La tormenta de informes anónimos policiales desatada al calor de la pasada campaña electoral catalana en los que se atribuye al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la familia de Jordi Pujol cuentas multimillonarias en Suiza con fondos procedentes de la práctica corrupta del cobro de comisiones ha dado paso a una guerra mediática sin cuartel en que se cruzan acusaciones de grueso calibre.

Todo arranca de un supuesto borrador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) publicado por El Mundo en el que se afirma que parte de las comisiones del 4 % que las empresas pagaban por adjudicaciones de obras y servicios a Convergència a través de la trama del Palau de la Música se habían desviado a las cuentas personales de los dirigentes nacionalistas. Ese informe denunciaba depósitos multimillonarios en Suiza y Liechtestein controlados por Artur Mas y su padre (ya fallecido) así como por Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y su primogénito, Jordi.

El supuesto documento afirma que los Pujol disponían de tres cuentas numeradas y dos cajas de seguridad con número correlativo a la que Félix Millet -responsable del Palau de la Música-tiene en el mismo banco de Lausana. A partir de ahí, y en pleno fragor de la ofensiva soberanista lanzada por Mas, se suceden otros cinco informes policiales, todos anónimos, en los que se cuantifican las supuestas fortunas del matrimonio Pujol y cuatro de sus hijos en Europa y Amérca y se ataca a jueces y fiscales.

El clima se envenena definitivamente cuando El País asegura que "mandos policiales actúan al margen de la ley contra políticos catalanes" y difunden "acusaciones sin pruebas para denigrar" a los independentistas. El periódico sostiene que un grupo de agentes ha fabricado otros cinco informes sin firma basados "en sumarios abiertos mezclados con datos sin contrastar" y en los que "acusan a jueces, políticos y directivos de los mayores diarios catalanes". Este medio atribuye la autoría de los mismos a policías que pretenden defender la unidad de España. Incluso da a entender que se fabrican en algún departamento de Interior.

Denuncia además que estos agentes descalifican a los jueces y fiscales que han imputado a dos ex tesoreros de Convergència por el caso Palau en el que el entonces Gobierno de Pujol adjudicó obra a Ferrovial a cambio de comisiones millonarias y que además impulsaron la investigación de la trama de la concesión de estaciones de ITV, en la que estaría implicado un hijo del expresidente catalán. Las sospechas se dirigen al ex jefe de la Udef José Luis Oliveras, quien junto al responsable de asuntos internos, Marcelino Martín, llegó a pedirle el caso Palau al representante del ministerio público, algo que el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, tachó de irregular.

Acusaciones mutuas

Al día siguiente, el periódico de Pedro J. Ramírez contraataca con una acusación -"El País embarrra el campo para ayudar a la cúpula de CiU"- y dos preguntas: "¿Por qué protege Prisa a los políticos corruptos que intentan destruir España? ¿Lo hacen por dinero, por castigar a España por ese pasado franquista en el que medraron ellos y sus mayores o por las dos cosas a la vez?". Veinticuatro horas después da cancha a un comunicado en el que el Sindicato Unificado de la Policía denuncia que hay medios que protegen a los corruptos en Cataluña y acusa al diario de Prisa de pedir sanciones para agentes decentes.

El último gran chispazo salta este miércoles 26, cuando bajo el titular ´Oleguer Pujol controla la sociedad que compró a Prisa sus inmuebles´, El Mundo asegura que "Drago Capital hizo su inversión desde un paraíso fiscal, proporcionó 242 millones de plusvalías a la editora de El País y se ha convertido en el casero del que depende su renta". Asegura que una "reveladora conexión de intereses económicos sale a la luz" e irónicamente considera raro que el periódico rival "no haya informado a sus lectores, pues no faltaría un mal pensado que esa venta y esa renta haya engrasado la impunidad de la cúpula de CiU".

El jueves, 27, El País se lanza a la yugular de El Mundo y La Gaceta llamándolos ´agitadores´ y ´cavernarios´ por su "hilarante información" sobre sus negocios de Prisa con los Pujol. Remacha su editorial acusando a "la prensa cavernaria de montar la partida de la porra" con la complacencia del Gobierno y alerta de la grave amenaza que supone este "patrioterismo" tanto para la unidad de España como para la democracia. En otra página reconoce que hace cuatro años, el editor de Prisa vendió tres de sus sedes por 300 millones (con 227 de plusvalías) a un grupo empresarial en el que participaba Oleguer Pujol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat. Recuerda que la operación con Longshore fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y explica que esa compañía estaba participada por Drago al 50 %. Admite por último El País que su editora firmó con los nuevos dueños contratatos de arrendamiento por 15 años.