09 de diciembre de 2013
09.12.2013
Caso Blesa

Fianza civil de 8.000 euros para el magistrado Silva

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda seguir la causa contra el juez del 'caso Blesa'

09.12.2013 | 15:55
El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella de la Fiscalía contra el juez Elpidio José Silva ha acordado seguir la causa abierta contra éste por delitos contra la libertad individual y uno de prevaricación, entre otros, y le ha fijado una fianza civil de 8.000 euros.

En un auto, el magistrado Jesús Gavilán transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a Silva, el juez que ordenó encarcelar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en dos ocasiones.

Gavilán da un plazo de diez días a las partes personadas -entre ellos Blesa y su abogado-, para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias.

La noticia se conoce el mismo día en que el magistrado ha regresado este lunes a su despacho en el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid tras concluir la sanción de 4 meses y 7 días de suspensión y multa de 600 euros que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de julio por dos faltas muy graves y una grave de retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La sanción respondía a la comisión por el juez Silva de dos faltas de carácter muy grave (una suspensión por 4 meses y otra por 7 días) y una grave, que conlleva multa, pero no supuso pérdida de destino.

En este periodo, Silva está siendo objeto de una investigación criminal en relación con la querella que presentó contra él la Fiscalía por irregularidades en la instrucción del denominado "caso Blesa" que costaron el ingreso en prisión del expresidente de Caja de Madrid por dos cortos periodos de tiempo.

La sanción que este lunes ha concluido, y que no tiene nada que ver con dicha causa, le fue impuesta por su "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones -prevista en el artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado -artículo 417.9 de la misma Ley- mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de desconsideración al Ministerio Fiscal.

Silva acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque, en Cádiz.

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