequanon, vinculada al extesorero, recibió con la anotación 'LODHPBT, Nassau' los días 3 de mayo y 13 de julio de 2007.

También reitera la petición de información sobre cuatro ingresos que Bárcenas recibió en sus cuentas en este banco: 100.000 euros en concepto "compensation de M", otros 100.000 relativos a "transfer from Ignacio", 50.000 con el apunte "bonification from Alejandro" y 30.000 más reflejados como "transfer from Carlos".

Finalmente, Ruz se dirige a las autoridades de Argentina para que informen si han abierto diligencias contra el presunto testaferro de Bárcenas en el país, Patricio Edgardo Bel, por las transferencias que recibió de las sociedades Brixco, Rumagol, TQM, Lidmel y Grupo Sur de Valores.

También pregunta por la situación judicial en el país de Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; el extesorero de AP Ángel Sanchís; el hijo de este último, Ángel Sanchís Herrero; el apoderado Iván Yáñez y la falsa marchante Isabel Mackinlay.

Rechaza citar a Sanz

Ruz, ha rechazado la petición de la acusación ejercida por el PSOE de citar a declarar como testigo al presidente del gobierno y del PP riojanos, Pedro Sanz, en relación a una presunta financiación de la sede popular en Logroño con dinero B.

El PSOE pidió su declaración para que esclareciera un apunte contenido en la supuesta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas en el que figura un traspaso de 200.000 euros de La Rioja a Madrid en mayo de 2008.

Esta transferencia de dinero opaco podría estar relacionada con otra entrega de la misma cantidad inscrita en la contabilidad oficial del PP un mes después, aunque esta vez el flujo de fondos es de la sede nacional a la regional.

En un auto, el juez rechaza la citación porque considera que dentro de la investigación por posible responsabilidad tributaria del PP en 2008 se han practicado diligencias de diversa índole, por lo que las solicitadas por la acusación deben ser rechazadas "por su falta de idoneidad y utilidad a los fines del presente procedimiento".

Ruz destaca que estas diligencias están encaminadas a averiguar si el PP pudo cometer un delito fiscal en su impuesto de sociedades de 2008 (año que no estaría prescrito) en relación a las supuestas entradas en su caja B.

Recuerda que ya tomó declaración sobre estos hechos al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, y su gerente, Ana Elvira Martínez, quienes reiteraron que las cuentas de esta formación política son "limpias", están publicadas y se conocen "asiento por asiento".

Sin embargo, Bárcenas dijo al juez el pasado 10 de abril que Carlos Cuevas le entregó personalmente 200.000 euros en la sede central, en la calle Génova de Madrid, en el despacho del también extesorero Álvaro Lapuerta, y que luego ese dinero se transfirió a la sede regional.